Rovira alega que pidió frenar la consulta pero Puigdemont se negó

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena dejó ayer en libertad bajo fianza de 60.000 euros a la número dos de ERC, Marta Rovira, después de que esta declarara como investigada por su papel en el procés. Durante su comparecencia, Rovira contó al juez que el pasado 1 de octubre, día del referéndum ilegal de independencia, intentó convencer a Carles Puigdemont de que suspendiera la votación debido a las cargas policiales que se estaban produciendo en algunos colegios electorales, pero el expresident decidió seguir adelante. Llarena también tomó ayer declaración a la número dos del PDeCAT, Marta Pascal, a la que no impuso ninguna medida cautelar. Rovira y Pascal admitieron que eran conscientes de que el referéndum era ilegal.

Más información

Últimas noticias de Cataluña, en directo

Anna Gabriel viaja a Suiza para preparar su defensa ante el Supremo

In English: Spain’s Supreme Court sets €60,000 bail for Catalan secession leader

No es la primera vez que Marta Rovira alude a la petición de suspensión del referéndum que se planteó el pasado 1 de octubre a mediodía, cuando las televisiones y las redes sociales llevaban horas difundiendo imágenes de las cargas policiales que se estaban produciendo en las inmediaciones de algunos centros de votación. Rovira ya había revelado durante una entrevista en TV3 que aquel día, a la vista de la actuación de la Policía, los líderes de los partidos independentistas se plantearon la posibilidad de dar por terminado el referéndum. Pero ayer, ante el juez, Rovira se atribuyó la autoría de esa petición y, según fuentes presentes en su comparecencia, precisó que nadie la apoyó.

Según contó la número dos de ERC, ella planteó esa posibilidad durante una reunión celebrada a las 13.00 del 1 de octubre a la que asistieron miembros del Govern (entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras) y de los tres partidos independentistas (PDeCAT, ERC y la CUP). Rovira aseguró que temía por la seguridad de los ciudadanos concentrados a las puertas de los colegios, pero el expresident, según la versión de la diputada de ERC, alegó que suspender la votación podría generar mayores problemas por las largas colas y las aglomeraciones que había ante los centros de votación.

El relato de Rovira causó malestar en las filas del PDeCAT, que lo interpretaron como un intento de la número dos de ERC de zafarse ante el juez de toda responsabilidad de lo ocurrido el 1 de octubre aun a costa de perjudicar a la defensa del resto de investigados. Fuentes cercanas al PDeCAT admitieron que Rovira planteó ese día la posibilidad de suspender la votación, pero aseguran que los responsables de ERC fueron los primeros en descartar esta posibilidad y en apostar por seguir adelante. A los dirigentes de la antigua Convergència tampoco les gustó que Rovira se sacudiera ayer ante el juez la responsabilidad respecto a la tramitación en el Parlament de las leyes de ruptura y de la organización del referéndum independentista.

Tras contestar durante alrededor de dos horas a las preguntas del juez, la fiscalía y las defensas, la secretaria general de ERC quedó en libertad bajo fianza de 60.000 euros. Llarena dictará en las próximas horas un auto en el que argumentará su decisión y fijará un plazo para depositar la fianza, que será sufragada por la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) al igual que la de otros miembros de la Mesa del Parlament y del Govern a los que el instructor del Supremo ha dejado en libertad condicional.

Petición de la fiscalía

La decisión de Llarena coincide con la petición de la fiscalía, que, tras interrogar ayer a Rovira, solicitó al juez que le impusiera una fianza. Ni los fiscales ni el juez consideran que exista peligro de fuga o de destrucción de pruebas, pero sí aprecian cierto riesgo de reiteración delictiva dado el protagonismo que tiene ahora Rovira dentro ERC debido a que el líder de su partido, Oriol Junqueras, está en prisión desde el pasado 2 de noviembre.

Según fuentes presentes en la comparecencia, Rovira coincidió con otros investigados al afirmar que la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre fue "una manifestación política sin efectos jurídicos". En la misma línea se pronunció la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que declaró también ayer como investigada en el Supremo. En su caso, sin embargo, ni la fiscalía ni Vox pidieron para ella medidas cautelares al entender que, según los informes emitidos por la Guardia Civil, ha desempeñado un papel menos relevante en el desafío independentista.

Entre las declaraciones de Rovira y Pascal hubo otras coincidencias. Según las fuentes consultadas, ambas admitieron ante el juez que eran conscientes de que la consulta del 1 de octubre no tenía cobertura legal. En el caso de Pascal, precisó que ella no recibió ninguna notificación sobre la ilegalidad de la votación, pero que por los medios de comunicación supo que el Tribunal Constitucional la había suspendido. Rovira, por su parte, reconoció que firmó en nombre de ERC la hoja de ruta que se pactó en marzo de 2015, pero restó relevancia al documento Enfocats, considerado por los investigadores la guía definitiva de los líderes del procés. La secretaria general de ERC aseguró, sin embargo, que este documento es solo uno más de los muchos que se han realizado en los últimos años para avanzar en la apuesta independentista.

Rovira rebajó también la importancia de las anotaciones que contenía la agenda intervenida por la Guardia Civil al número dos de la Consejería de Economía, Josep María Jové. Entre estas anotaciones los investigadores dan especial trascendencia a la que describe el llamado comité estratégico que debía dirigir el camino hacia la independencia tras el referéndum y del que, según la agenda de Jové, formarían parte los principales líderes de los partidos independentistas, entre ellos, la propia Rovira. La número dos de ERC, sin embargo, aseguró que ese comité nunca llegó a formarse.