El cáncer agrava o arrastra a la pobreza a 25.000 personas al año

El trabajo distingue cuatro situaciones, explica Raquel del Castillo, responsable de Trabajo Social de la Asociación: personas sin empleo (con o sin prestación), autónomos y trabajadores que ingresan menos del salario mínimo interprofesional (707,70 euros). Para ellos el diagnóstico y el desarrollo de la enfermedad suponen una merma de ingresos y un aumento de gastos. La excepción son las 5.700 personas que están en el paro y ya han agotado la prestación, pero precisamente porque ya los ingresos no pueden bajar más.

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Castillo explica que el trabajo es una aproximación muy rigurosa basada en datos de la propia asociación, el Instituto Nacional de Estadística, Globocan (la red mundial de seguimiento del cáncer) y la Seguridad Social. Entre otras causas, no se puede tener cifras exactas porque en España no hay un registro de cáncer. Como es el primero no se puede tampoco apreciar una tendencia.

El motivo de la bajada de ingresos es múltiple. Lo normal es que en algún momento después del diagnóstico la persona tenga que dejar de trabajar. Aunque sea asalariado, la prestación que recibirá durante la baja es inferior a su sueldo (salvo en empresas con convenios que compensan esa reducción). Además, en muchos casos, estas bajas son tan largas (en el cáncer de mama la media está en 320 días) que muchas veces exceden el año y medio que la Seguridad Social concede antes de poner a la persona en la disyuntiva de recibir una prestación por incapacidad. Y, en ese caso, dependiendo del grado, los ingresos se reducen.

Lo mismo le sucede a los autónomos (unos 11.000, los más numerosos de los grupos en riesgo de exclusión). Cobrarán una prestación en función de lo que hayan cotizado, pero tienen que mantener la empresa, aparte de que dejan de trabajar.

Pero, además, la asociación calcula que cada enfermo de cáncer gasta de media unos 150 euros en medicamentos y otros productos, ya sea por el copago de ciertos fármacos o porque se trata de productos que les ayudan a soportar los síntomas o los efectos de los tratamientos pero no están subvencionados.

Pilar Ruiz es un ejemplo claro de estas complicaciones. Hace tres años, cuando tenía 36, le diagnosticaron un cáncer de estómago. “Estuve trabajando en la peluquería hasta el día antes de la operación”, cuenta por teléfono desde la localidad madrileña de Móstoles, donde vive.

Fue una intervención radical: extirpación del estómago. Pese a ello, a los cuatro meses volvió a trabajar. “Pedí el alta voluntaria”, entre otras cosas, por el miedo a perder el empleo, cuenta. Pero, poco después, empezaron las complicaciones. “En un mes tuve tres neumonías, y, durante la baja, me despidieron”.

El tiempo de recuperación se alargaba, y Ruiz empezó a tramitar la prestación de incapacidad.

Como consecuencia de la operación, tiene desnutrición (al faltarle el estómago, la digestión no se realiza adecuadamente y muchos nutrientes no son absorbidos), debe seguir una dieta baja en grasas y fibra, el azúcar lo absorbe muy rápidamente, lo que le provoca que su insulina se dispare, y ello, a su vez, desemboca en hipoglucemias (el páncreas reacciona y empieza a segregar la hormona para digerir la glucosa, pero lo hace con exceso porque ha recibido la señal de una gran cantidad de azúcar de golpe, pero, después, hay más insulina de la necesaria). “Tengo que estar comiendo todo el día poco a poco. Voy siempre con una mochila”, cuenta la mujer.

Pese a todo ello, y después de una primera denegación, la Seguridad Social le ha concedido una incapacidad total, lo que le supone “unos ingresos de 458 euros al mes”, afirma. “Solo en farmacia gasto unos 280”, dice. A ello hay que sumar el alquiler (600 euros) y que está divorciada con una hija de 11 en custodia compartida. Como en tantas situaciones en España, es la madre de la mujer la que tapa el enorme agujero en las cuentas de Ruiz (solo entre alquiler y medicaciones, le faltarían más de 400 euros, a los que hay que sumar los gastos del día a día de ella y su hija). “Mi mayor ilusión sería trabajar”, afirma, pero, aunque pudiera, antes tendría que revisar su incapacidad (la actual no le permitiría ser contratada en una peluquería).

Tiene otra opción: que revisen su situación y le den una absoluta, en cuyo caso cobraría unos 900 euros. “Tampoco me llegaría, pero estaría mucho mejor”, afirma.

Ruiz es la última que da la cara ante una situación que la gallega Beatriz Figueroa conoce muy bien. El cáncer la pilló estando desempleada. Cuando agotó la prestación, se quedó sin ingresos. Ahora percibe una pensión no contributiva de 426 euros. “Los médicos están intentando curarme, pero la Administración me va a matar de hambre”, afirma.

Ante estos casos, la Asociación Española contra el Cáncer pide un plan especial de protección que plantee temas como prolongar la baja sin tener que llegar a solicitar la incapacidad para facilitar la vuelta al trabajo, eliminar los copagos a los enfermos y sus familias, no suspenda la prestación de desempleo, o planes que las empresas no despidan a los enfermos. Y lo recalcan hoy, día mundial contra la enfermedad.