Excargos del PNV piden la nulidad en el mayor juicio por corrupción en Euskadi
La Audiencia de Álava juzga una presunta trama de cobro de comisiones ilegales que implica a exdirigentes peneuvistas
El macrojuicio por el mayor caso de corrupción instruido en el País Vasco ha arrancado este lunes en la Audiencia de Álava con la petición de la defensa del principal procesado, el exdirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, de decretar la nulidad total del procedimiento por la "vulneración" de los derechos de su representado y la posible "manipulación" de la grabación que propició el inicio de las investigaciones.
El conocido como caso De Miguel, una supuesta trama delictiva de cobro de comisiones ilegales por la concesión de contratos públicos, sienta en el banquillo a 26 acusados, la mayoría vinculados al PNV y para quienes la Fiscalía solicita penas que suman 440 años de cárcel. A De Miguel, ex número dos del PNV de Álava y diputado de Administración Local cuando estalló este caso en 2009, se le imputan un total de 27 delitos, entre ellos cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, por los que se enfrenta a una condena de 54 años y 11 meses de prisión.
Entre los encausados también figuran otros dos exmiembros del PNV alavés, Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, además de Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno vasco con Juan José Ibarretxe; el expresidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco Julián Sánchez Alegría y la que fuera alcaldesa de Zambrana (Álava) por el PNV María Justina Angulo, entre otros.
La primera sesión del juicio, centrada en las cuestiones previas -hasta el día 19 de febrero no comenzarán a declarar los testigos y procesados-, se celebra ocho años y un mes después de la denuncia presentada en diciembre de 2009 por la abogada Ainhoa Alberdi tras negarse a pagar una comisión de 100.000 euros que De Miguel y Tellería supuestamente habían exigido a la empresa de la que era administradora. Alberdi aportó a la Fiscalía unas grabaciones en noviembre de 2009, cuatro meses antes de la operación policial por la que se detuvo a los principales implicados.
Al inicio del juicio, el letrado Gonzalo Susaeta, que representa a De Miguel, ha pedido al tribunal la anulación de todas las actuaciones por la conculcación de derechos fundamentales de los acusados durante la instrucción debido a la "extralimitación" de los agentes de la Ertzaintza de la unidad de delitos económicos y la incautación "indiscriminada" e "ilegal" de pruebas. También ha reclamado la nulidad de las "supuestas grabaciones" hechas por Alberdi, al observarse "indicios de manipulación" y la ruptura de la cadena de custodia, ya que según ha dicho, la grabadora "deambuló" durante días por las manos distintos agentes.
El Ministerio Público sostiene en su acusación que el entramado societario urdido por De Miguel pivotó en torno a Kataia Consulting, una mercantil con domicilio social en una sociedad gastronómica de Vitoria desde la que supuestamente se cobraron comisiones del 4%.
El fiscal jefe de Vitoria, Josu Izaguirre, ha propuesto hoy que se cite a un ertzaina para que acredite si se respetó la cadena de custodia de la grabación aportada por la abogada Alberdi. También ha solicitado que se cite como testigo a un notario que intervino en la constitución de muchas de las sociedades que están siendo investigadas en el caso.
La sombra de la corrupción que planea sobre este caso salpica al PNV pese a que dirigentes de este partido han negado que se trate de una red de financiación ilegal que beneficiase a la formación nacionalista. El lehendakari, Iñigo Urkullu, llegó a afirmar en marzo de 2016 que "en Euskadi no hay corrupción generalizada vinculada a las administraciones públicas" o a "los partidos políticos". El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado hoy que el caso que se juzga "en nada tiene que ver" con una posible financiación irregular de su partido, y ha destacado la "actuación ejemplar" del PNV cuando estalló este escándalo al exigir a los investigados que entregaran los carnés de afiliados.
La Fiscalía mantiene en su acusación que De Miguel es el cerebro de un entramado creado antes de 2005 con el que buscaba obtener un "ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas". Para ello, prosigue el fiscal Izaguirre, se valió de las responsabilidades políticas que asumía por su pertenencia al PNV.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava, presidida por Jaime Tapia, ha programado más de 100 sesiones durante el juicio y se espera que quede visto para sentencia el próximo 25 de octubre.
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