Puigdemont resucita a Franco para quedarse en Bélgica

“Con fecha del 18 de julio de 1936, el General Franco comete un golpe de Estado [...]. Tras la instauración de la dictadura, todo lo catalán está estrictamente prohibido”. Esta frase aparece en el escrito de 148 folios y desconocido hasta ahora que la defensa del expresident Carles Puigdemont presentó el 4 de diciembre al juez belga que debía decidir si ejecutaba la orden de detención europea emitida por la Audiencia Nacional contra él y los cuatro exconsejeros de su Ejecutivo que le acompañan en Bruselas.

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Un juez prudente para el ‘procés’

Un escrito —adelantado por eldiario.es y al que ha tenido acceso EL PAÍS— en el que los abogados del hoy candidato de Junts per Catalunya lanzaban una batería de alegaciones para pedir al magistrado belga que rechazase la pretensión de sus colegas españoles. Entre ellas, el discurso de Felipe VI con el que el pasado 3 de octubre hizo frente al desafío independentista, dos días después de la celebración del referéndum ilegal en Cataluña. Finalmente, el juez belga no llegó a pronunciarse porque el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena retiró días más tarde la euroorden de detención.

El escrito enumeraba las supuestas irregularidades judiciales cometidas en España al tramitar la orden de detención, así como la vulneración de derechos fundamentales a las que supuestamente se verían abocados Puigdemont y sus compañeros si eran entregados a España. Una situación de la que acusaban, además de al Rey, al entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y otros dirigentes del PP, y a la prensa escrita, en la que, aseguraban, “predomina un clima hostil y tóxico”.

Del Monarca, Puigdemont destacaba que el 3 de octubre “atacó a los catalanes”. Y esgrimía manifestaciones públicas del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del fiscal Maza (posteriormente fallecido) en las que ambos auguraban que el Govern cometería un delito castigado con cárcel si declaraba la independencia. El alegato de defensa recogía “numerosas declaraciones” de otros cargos “llenas de opiniones dudosas”. Así, citaba al embajador de España en París, Fernando Cadera; a Rajoy, a Soraya Sáenz de Santamaría y al dirigente popular Pablo Casado; este último dijo que Puigdemont podía “sufrir el mismo destino que Lluís Companys”, el expresidente catalán condenado a prisión en 1935 por proclamar la república (y más tarde fusilado por Franco).

El escrito también destacaba que la que considera “minoría unionista” de Cataluña se había posicionado “de forma muy hostil e, incluso, amenazante”. Como prueba de ello recogía la repetición de la consigna “¡Puigdemont, a prisión!” en manifestaciones en Madrid y Barcelona antes y después del referéndum ilegal.

Por ello, concluía que en el caso de que fueran entregados, los exmiembros del Govern correrían “un peligro manifiesto de violación” de su presunción de inocencia. El expresidente afirmaba que España “ha sido condenada varias veces por tribunales internacionales por violación del derecho a un proceso equitativo, en algunos casos incluso por la parcialidad de los jueces”. Y ponía como ejemplo el caso de Juan MaríaAtutxa, el expresidente del Parlamento vasco condenado por desobedecer una sentencia del Supremo y al que le dio la razón el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Los tribunales españoles no dudan en moldear el derecho penal a su propio criterio y antojo si de esta manera pueden propiciar la condena de los partidarios de las aspiraciones de independencia o autonomía”, recalcaba Puigdemont.