Un juez prudente para el ‘procés’

“Si hace dos meses me hubieran dado a elegir a un magistrado del Supremo para que se hiciera cargo de una causa contra el procés le hubiera elegido a él”. La afirmación, hecha por un juez catalán cercano al independentismo, resume una opinión extendida cuando se pregunta por Pablo Llarena entre la judicatura catalana, pero que también comparten magistrados afincados en Madrid. La causa por rebelión, sedición y malversación contra los líderes independentistas ha recaído, por turno de reparto, en un juez que ha desarrollado casi toda su carrera en Cataluña, una circunstancia que los compañeros consultados consideran positiva. “Se evitan suspicacias, la idea de que desde Madrid no se entiende lo que pasa en Cataluña”, sostiene un magistrado del alto tribunal.

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Nacido en Burgos hace 54 años e hijo de abogados, Llarena ingresó en la carrera judicial en 1989 y, tras un breve paso por juzgados de Torrelavega (Cantabria) y de su ciudad natal, llegó a Barcelona en 1992. Primero como juez de instrucción en la capital (1992 y 1998) y después como magistrado de la Audiencia Provincial, órgano que presidió entre 2011 y 2016. En marzo de ese año se incorporó al Supremo, aunque sigue viviendo a caballo entre Madrid y Barcelona, donde residen su esposa (la magistrada Gema Espinosa, directora de la Escuela Judicial) y los dos hijos de la pareja.

“Es un juez muy querido en Barcelona, dejó buena huella como presidente de la Audiencia. Era afable, prudente y siempre dispuesto a tender puentes”, afirma una magistrada de esa comunidad que, aunque muy alejada de él ideológicamente, admite que se alegró cuando supo que iba a instruir la causa contra el procés. “Confío en él. Y hay muchos compañeros que me han hecho el mismo comentario en Barcelona”, asegura.

Su paso por la presidencia de la Audiencia le obligó a codearse con políticos, pero no se le conocen fuertes vínculos en ese ámbito. También se familiarizó en tratar con los medios de comunicación en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la más numerosa y conservadora de la carrera, de la que ha sido portavoz y presidente. Sin embargo, entre sus compañeros no tiene fama de buscar protagonismo y su perfil se aleja del de juez estrella. En los muchos años que ejerció como juez de instrucción en Barcelona no llevó casos especialmente mediáticos. Y en el tiempo que lleva en el Supremo, el caso más relevante que le ha correspondido hasta ahora ha sido ser ponente (escribir la sentencia) en el de los dos anarquistas condenados por colocar una bomba en la Basílica de El Pilar en octubre de 2013. La Audiencia Nacional les impuso penas de 12 años de cárcel y el alto tribunal las rebajó a cuatro y medio. Ahora tiene pendiente la sentencia sobre el caso Terra Mítica, la estafa en la construcción del parque temático por la que la Audiencia de Valencia condenó a dos exdirectivos y otras 20 personas.

La del procés es la primera causa que instruye Llarena desde que llegó al Supremo, un tribunal en el que solo se investigan los casos que implican a aforados y en el que algunos magistrados se jubilan sin haber completado ninguna investigación. A él le ha correspondido el caso más importante que se instruye en el alto tribunal desde el de 23-F cuando todavía no ha cumplido dos años en este órgano y es el magistrado más nuevo de la Sala Penal. Esta circunstancia, según magistrados consultados, puede suponer un riesgo de que le cueste enfrentarse a las muchas presiones que pueden rodear esta causa. Otros compañeros sostienen que esto no ocurrirá. “Estoy convencida de que lo que escribe lo escribe él. No le van a condicionar aunque se sepa que no está a favor de la independencia de Cataluña”, señala una juez que, como Llarena, se mueve entre Barcelona y Madrid.

Decisiones bien recibidas

Sus primeras decisiones en la investigación por rebelión (aplazar las citaciones de los miembros de la Mesa del Parlament y dejarles en libertad bajo fianza) fueron, en general, bien recibidas entre sus colegas. Las siguientes (excarcelar a seis exconsejeros pero mantener en prisión a Junqueras, Forn y los Jordis, o la retirada de las órdenes internacional y europea de detención contra Puigdemont) han dejado opiniones divididas. “Creo que tenía que haber sacado a todos de la cárcel. Si no hay riesgo de reiteración delictiva en unos tampoco lo hay en los otros”, afirma un magistrado del alto tribunal, que se muestra más comprensivo con la retirada de la euroorden al expresident pero cree que tiene “grandes riesgos”.

Llarena tiene fama de meditar mucho sus decisiones y de buscar siempre los matices, cualidades que compañeros consultados confían en que beneficiará a la investigación de un conflicto tan polarizado y falto de mesura. Aunque él tiene en su mano la investigación judicial, ya en 2012 advirtió en una entrevista de que el secesionismo debía resolverse en el ámbito político. “Lo que no se puede pretender es que toda la cuestión relativa a la integración de Cataluña en España se vaya a resolver judicialmente”, dijo entonces. Cinco años después, la solución política sigue sin llegar.