Justicia y emociones

En mayo de 2013, Ibon Iparragirre y Asier Badiola, dos etarras que, en septiembre de 2008 pusieron un coche bomba e hirieron a 13 agentes, fueron condenados a 299 años de cárcel por otros tantos delitos de asesinato en grado de tentativa. La sentencia establecía que el cumplimiento de la pena fuera de 40 años íntegros, de acuerdo con la ley vigente, y que no pudieran regresar al municipio hasta 10 años después de salir de prisión, o sea, en 2060. Sin haber llegado a matar, aunque lo intentaron, los terroristas recuperarán la libertad cuando sean octogenarios.

Tras aquella sentencia, que pocos dudarían de calificar como de extrema dureza, el PP instituyó, gracias a su mayoría absoluta, la prisión permanente revisable para asesinatos de menores de 16 años y de personas especialmente vulnerables, para los cometidos en el curso de una agresión sexual, para los perpetrados por organizaciones criminales y terroristas, y para los asesinatos en serie. Los autores de estos crímenes deberán cumplir 25 años de cárcel íntegros y, después el tribunal valorará la conveniencia de devolverles la libertad.

Este endurecimiento de las penas respondía a la conmoción social por crímenes atroces como el asesinato de la adolescente Marta del Castillo, el de la niña Mari Luz o la muerte de los niños Ruth y José Bretón a manos de su padre. El crimen de Diana Quer es ahora el banderín emocional con el que el PP quiere evitar que la actual mayoría parlamentaria derogue la reforma. Los padres de las víctimas mencionadas también se están movilizando para que se mantenga la prisión permanente revisable, que el PNV quiere suprimir mediante una proposición de ley que tramita ahora el Congreso.

Según el portavoz nacionalista Aitor Esteban, esa figura, que en la UE aplican Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Bélgica, es “vengativa” y “encubre la cadena perpetua”, proscrita en la Constitución, que ordena que las penas de prisión se orienten a la reeducación y la reinserción. Según la iniciativa parlamentaria, la pena de duración indeterminada atenta contra la dignidad humana y supone un trato cruel y degradante para el condenado. Pero el Tribunal Constitucional ha establecido que la reinserción no es un derecho del reo, sino un objetivo de la política penitenciaria, y que la proporcionalidad de las penas es algo que deben valorar a los legisladores.

España tuvo en 2016 una tasa de 0,63 homicidios por cada 100.000 habitantes, la segunda más baja de la UE. El Código Penal es, según los expertos, uno de los más duros entre los países democráticos. Pero en la política penal siguen pesando factores emocionales. Hagan esta prueba: piensen dónde estaban en marzo de 2006 y las cosas que han hecho desde entonces. Pues desde esa fecha, Juan Antonio Roca, cerebro de corrupción en Marbella, vive en prisión, y no obtuvo el primer permiso de salida hasta pasados 10 años. Quizá, solo quizá, las penas no sean tan blandas.