Mas también alega que la independencia fue simbólica

El expresidente de la Generalitat Artur Mas se sumó ayer a la lista de investigados por el Tribunal Supremo que han calificado de "simbólica" la declaración de independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre. Así la definió Mas ante el juez Pablo Llarena, que le dejó en libertad sin fianza después de tomarle declaración. A las puertas del tribunal, el expresident rechazó que el restarle valor efectivo a la declaración de independencia obedezca a una estrategia de defensa. "No me estoy retractando de nada", dijo Mas.

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El expresidente de la Generalitat y del PDeCAT declaró ayer durante alrededor de tres horas en el Tribunal Supremo. Tanto la Fiscalía como las acusaciones que ejercen la Abogacía del Estado y Vox pidieron a Llarena que le dejara en libertad bajo fianza, pero el juez le preguntó si estaba dispuesto a acudir a declarar cada vez que se lo requiriese y, ante la respuesta afirmativa de Mas, le dejó marchar sin imponerle ninguna medida cautelar.

A la salida del tribunal, el expresident explicó que había intentado contarle al juez y a los fiscales "la verdad de las cosas". Y la verdad, dijo, es que el 1 de octubre hubo un referéndum "real" y el 27 de ese mes, una declaración de independencia que tuvo un valor "puramente simbólico". Esta apreciación, sostuvo Mas, no significa una renuncia ni un cambio de opinión por su parte. "No me estoy retractando de nada. Sigo defendiendo la soberanía del pueblo de Cataluña, el derecho a decidir e incluso la idea de independencia entendida como un futuro Estado catalán", afirmó en una comparecencia pública.

Dentro del tribunal, según las fuentes consultadas, Mas siguió la línea marcada por otros investigados. Reprochó la escasa cintura política del Gobierno central para buscar soluciones pactadas al conflicto catalán y subrayó sus discrepancias con algunas de las decisiones del anterior Govern que están en la base del delito de rebelión que se les atribuye. Entre otras, Mas aseguró que advirtió a Carles Puigdemont de que seguir adelante con la consulta ilegal podía suponer un delito de desobediencia con consecuencias penales, como ya le ocurrió a él con la consulta del 9-N, por la que fue condenado a dos años de inhabilitación. Mas alegó también que intentó convencer a Puigdemont de que no siguiera adelante con la declaración unilateral de independencia y convocara elecciones, pero el expresident desoyó su consejo.

Llarena amplió en diciembre la investigación a varios líderes independentistas, entre ellos Mas, a los que considera parte de la cúpula que ha dirigido el desafío catalán. El juez llegó a esta conclusión porque el documento Enfocats, considerado por los investigadores como la hoja de ruta del procés, sitúa a los presidentes y portavoces de los tres partidos independentistas en el "comité estratégico", el órgano llamado a coordinar un hipotético Govern de transición tras el referéndum del 1 de octubre.

"Mandato electoral"

Mas, como ya han hecho otros investigados, negó ayer la existencia de este comité. Admitió su presencia en varias de las reuniones que los investigadores consideran "estratégicas" para preparar el camino hacia la independencia y que están recogidas en la agenda requisada al número dos de la Consejería de Economía, Josep María Jové, pero explicó que eran encuentros ordinarios y esperables entre dirigentes que tienen "un mandato electoral". La acusación que ejerce Vox considera, sin embargo, que las afirmaciones del expresident suponen la primera vez que uno de los investigados admite la existencia y la autenticidad de la agenda de Jové. "Ha confirmado uno por uno que esos encuentros que están ahí reflejados se produjeron", subrayó el abogado Javier Ortega.

Ante Llarena, el exdirigente del PDeCAt sostuvo que su objetivo siempre fue un acuerdo con el Estado, pero aseguró que el Gobierno central ha cerrado en los últimos años la puerta a cualquier conversación con la Generalitat relacionada con el conflicto independentista. Mas comparó esta situación con la que se vivió antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014, cuando durante un año y medio se celebraron reuniones "discretas" entre representantes de la Generalitat y del PSOE y el PP. El expresident contó al juez que se mantuvieron varios encuentros a tres bandas y que solo se suspendieron después de que la última reunión se filtrara a los medios de comunicación.

Tras la comparecencia de Mas, Llarena tomó declaración a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras, para la que ninguna de las acusaciones pedía medidas cautelares. Durante su declaración, Lloveras negó que intentara presionar a los Ayuntamientos para que cedieran los colegios para el referéndum. Preguntada por la frase "por las buenas o por las malas" que ella pronunció en referencia al uso de los centros escolares de Barcelona, según una de las conversaciones telefónicas que mantuvo con Jové y que fueron intervenidas por la Guardia Civil, la expresidenta de la AMI señaló que esta afirmación está sacada de contexto o fue erróneamente transcrita por los agentes en el informe aportado a la causa.