La juez del ‘caso De Miguel’ ordena abrir juicio oral con 26 imputados

La juez que ha instruido el caso De Miguel ha ordenado la apertura del juicio oral con 26 personas imputadas por integrar una presunta trama de cobro de comisiones ilegales, entre los que figuran exdirigentes del PNV en Álava y cuyo supuesto cabecilla era el diputado foral Alfredo de Miguel. La Fiscalía pide para él 54 años de cárcel por 27 delitos y deberá hacer frente a una fianza de 16,5 millones de euros y otros 133.000 euros de comiso.

La titular del Juzgado de Instrucción 4 de Vitoria, María Eneida Arbaizar, ha determinado que, por las penas solicitas y los delitos perseguidos, será la Audiencia Provincial de Álava la encargada de juzgar este caso, en una fecha que deberá determinar. Además de De Miguel, también se sentarán en el banquillo exdirigentes del PNV como Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, para quienes el Ministerio Público solicita 32 años de prisión.

El fiscal entiende que De Miguel "aprovechó sus responsabilidades políticas" para impulsar esta presunta red de corrupción. Además, implica en esta causa a otras 25 personas, a las que atribuye diversos grados de responsabilidad en este presunto entramado, que habría operado entre 2005 y 2009. El auto da por "apartada" del procedimiento a la Diputación Foral de Álava. El Gobierno vasco se mantiene como "actor civil" en la causa.

En su auto, el juzgado de instrucción no detalla que se haya sobreseído la causa para ninguno de los 26 acusados por la Fiscalía, pero en la relación de personas a las que se juzgará se repite un nombre y falta otro, por lo que el Ministerio Público solicitará una aclaración a la magistrada, informa Efe. Entre los imputados en este procedimiento también está Aitor Tellería, ex miembro de la Ejecutiva del PNV alavés, para quien la Fiscalía ha pedido 32 años y dos meses de cárcel. El juzgado de instrucción reclama ahora entre las medidas cautelares impuestas que pague una multa de 878.960 euros y 137.670 euros de comiso. Para el también ex dirigente del PNV Koldo Ochandiano, que se enfrenta a la misma petición de cárcel, como medida cautelar se solicita una multa de 588.398 euros y 133.929 euros de comiso.

La red --según el fiscal-- fue "ideada" por De Miguel, quien habría creado "un entramado societario y personal organizado en torno a sí mismo" para lograr sus objetivos. El plan, según explica el escrito Ministerio Público, "fue acordado" por Alfredo de Miguel; su esposa Ainhoa Bilbao Lasa, Aitor Telleria; la mujer de éste, Araceli Bajo López, y Luis Felipe Ochandiano y su esposa, Iratxe Gaztelu-Urrutia Sánchez.

De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, De Miguel "aprovechándose de las responsabilidades políticas y/o administrativas que ostentase en cada momento por su pertenencia al PNV", utilizó este entramado "para obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas".

La red se dedicaba, presuntamente, a "obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones o entes públicos gobernados por el PNV".

La Fiscalía atribuye a De Miguel alrededor de una veintena de delitos relacionados con la corrupción, así como un delito de asociación ilícita en grado de dirigente. Entre los tipos penales atribuidos al principal acusado en esta causa se encuentran, además, el blanqueo de capitales, cohecho, fraude en la contratación, coacciones, malversación y tráfico de influencias.

Esta causa se inició en 2009 a raíz de la denuncia de una empresaria a la que se habría solicitado el pago de comisiones ilegales para acceder a contratos públicos en el Parque Tecnológico de Miñano (Álava). Entre los acusados también figura Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura en el Gobierno de Juan José Ibarretxe; el exdirector de Juventud, también en el gabinete de Ibarretxe, Xabier Sánchez Robles, y el exdirector de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco Julián Sánchez Alegría.