El Constitucional anula la jornada de 35 horas de los funcionarios de Andalucía
La Junta propone computar como trabajo realizado media hora diaria no presencial para mantener la reducción laboral
El pleno del Tribunal Constitucional ha anulado la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios de la Junta de Andalucía y las 18 horas lectivas semanales para los profesores de esa comunidad autónoma, al entender que la regulación de las horas de trabajo es competencia exclusiva del Estado. El alto tribunal, que mantenía suspendida la ley andaluza de reducción del tiempo de trabajo, ha estimado el recurso presentado por el Gobierno central contra el decreto ley 5/2016 de la Junta por el que se regula la reducción de la jornada y, por lo tanto, ha anulado dicho decreto. La jornada de los funcionarios de la Administración autonómica, según la sentencia, tendrá que ser, como mínimo, de 37,5 horas semanales y de entre 20 y 25 horas lectivas por semana para los docentes.
La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que, de acuerdo con los sindicatos, a los que ha convocado el lunes, aprobará el próximo martes un decreto por el que se computará a diario, como parte de la jornada, media hora no presencial. Se refiere a tareas preparatorias que se realizan fuera del horario lectivo, como trabajos sobre diagnósticos o para impartir las clases. Montero espera que el Gobierno no recurra esta orden.
El tribunal considera que, al reducir a 35 horas semanales la jornada laboral para los funcionarios públicos autonómicos, y a 18 las horas lectivas semanales para el personal docente de Andalucía, este decreto ley "vulnera las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el régimen jurídico de las administraciones públicas". La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Santiago Martínez-Vares, cuenta con el voto particular del magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, que discrepa de la fundamentación de la sentencia y del fallo.
En su argumentación, el Constitucional estima que el establecimiento de la jornada laboral ordinaria en 35 horas semanales vulnera la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, tal y como mantiene la parte recurrente. Los magistrados sostienen que la ley de Presupuestos fue aprobada por el Gobierno central "en ejercicio de su competencia exclusiva para dictar la legislación laboral". Y en ella se dice que la jornada de trabajo de los funcionarios, incluidos los autonómicos, "no podrá ser inferior a 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual".
Por ello entiende que la reducción aprobada por la Junta de Andalucía "resulta incompatible" con esa ley estatal. Lo mismo ocurre con el personal docente. El decreto recurrido fijaba la jornada semanal lectiva en 18 horas, salvo para el profesorado de educación infantil y primaria.
Sin embargo, la ley estatal a la que, según el Constitucional, ahora deberán acogerse los profesores andaluces dice: "La parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, en centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos será, como mínimo de 25 horas en educación infantil y primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas”.
La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha asegurado a través de Twitter que el Gobierno autonómico acatará la sentencia del tribunal y que "seguirá defendiendo a los empleados públicos". "Gobierno andaluz y sindicatos acordarán medidas para no alterar la jornada presencial ni que se produzca despido de trabajadores", ha remachado Díaz en el mensaje publicado.
#Andalucía acata la sentencia del TC sobre las 35 horas y seguirá defendiendo a los empleados públicos. Gobierno andaluz y sindicatos acordarán medidas para no alterar la jornada presencial ni que se produzca despido de trabajadores.
— Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) December 15, 2017
Los 270.000 trabajadores públicos andaluces habían vuelto a cumplir con los horarios estatales, que suponen dos horas y media más cada semana, desde que, en julio, el Constitucional admitiera el recurso y paralizara la orden andaluza, que se empezó a aplicar en enero.
El Gobierno andaluz defendió que la jornada de 35 horas crearía unos 12.000 puestos de trabajo para mantener el nivel de servicios, facilitaría la conciliación familiar de los trabajadores públicos y restablecería un derecho conquistado hace 18 años por los empleados de la Administración.
El número de empleos públicos no está en peligro ya que el recientemente aprobado presupuesto autonómico prevé su consolidación con independencia de la resolución del tribunal. Además, el decreto de la media hora diaria no presencial se aplicará a partir de enero, por lo que los empleados estarán en su puesto solo 35 horas.
La Junta alegó en el Constitucional que la competencia sobre su personal es autonómica, según el Estatuto, y que no afecta a las medidas de estabilidad presupuestaria porque Andalucía cumple con los objetivos de déficit establecidos y dispone de suficiencia financiera para adoptarla. El coste anual previsto era de 105 millones de euros en personal para reforzar los servicios.
El Gobierno pide a Díaz que acate el fallo
La Junta de Andalucía había pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que paralizara el recurso y negociara para "no dañar los intereses de los empleados de Andalucía". Sin embargo, el Ejecutivo ha seguido adelante hasta conseguir la anulación, como ya ocurrió con otras comunidades (País Vasco) y en el Ayuntamiento de Madrid, que establecieron medidas similares.
Mientras Ciudadanos, con cuyo apoyo Gobierna el PSOE en Andalucía, ha manifestado su respeto por la decisión del Constitucional, la coordinadora de Podemos, Teresa Rodríguez, ha acusado al PP de querer "robar" a los funcionarios sus derechos.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, pidió a la Junta que “rectifique, respete, acate la sentencia y no reincida en el gravísimo error de no haberse avenido a un acuerdo”.
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