Suspenso rotundo

Las democracias no se definen solo por las elecciones, que pueden celebrarse también en los regímenes autoritarios con cierta apariencia de pluralidad. La verdadera cualidad que diferencia a los Estados democráticos de los que aparentan serlo es la independencia del poder judicial, tan digna de protección como también primer objetivo de quienes intentan minar su calidad en su propio interés.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), organismo perteneciente al Consejo de Europa, acaba de recordar al Gobierno del PP que ha suspendido en todas las áreas en las que le había requerido una mejora urgente. De las 11 recomendaciones que hizo el Greco a España en un duro informe en 2016, ninguna ha sido resuelta satisfactoriamente. Solo siete de ellas han tenido algún avance parcial. El suspenso es rotundo, el escenario dibujado, gravísimo, y la amonestación pública por el casi nulo avance en la lucha contra la prevención de la corrupción en lo que respecta a Parlamento, jueces y fiscales nos puede abochornar a todos, pero apela directamente al Gobierno.

En su respuesta al Greco, el Gobierno del PP había atribuido al año de bloqueo político por la repetición de elecciones la lentitud en las acciones y había señalado algunas iniciativas que ya se estudian en el Congreso, pero el Consejo de Europa lo ha considerado un obstáculo de sobra superado (hace más de un año que Mariano Rajoy se invistió presidente) y que es hora de “hechos, no de palabras y planes”. El organismo abunda especialmente en la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial no sea elegido en ninguna de sus fases con la intervención de las autoridades políticas; y de que la comunicación entre la Fiscalía General del Estado y el Gobierno sea siempre por escrito y transparente.

Las duras palabras del Consejo de Europa son doblemente valiosas, porque señalan una realidad conocida pero también porque lo hace desde una institución exterior. Y ponen en entredicho al Gobierno, que a la menor ocasión se jacta de haber emprendido numerosas reformas para atajar la corrupción. Coinciden además con el inicio de un año, el 2018, en el que los escándalos de corrupción en los juzgados no por rutinarios serán menos vergonzantes: el 15 de enero se conocerá la sentencia del caso Palau, que afecta a la antigua CiU; en un horizonte cercano la Audiencia Nacional dará a conocer la sentencia de la primera época de Gürtel; la parte valenciana seguirá su curso en esa comunidad; el Tribunal Supremo deberá decidir sobre los recursos de Rodrigo Rato a su condena de cuatro años y medio por las tarjetas black y el de Iñaki Urdangarin contra la suya de seis años y medio por el caso Noos. Los expresidentes de Andalucía Griñán y Chaves tendrán que comparecer en la audiencia que juzga el fraude de los Ere. Y la Púnica, el caso Lezo, la destrucción de ordenadores del PP y otros asuntos seguirán su curso sin paliativos.

No hay excusas para que Rajoy dilate nuevamente las medidas. Con el apremio de Ciudadanos y del PSOE, que deberían liderar a fondo la exigencia, el Gobierno debe acometer las reformas necesarias.