Interior ha gastado 135 millones para contener la inmigración en Mauritania y Senegal

Al Ministerio del Interior le ha costado 135 millones (por ahora) evitar la llegada de inmigrantes desde las costas del África Occidental hasta las españolas, según un informe interno al que ha tenido acceso EL PAÍS. En 2006, con la llamada "crisis de los cayucos", llegaron a España —concretamente a las Islas Canarias— más de 39.000 inmigrantes, 31.678 inmigrantes (16.126 de nacionalidad senegalesa) en precarias embarcaciones procedentes de Senegal y Mauritania. En 2013, ya solo alcanzaron las costas españolas desde Mauritania 72 personas. En 2014, 12. En 2015, 40. Y en 2016 y 2017, cero. Hoy no llega nadie desde Mauritania.

Y aunque desde 2009 no llegaba tampoco ninguno desde Senegal, desde octubre de 2017 han llegado sin embargo tres cayucos: uno el 16 de octubre con 95 senegaleses a bordo, que habrían salido de las costas de Gambia; una segunda embarcación fue interceptada en Tenerife el 14 de noviembre, con 36 personas, 34 de ellas senegalesas; y una tercera, el 22 de noviembre, con 103 inmigrantes senegaleses.

13 millones al año para sellar una frontera

Sellar esa frontera ha supuesto tanto una inversión económica que se mantiene hoy —con 10 millones anuales para Mauritania y tres para Senegal, procedentes del presupuesto de la Secretaría de Estado de Seguridad—, como la creación de cuerpos específicos de Policía y Guardia Civil en la zona que continúan trabajando allí en colaboración con las policías de ambos países.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha emprendido este lunes un viaje de dos días a ambos países para consolidar las relaciones y fortalecer los acuerdos en materia migratoria, que ya alcanzó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace diez años.

Las llegadas masivas y continuas de inmigrantes aquellos meses y la imposibilidad de devolverlos a su país de origen, obligaron al entonces gobierno socialista a articular mecanismos de repatriación  con Senegal, primero y sobre todo, y con Mauritania, después, que prevalecen hoy con los vaivenes propios de las relaciones diplomáticas. Y también de los acuerdos y desacuerdos en los convenios pesqueros, principal fuente de riqueza y empleo en ambos países, donde el paro juvenil supera el 50%.

Desde el año 2013 el número de senegaleses expulsados en vuelos fletados por el Gobierno español ha ido decreciendo: 242 en 2103, 261 en 2014, 152 en 2015 y 71 en 2016. Desde 2017 el gobierno senegalés ya no las ha autorizado. En los dos últimos años 322 inmigrantes llegados a España han declarado tener nacionalidad senegalesa, de los que 297 llegaron por vía marítima.

Devoluciones de inmigrantes

La devolución de inmigrantes a sus países de origen es una de los principales elementos disuasorios para los gobiernos. De hecho, desde 2016, el Gobierno español, a través del Ministerio del Interior, destina otros 50.000 euros anuales para los gastos que le pueda suponer al gobierno mauritano el retorno de las bolsas de inmigrantes que acumula en su territorio, convertido en muro de contención hacia Europa.

Posteriormente, ese y los sucesivos gobiernos españoles, establecieron y mantuvieron formas de "cooperación operativa" y "subvenciones directas", que a día de hoy alcanzan el monto de 135 millones de euros, de los que 103 han ido para Mauritania (Servicio de Guardacostas mauritnano), como enclave estratégico de paso (tanto de personas como de drogas), y 33 para Senegal.

El despliegue español

El ministerio del Interior español mantiene desplegado en Mauritania a un pequeño contingente de 29 guardias civiles, que realizan tareas de patrullaje terrestre, aéreo y marítimo, con dos patrulleras (16 tripulantes) y un helicóptero (5 tripulantes), que puntualmente cuentan con el apoyo de un buque oceánico y un avión CN-235. Las patrullas terrestres son mixtas y están formadas por uno o dos guardias civiles y personal mauritano. Y también hay cuatro patrulleras mauritanas con un guardia civil cada una.

Por otra parte, también en Mauritania, hay un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) en Nuadibú, compuesto por cinco policías nacionales y cinco funcionarios de la policía mauritana. Realizan labores fundamentalmente de investigación e información con los cinco vehículos todoterreno (175.970 euros) que les fueron entregados en marzo de 2016 en Nuakchot.

Por lo que respecta a Senegal, existen también desde 2006 "patrullas conjuntas", cuyo convenio de colaboración se renueva cada año. Hay dos patrulleras de la guardia civil y un helicóptero de la policía nacional, que cuentan —como en el caso de Mauritania— con el apoyo puntual del buque oceánico Rio Tajo y del control aéreo de un avión cada cuatro meses.

España donó en 2007 dos patrulleras para la policía y gendarmería senegalesas. Además, oficiales senegaleses participan desde entonces, en turnos de dos meses, en el Centro Regional de Canarias (CCRC) y es la Secretaría de Estado de Seguridad (SES) la que cubre los gastos de su alojamiento y dietas. La inversión anual de Interior en los operativos desplegados en el país es de tres millones de euros en total, ya que otras muchas actuaciones y ayudas para que ese país africano siga resistiendo la presión migratoria parten de proyectos e instituciones europeas como Frontex.