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De Miguel ideó la trama junto a su núcleo más fiel en beneficio propio

La exigencia de una comisión de 120.000 euros precipitó la investigación

El juez Roberto Ramos —como le ocurrió al fiscal de Álava, Josu Izaguirre— tuvo claro con las pruebas en la mano que Alfredo de Miguel era el ideólogo de una trama corrupta, ahora encausada hasta por 11 delitos, y que fue creada en beneficio propio por este destacado dirigente del PNV junto a su entorno político y familiar más fiel. No obstante, la ambición desmedida al exigir el cobro de una mordida de 120.000 euros fue su tumba.

De Miguel —Txitxo para los suyos y en la sociedad gastronómica de Vitoria donde radicó la empresa que recaudaba las comisiones corruptas, Kataia— se creyó infalible para dinamizar esta red clientelar. Capaz y reconocido, disponía de mano ejecutora desde el PNV alavés hacia los tentáculos nacionalistas del territorio. Todos los clientes sabían de su poder cuando empezó a tejer el negocio en 2005 en compañía de sus escuderos Aitor Telleria y Koldo Ochandiano y sus respectivas esposas. Y aún le quedaba su ascenso a diputado foral y a la vicepresidencia de la Caja Vital. Pero De Miguel desafió a la impunidad embebido de poder a tal punto que consideró el ordenador y el despacho de Diputación como medios necesarios para asegurarse comisiones y contratos públicos ilegales.

Es el retrato más aproximado de un escándalo de honda repercusión política y judicial que estalló el 17 de marzo de 2010 con las ocho primeras detenciones y que se contiene en los 20989 folios de la instrucción, recogidos en 79 tomos para configurar toda una retahíla de acusaciones después de 132 resoluciones, siete recursos de forma, otros tantos de aplicación y quejas.

Supongo que sabrás que tienes que pasar por caja”, el principio del fin

Una trama corrupta que pudo conocerse por una bravata de De Miguel en sus primeros meses de diputado foral de Administración Local. “Supongo que sabrás que tienes que pasar por caja”, le dijo a Ainhoa Alberdi, una socia despechada de su relación con Iñaki Etxaburu, dueño en su día de Urbanorma a quien la trama le concedió el negocio de la venta de terrenos del Parque Tecnológico de Álava, situado en Miñano. Su resistencia al impuesto mafioso le amargó hasta verse obligada a entregar 24 grabaciones meses después en la mesa del fiscal Izaguirre.

Los terrenos urbanísticos siempre fueron una tentación para De Miguel. Empezó por Miñano donde situó a sus personas de confianza, pero luego ensanchó el radio de acción por su ilimitada ambición. Fue entonces cuando implicó a la entonces alcaldesa de Zambrana para que cambiara las normas subsidiarias de esta localidad alavesa. La llegada del PSE-EE, imprevista en sus cálculos, abortó la especulación y abrió otra vía de investigación judicial por la existencia de comisiones de una empresa catalana interesada en el proyecto que les vendió Txitxo.

En paralelo, el diputado De Miguel ya había explorado otras fuentes de negocio. En concreto, con el área de Juventud dependiente del Gobierno vasco donde encontró afinidad ideológica bajo el mandato del lehendakari Ibarretxe y, por supuesto, especulativa. El auto del juez Ramos relata una cascada de adjudicaciones a empresas inspiradas por la red clientelar —siemprebajo la tutela imprescindible de De Miguel— que cobraron por trabajos nunca realizados.

¿Lo supo el PNV? La oposición quiere encontrar una respuesta afirmativa para ahondar así en la llaga política claramente abierta y que seguirá hasta el juicio, pero De Miguel solo implicó en la aventura a un acotado círculo de afiliados y simpatizantes de una sensibilidad soberanista dentro del PNV con quienes compartía el irrefrenable deseo del enriquecimiento personal, pero siempre alejados de los órganos de dirección.

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