Rechazo total al nuevo plan de Cooperación impuesto por el Gobierno
El proyecto de ayuda al desarrollo del ejecutivo sale adelante por el voto de calidad del secretario de Estado y con la oposición de todos los agentes sociales y expertos
El V Plan Director de Cooperación impuesto por el Gobierno ha cosechado una respuesta de casi rechazo total por parte de los demás actores relacionados con la ayuda al desarrollo. El documento que debe definir los objetivos de esas políticas de desarrollo ha sido votado en contra por todas las Administraciones, comunidades y Ayuntamientos que no son gobernadas por el PP y también han recibido dictámenes contrarios de todas las ONG y los agentes sociales. Se le achaca que no tiene marco presupuestario preciso ni se fija plazos.
El Gobierno, a través del Ministerio de Exteriores, comunicó este viernes que el Consejo de Cooperación al Desarrollo había aprobado el informe elaborado por la Administración del Estado sobre el V Plan Director de la Cooperación Española tras su aprobación previa por parte de la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo el pasado miércoles y la ratificación ayer por el Pleno del Consejo de Cooperación. En la cita del miércoles, con las demás Administraciones, el plan salió adelante con una votación de 30 votos a favor frente a 13 en contra. Lo suscribieron solo los representantes del Gobierno y de las comunidades y Ayuntamientos del PP y en esta ocasión también el director general de la Generalitat de Cataluña, en aplicación del artículo 155. La propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presente en la reunión, cuestionó, de manera no oficial, que se presentara un proyecto de esa envergadura sin apenas concreciones en cuanto a su presupuesto o plazos.
La portavoz del PSOE en Cooperación, Belén Fernández, lamentó en la misma línea de disconformidad que el plan se vaya a convertir en papel mojado por sus carencias, por contar con la oposición de todos los agentes sociales y por no haber sido debatido ni consensuado suficientemente con las Administraciones territoriales que más están haciendo en realidad políticas de cooperación.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo lleva años sufriendo un proceso de desmantelamiento en recursos humanos y económicos y apenas dispone de un millón de euros para ese tipo de proyectos. Las comunidades y Ayuntamientos financian ayudas por hasta cinco millones. Todos los partidos aprobaron en el Congreso por unanimidad una proposición no de ley para fijarse el objetivo de dedicar un 0,4% de la Renta Nacional Bruta a esa ayuda al desarrollo en 2020 frente al objetivo utópico del 0,7%. Ahora no se alcanza el 0,12%.
"Breve y sintético" pero también muy inconcreto
La decisión confesada de este Gobierno para este V Plan Director de Cooperación (alineado con la agenda 2030 de desarrollo sostenible) ha sido la de efectuar un documento “breve, sintético y orientado a la acción”, también “sólido y flexible”, y dejar las propuestas más específicas para textos posteriores. Las metas declaradas a fijar como “guia de campo” para todos los actores implicados son la "lucha contra la pobreza y la desigualdad, con un enfoque de género, con estrategias diferenciadas y con concentración geográfica". El documento oficial admite lo complicado de poner a todos de acuerdo cuando algunos pretendían aumentar el número de países beneficiados y las líneas de acción y otros reducirlas. Los críticos que presentaron el voto particular y el dictámen alternativo al texto oficial le reprochan “falta de concreción, de ambición, de visión estratégica a largo plazo y de amplitud de miras”, incapacidad para detectar “las debilidades y carencias”, escasa discusión interna y pobre dotación económica.
Sin presupuesto
El quinto plan director no precisa nada en materia presupuestaria y fuentes gubernamentales apuntan que esa partida estancada en el millón de euros no aumentará tampoco en 2018 y apuestan por profundizar en la idea ya trabajada en estos últimos años de ofrecer la experiencia de gestión española pero para iniciativas financiadas por la Unión Europea. El Gobierno ha aprovechado el bloqueo político a las cuentas del Estado para 2018 para apuntar que en esta situación es difícil concretar un presupuesto como se demanda.
La presentación del plan fue aún más complicada ayer ante el pleno del Consejo de Cooperación, donde están los agentes sociales, las universidades, sindicatos, los expertos y la coordinadora de ONG especializadas, que representa a 76 organizaciones y 17 coordinadoras autónomas. Ante el rechazo al documento oficial “por sus carencias, debilidades, falta de visión estratégica a largo plazo y falta de presupuesto”, según defendió el portavoz de esa coordinadora, Andrés Amayuelas, se optó por presentar otro dictamen alternativo. Los dos se sometieron a votación. El de los agentes sociales recibió 14 votos a favor, 14 en contra y seis abstenciones. Decidió el voto de calidad del presidente del plenario, el secretario de Estado de Cooperación, Fernando García Casas. El del Gobierno sumó 16 votos a favor (todos los miembros del Ejecutivo y la CEOE) y 16 en contra (Coordinadora de ONG, UGT, CC. OO., Universidades, Federación de Derechos Humanos y expertos) y dos abstenciones (Confederación Empresarial Española de la Economía Social, CEPES) y salió adelante con el mismo voto de calidad oficial.
El plan será discutido la próxima semana por el Senado y el Congreso y luego llevado a la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional como paso previo a su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros.
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