Jordi Sànchez pide que se aparte a un magistrado que decidirá sobre sus recursos contra los autos de Llarena

El expresidente de la ANC Jordi Sànchez ha pedido al Tribunal Supremo que se aparte a uno de los tres magistrados que tienen que resolver el recurso que ha presentado contra la decisión del juez Pablo Llarena de no dejarle salir de la cárcel para hacer campaña electoral y mantener contactos con los medios desde prisión. El motivo de la petición de recusación es que el magistrado Francisco Monterde es vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), desde cuyas cuentas de Twitter se han venido lanzando en los últimos meses mensajes que Sànchez considera despectivos contra los líderes del procés y cargados de “prejucios” respecto a la responsabilidad de Sànchez en los delitos de rebelión, sedición y malversación que investiga el Supremo.

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En el escrito presentado en el alto tribunal, la defensa del expresidente de la ANC y número dos de la candidatura de Junts per Catalunya, incluye algunos ejemplos de tuits lanzados desde las cuentas APM Nacional y APM Cataluña. Entre la selección de mensajes aportados al Supremo se incluye, por ejemplo, un tuit de noviembre de 2017 en el que la asociación envía un texto en inglés que incluye una foto de Sànchez, altavoz en mano, en el que se le atribuye haber incitado a miles de personas a rodear a una comisión judicial y a destruir coches policiales. “Es decir, un mensaje en que abiertamente ya se le atribuye al Sr. Sànchez la comisión de los hechos que, precisamente, se están aquí investigando”, advierte el abogado. Asimismo, hay un tuit del 24 de enero en el que se dice que Junts per Catalunya tendría previsto continuar con su “dinámica anticonstitucional” o uno del 27 de enero en el que se tacha en tono despectivo de “amarillistas” a los ciudadanos que reivindican la libertad del expresidente y se adjunta una noticia que califica a tales personas como de “piquete golpista”.

Según la defensa, los tuits de la APM no son mensajes aislados sino que obedecen a “una auténtica campaña mediática” en las redes sociales “emprendida desde las cuentas oficiales de la asociación de la que el señor magistrado es vicepresidente y a la que, por tanto, no puede haber permanecido en modo alguno ajeno". “Parece razonable pensar que el señor magistrado conozca y comparta la línea editorial que desde hace meses la APM sostiene desde dichas cuentas oficiales”, añade el escrito.

El escrito sostiene que los tuits demuestran la “animadversión” de la APM hacia Sànchez y hacia su “ideología política”, por lo que considera que podrían encajar en un supuesto de recusación previsto en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al implicar la existencia de un “interés directo o indirecto” en la condena del expresidente de la ANC. La defensa cita un auto del Tribunal Constitucional de 2002 en el que, hablando de un caso de recusación, se señala que “no cabe excluir que la manifestación o expresión de opiniones e ideas más o menos relacionados con el objeto del proceso constitucional pueda subsumirse en el concepto de ‘interés”. “Para que la manifestación pública de tales opiniones pueda revelar la existencia de un interés directo o indirecto en el proceso, habrá que atender en cada caso a las circunstancias concurrentes, y que éstas permitan constatar objetivamente dicha manifestación como una toma de partido sobre el fondo del concreto proceso en el que la recusación se plantea”, añade el auto del Constitucional, que considera “relevantes” entre otras posibles circunstancias, si la opinión ha sido manifestada en la condición de magistrado del tribunal del que se le recusa o antes de haberse adquirido la misma, una vez que el proceso se ha iniciado o antes de su inicio, “el medio en que se vierta la manifestación, la lejanía entre el objeto de la opinión y el objeto del proceso, así como la amplitud, el tenor, la contundencia y radicalidad de aquélla".

La sala de recursos del Supremo para la causa abierta contra el procés la componen, además de Monterde, los magistrados Miguel Colmenero y Alberto Jorge Barreiro, tres jueces que no participaron en la sala que admitió a trámite la querella de la Fiscalía General del Estado que originó el caso y que no estarán en el tribunal que juzgará a los líderes independentistas. Con este procedimiento, el alto tribunal pretende garantizar que los recursos que presenten los investigados van a ser examinados por jueces que no tienen prejuicios adquiridos en la causa.