Las 14 llamadas que sientan por primera vez a Granados en el banquillo

Todo comenzó la noche del 5 al 6 de septiembre de 2014 en Valdemoro, la localidad del sur de Madrid donde Granados fue alcalde y que la investigación del ‘caso Púnica’ ha revelado como epicentro de la trama de corrupción. Se celebraban las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario y José Manuel Rodríguez Talamino, integrante de la Unidad Central Operativa (UCO) vecino del municipio y que participaba en la investigación sobre la red, se acercó al entonces ya exsenador mientras tomaba una copas para hacerle un comentario que dejó preocupado a éste. A partir de ese momento y durante los ocho días siguientes se sucedieron las llamadas y reuniones entre el ex secretario general del PP madrileño, el guardia civil y un segundo miembro del Instituto armado, éste en excedencia, que han desembocado este martes, más de tres años después, en el primer juicio del ‘caso Púnica’. Granados se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de tres años de prisión acusado de aprovecharse de la revelación de un secreto realizado por un funcionario público. La acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) eleva la suya hasta los seis años.

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Entre aquella noche y el 13 de septiembre del mismo año, los tres procesados intercambiaron un total de 14 llamadas telefónicas y celebraron cuatro encuentros en los que, supuestamente, el agente de las UCO dio el chivatazo que obligó al entonces juez instructor Eloy Velasco a precipitar las detenciones para evitar la destrucción de pruebas. La primera conversación telefónica se produjo pocas horas después de aquel encuentro entre Rodríguez Talamino y el político en las fiestas de Valdemoro. La realizó Granados al tercer encausado, José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excedencia y amigo de sus dos compañeros de banquillo que había trabajado para el político cuando estuvo en la Consejería de Interior del Ejecutivo de Esperanza Aguirre. "Me contó una película sin venir a cuento, y no... entendí yo muy bien [...] Es que me dio la sensación de que me lo quería contar... porque fue sin salir", le relató el dirigente popular. Caro Vinagre le respondió que a él también le había abordado en la calle porque, según le dijo, "tengo que hablar con Paco y contigo", pero que lo dejó ahí. Ambos concluyeron que había que volver a hablar con él para que "nos lo cuente".

A esa llamada le siguió otra minutos después de Granados a su entonces socio, el constructor David Marjaliza, para indicarle que "uno que está en la UCO" le había comentado algo que le había sonado a advertencia ya que le apuntó que la Guardia Civil estaba "haciendo cosas" en la puerta de las oficinas que el constructor tenía en el Edificio Éboli, en la cercana localidad de Pinto. "¿Seguimientos o qué?", fue la pregunta que le planteó el empresario. Granados le respondió con un rotundo "sí" para señalarle que "supongo que mañana tendré más información". Inmediatamente después era el empresario el que realizaba una llamada. En este caso, a su secretaria y persona de la máxima confianza, Ana María Ramírez, para alertarla. "Que tengo un policía, un guardia civil en la puerta. Y bueno, aparte el teléfono pinchado, ya lo sabes", le dijo a su interlocutora, aunque en un primer momento relacionó esta vigilancias con la visita que había recibido de un individuo al que apodaba ‘El Cojo' y cuyo hermano estaba “en la cárcel por droga".

Ese mismo 6 de septiembre se produjo una cuarta llamada entre los implicados. En este caso, entre Granados y Caro Vinagre. En ella, el guardia civil le comentío al político que "ya he hablado con éste", aunque evitando dar más detalles por teléfono. Se limitaron a quedar en la puerta de la casa del agente en excedencia para tratarlo en persona. La información que el político recibió generó a éste enorme preocupación e hizo que a las dos de la madrugada del 7 de septiembre volviera a ponerse en contacto con Caro Vinagre para decirle que esa noche no iba a bajar a las fiestas de Valdemoro porque "no tengo muchas ganas después de lo que ha pasado hoy". Sin embargo, la UCO muestra en sus informes su sospecha de que aquella llamada intentaba realmente ocultar un nuevo encuentro entre ambos.

