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Andalucía urge al Gobierno que pare la orden cautelar de las 35 horas

La Junta confía en el diálogo para resolver la aplicación de la jornada reducida en la comunidad

El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, este martes en Sevilla.
El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, este martes en Sevilla.

El Gobierno andaluz ha urgido este martes al Ejecutivo central a que pida el levantamiento de la suspensión cautelar del decreto que regula la jornada laboral de las 35 horas para los empleados públicos. Una medida solicitada tras ser admitido a trámite ayer por el Tribunal Constitucional un recurso del Gobierno de Mariano Rajoy contra esta medida. "Rajoy sabe que está en su mano no dañar los intereses de los empleados de Andalucía. Estamos a tiempo de evitarlo, pero hay que querer", ha declarado el portavoz de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Blanco, este martes en Sevilla. "Montoro puede pedir el levantamiento de la suspensión cautelar", ha detallado.

Serían 270.000 trabajadores públicos de la Junta de Andalucía los que volverían a trabajar las 37 horas y media semanales establecidas para el conjunto de la Administración después de que el Gobierno andaluz haya aplicado durante cinco meses las 35 horas entre su personal. "El Gobierno central tiene que demostrar que apela al diálogo, se concreten sus acciones y se impida el desaguisado", ha añadido Blanco, que ha mostrado su consternación por la decisión del tribunal.

Blanco ha reclamado también en este caso la intervención del presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para que interceda en las negociaciones con el Gobierno central. "Queremos que alce la voz y actúe para evitar este atropello", ha dicho el portavoz, que ha detallado que el Gobierno central ha tenido 10 meses para dialogar y ha esperado al "último momento" para estudiar este asunto. "El Ministerio quiere dialogar, nosotros también y, por una vez, hasta el PP andaluz; adoptemos entonces soluciones", ha dicho Blanco.

Moreno Bonilla ha declarado este martes por su parte que no se habría llegado a este punto si la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, hubiera optado por el "diálogo" en vez de la confrontación con el Gobierno central.  "Díaz ha preferido una buena bronca que le dé grandes titulares y pueda arañar un puñado de votos antes que alcanzar un buen acuerdo con el Gobierno", ha dicho, según recoge Efe. "No estamos en un problema de fondo, estamos en un problema de forma porque la Junta ha invadido las competencias del Estado, ha añadido Moreno, que considera que va a ser "muy difícil" separar la medida cautelar del recurso. "Ambas cosas estaban aparejadas", ha señalado.

Multa de 1,58 millones de euros al Banco Mare Nostrum

El Consejo de Gobierno ha acordado este martes sancionar con 1,58 millones de euros a Banco Mare Nostrum (BMN), por introducir cláusulas abusivas en contratos de préstamos hipotecarios y por incumplimiento de la información de prestación de servicio. La sanción incluye 700.000 euros por infracciones muy graves contra la legislación vigente de defensa de los consumidores y, además, el comiso del beneficio ilícito obtenido, cuantificado en casi 886.000 euros.

"De acuerdo con la normativa vigente, se consideran cláusulas abusivas aquellas que causan un desequilibrio en la posición entre el consumidor y el empresario (...) una práctica conlleva una sanción de 350.000 euros", informa la Junta, que sanciona con la misma cuantía por "incumplir el deber de información de prestación de servicio y, concretamente, sobre las cláusulas suelo". Además, el Gobierno andaluz ha considerado com agravantes el perjuicio causado a los consumidores, valorable en más de 50.000 euros, y la reiteración de los hechos.

La cantidad establecida resulta por su lado insuficiente a la organización de consumidores Facua, que considera "irrisoria" la cantidad estipulada. "Nos preguntamos cómo ha calculado esa cifra la Dirección General de Consumo de la Junta, porque se traduce en que BMN habría aplicado la cláusula suelo a menos de 200 familias en toda Andalucía", advierte el portavoz nacional de la organización de consumidores FACUA, Rubén Sánchez.

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