El Constitucional estudia si frena la investidura de Puigdemont

El Tribunal Constitucional empezó a estudiar este viernes el recurso del Gobierno contra la propuesta de investidura de Carles Puigdemont. La ponencia (la propuesta sobre la que debatirán los magistrados) ha recaído, por turno de reparto, en Juan Antonio Xiol, un magistrado de talante progresista y de origen catalán. El ponente ha trabajado este viernes con el recurso del Gobierno y hoy expondrá al pleno sus conclusiones, que pueden ser aceptadas o modificadas por el resto de magistrados. Lo previsible, según fuentes del tribunal, es que se admita el recurso.

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El debate de hoy se centrará solo en si la impugnación cumple los requisitos para ser admitida a trámite. En ningún caso se entrará en el fondo del asunto: si la propuesta de investidura de Puigdemont es o no legal. Pero la decisión sobre la admisión puede ya por sí misma obligar a cambiar los planes al independentismo porque implicaría la suspensión automática de la propuesta del presidente del Parlament.

El freno a la investidura dejaría al Parlament en un limbo legal: los plazos que fija su reglamento no podrían cumplirse. La suspensión cautelar del Constitucional se puede mantener durante cinco meses. Fuentes del tribunal consideran que la decisión de fondo sobre la legalidad de la candidatura puede demorarse “alrededor de dos meses”, justo el tiempo que establece el reglamento de la Cámara para elegir presidente. Si en ese plazo no se ha conseguido, habría que convocar nuevas elecciones. Pero si el tribunal suspende el debate de investidura —y no se produce otro con un candidato alternativo— ese plazo de dos meses no empezaría a contar. Puigdemont ha pedido personarse en el proceso para oponerse al recurso del Ejecutivo.

Hasta ahora, el Constitucional ha logrado salvaguardar la unanimidad en todas las decisiones adoptadas sobre el procés. Pero esta cohesión podría romperse hoy, según fuentes el tribunal, que auguran que “habrá debate” para decidir sobre la admisión a trámite. Con todo, en la admisión priman los aspectos formales; en este caso, que el acto impugnado sea recurrible. Y las fuentes consultadas se inclinan por afirmar que la resolución del presidente del Parlament para proponer la investidura de Puigdemont, lo es. Si los magistrados lo deciden así, el margen que tienen para decidir admitirlo o no a trámite “es muy escaso”, señalan estas fuentes.

En el debate de hoy se citará con toda seguridad un precedente en el que el Constitucional optó por no admitir un recurso del Gobierno: el presentado por el Ejecutivo de José María Aznar en 2003 contra el inicio de la tramitación del plan Ibarretxe.

El letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, se alineó ayer con el Consejo de Estado y afirmó que la impugnación de la candidatura “no tiene ningún recorrido” jurídico, porque es una medida “preventiva”.