Los arrepentidos acorralan al PP

El invierno de 2018 está siendo especialmente frío para el PP en los juzgados. Una legión de imputados y acusados arrepentidos está apuntalando las tesis acusatorias de la Fiscalía en las causas de corrupción más sensibles para la formación conservadora, como Gürtel, Púnica o Lezo. Implicados clave en los macrosumarios que atenazan al partido vuelven a dejar al aire detalles sobre la caja b o los sobornos a cargos públicos a cambio de adjudicaciones.

La confesión más espectacular la realizó el 24 de enero Ricardo Costa. El ex secretario general del PP valenciano admitió que el partido pagó las campañas electorales de 2007 y 2008 con 3,4 millones de euros en dinero negro por indicación del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a quien se le acumulan las causas en los tribunales. El pasado miércoles, Camps fue citado como imputado en un juzgado de Valencia en una segunda pieza sobre las supuestas irregularidades en el circuito urbano de Fórmula 1 de esa ciudad entre 2008 y 2012.

La Fiscalía ha anunciado que estudiará si investiga a Camps cuando termine la vista oral, lo que puede tener implicación en el resto de piezas del caso Gürtel como la referida a la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 o la de los contratos de la Generalitat con las empresas de Francisco Correa. Costa culminó una serie de confesiones en cascada de las figuras principales del caso Gürtel en el juicio sobre la financiación ilegal del partido en la Comunidad Valenciana. Previamente, Correa y sus lugartenientes Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes, todos ellos en prisión, reconocieron la caja b valenciana. También 9 empresarios implicados.

En plena vista oral

Las confesiones se suman a las realizadas durante la vista oral sobre la trama central del caso Gürtel, ya en 2016, por Correa y tres empresarios imputados sobre supuestos sobornos al PP a cambio de adjudicaciones de obras públicas, y a las realizadas por el extesorero del PP Luis Bárcenas que reconoció la autoría de la contabilidad manuscrita en la que consignó donativos ilegales por 7,5 millones de euros de empresarios que luego sirvieron para sufragar diferentes gastos y sobresueldos a la cúpula de la formación conservadora.

En el caso Lezo, el último de los grandes casos de corrupción abiertos en torno al PP, se ha producido también una confesión clave para la Fiscalía. Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre situado por el expresidente madrileño Ignacio González al frente de los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica, ha admitido que infló el precio de compra de la empresa brasileña Emissao a cambio de comisiones, e implicó en las mordidas a González.

En Púnica, el número de arrepentidos son ya seis y se anuncia un séptimo: un periodista que hizo la labor de conseguidor en uno de los contratos amañados por la trama. El principal arrepentido en esta causa sigue siendo David Marjaliza, amigo y socio de Francisco Granados. En dos meses se cumplirán tres años desde que diera el primer paso para arrepentirse. Fue el 23 de abril de 2015, durante un registro de la Guardia Civil en la casa de sus padres. Marjaliza, que había sido trasladado desde la cárcel para que asistiera, les dijo a los agentes que no encontrarían nada, que todo lo referido al pago de sobornos lo guardaba “aquí” y se señaló la cabeza.

En junio de ese año, Marjaliza acudió tres veces a la Audiencia Nacional a confesar. Fueron 11 horas en las que confirmó datos del sumario pero también permitió abrir nuevas líneas de investigación. Fue él quien identificó al gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, y al empresario Javier López Madrid, con las iniciales que aparecían en la agenda intervenida a Granados en la que presuntamente se recogían flujos de dinero para la caja b del PP.

De las 16 piezas separadas del sumario, el testimonio de Marjaliza es clave en una decena. Sus pasos fueron seguidos por dos personas de su entorno, también imputadas: Ana Ramírez, su secretaria, y Alfonso Luna, financiero de sus empresas. Ellos han ayudado a Marjaliza a localizar documentos sobre el supuesto pago de una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación presuntamente irregular en 2004 de tres obras del Metro de Madrid.

Los otros cuatro arrepentidos de la Púnica tienen que ver con el supuesto amaño de 11 contratos de eficiencia energética en otros tantos ayuntamientos, la mayoría de la Comunidad de Madrid. El primero que dio el paso fue José Antonio Hernández Pérez, exjefe de Operaciones de Cofely en España. Hernándezcompareció a petición propia en diciembre ante el juez Manuel García-Castellón y detalló el pagó por parte de la filial española de la multinacional francesa GDF Suez (ahora Engie) de partidas sospechosas a terceras empresas que, supuestamente, sirvieron para derivar comisiones a la compra de cargos públicos. Sus palabras fueron ratificadas este miércoles por otro exdirectivo de Cofely, Pedro García, quien aportó más detalles del mecanismo utilizado por la trama para adulterar las adjudicaciones.