Los documentos policiales destacan una llamada, la quinta, de la que se deduce que antes de aquel encuentro Rodríguez Talamino había transmitido al otro guardia civil datos sobre el grupo concreto de la unidad que estaba al frente de las pesquisas y que éste se lo había comunicado a su vez al político. De hecho, en esta nueva comunicación, el ex secretario general del PP madrileño dio a entender claramente que había realizado una consulta en Internet y había descubierto que los que le investigaban se dedicaban a casos de corrupción. "Y eso tiene una pinta malísima, me he metido yo [en Internet], y eso tiene una pintaaaa", le espetó a su interlocutor. En una nueva llamada de ese mismo día, el político y su amigo acordaron recabar más datos sobre la investigación ya que, como destacaba Granados en la misma, "el tema va pa' lante y serio".

A raíz de la intervención de aquellas llamadas, los responsables de la investigación decidieron 'alejar' de la investigación al presunto autor del chivatazo con un viaje fuera de Madrid y, de paso, impedir que entrase en contacto con el otro guardia civil. De hecho, el mismo 9 de septiembre Caro Vinagre volvió a llamar al político para decirle que el día anterior había hablado con "éste", en referencia a Rodríguez Talamino, pero que tenía que concretar "a ver si hablo con él ahora a mediodía [...] Hoy concreto para verle", añadió. Horas después se produjo la novena llamada, en la que de nuevo el agente en excedencia comunicó al presunto cabecilla de la trama que vería al agente de la UCO tres días después ya que éste estaba entonces de viaje.

Un día antes de ese encuentro, los investigadores interceptaron otra llamada relacionada con el 'chivatazo'. En este caso, de Marjaliza a un "estrecho colaborador" en la que el constructor insistía a su interlocutor de manera sospechosa sobre la supuesta legalidad de su actividad con la multinacional Cofely, una de las empresas presuntamente implicadas en la red de corrupción. También para entonces Ana María Ramírez, la secretaria del constructor, había llamado a su marido, guardia civil de profesión y hermano del entonces alcalde de Valdemoro, Juan Carlos Boza Lechuga, también imputado en la causa, para preguntarle por las capacidades de las cámaras térmicas que utilizaba el Instituto armado y si "atraviesan paredes".

El 12 de septiembre de 2014 se reanudó el intercambio de llamadas entre Caro Vinagre y el político. La primera, poco después de las diez y media de la mañana. En ella, el primero le anunció que a lo mejor quedaba esa misma jornada con el miembro de la UCO presunto autor de la filtración para tomar algo. Una segunda se produjo diez horas después y en ella le señaló que dicho encuentro se había pospuesto para el día siguiente. En dicha conversación, Granados le pidió que le preguntase si la investigación le afectaba a él: "Sobre todo si va la cosa conmigo, claro". Finalmente, sólo unas horas más tarde, a la una y veinte de la madrugada del 13 de septiembre, Caro Vinagre telefoneó de nuevo al ex senador para que le abriese la puerta de su domicilio porque "me he traído al 'calvito", apelativo con el que ambos se referían a Rodríguez Talamino que entonces llevaba la cabeza rapada. Los investigadores concluyen que en ese momento los tres mantuvieron una reunión en la vivienda del político en el que el miembro de la UCO les confirmó sus temores.

Aquel chivatazo obligó a los investigadores a retirar la cámara oculta instalada frente a las oficinas de Marjaliza, con la consiguiente pérdida de información. Los informes de la Guardia Civil revelan que a partir de ese momento disminuyó la frecuencia en las llamadas entre los principales implicados "y el contenido de las mismas", ya que desde ese momento "evitaban pronunciarse sobre temas de interés para la investigación". Además, Marjaliza destruyó documentación, como luego él reconocería en su confesión, y cambió de terminales telefónicos. La UCO tuvo que disminuir los seguimientos para evitar ser detectados "con la consiguiente pérdida de información". Todo ello desembocó en "una explotación precipitada de la investigación" el 27 de octubre de 2014, recalcan los documentos policiales que a partir de este martes serán el principal sustento en el juicio contra Granados y sus dos compañeros de banquillo. Para estos dos últimos, la fiscalía pide también tres años de prisión, en su caso como autor (Rodríguez Talamino) y colaborador (Caro Vinagre) de un delito de revelación de secretos.