El juez sienta en el banquillo al alcalde de Alicante por trocear contratos
Compromís deja el equipo de gobierno y Guanyar lo hará en una semana si Echávarri no dimite
La juez ha sentado en el banquillo de los acusados al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, y a dos asesores por un delito de prevaricación, al constatar indicios que apuntan a que fraccionaron contratos por más de 144.00 euros desde la concejalía de Comercio para la promoción de las ventas en la pasada campaña navideña. “Hubo una omisión reiterada del procedimiento correspondiente en atención a la cuantía según se ha acreditado indiciariamente en fase de instrucción y sin perjuicio de lo que se acredite tras la práctica de la prueba en el plenario“, señala la magistrada María Luisa Carrascosa en el auto donde da por cerrada la instrucción, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Las adjudicaciones bajo sospecha, denunciadas hace apenas dos meses por el PP y Ciudadanos, se dividieron en catorce facturas diferentes que se ajustaban de forma irregular “al límite cuantitativo del contrato menor“ y recayeron, “siempre, a favor de profesionales elegidos por propia voluntad“, precisa la resolución, que transforma la causa en un procedimiento abreviado y sitúa en la antesala de juicio tanto al primer edil, su jefe de gabinete, Eduardo Díez, y el asesor Pedro de Gea.
La decisión judicial ha terminado por romper el frágil pacto de gobierno que había permitido a la izquierda (PSPV-PSOE, Compromís y Guanyar Alacant) alcanzar la alcaldía de la ciudad (330.000 habitantes) tras dos décadas de mayoría absoluta del Partido Popular. Echávarri se ha negado reiteradamente a dimitir en los últimos meses. El dirigente socialista aduce que las acusaciones que pesan sobre él (la fiscalía le ha denunciado y ha pedido su imputación en otra causa) no constituyen casos de corrupción.
Sin embargo, Compromís ha anunciado que abandonará el tripartito en las próximas horas, mientras que Guanyar, confluencia de Izquierda Unida y Podemos, lo hará el próximo 15 de noviembre. La frágil alianza surgida de las últimas elecciones locales es ya historia. A menos que los socialistas releven al alcalde alicantino. El portavoz del equipo de gobierno y líder de Compromís, Natxo Bellido, ha informado esta mañana en rueda de prensa de que había hablado con el alcalde y éste le había confirmado su intención de seguir en el cargo. Por esa razón, ha dicho, a su formación no le queda otra opción que tomar “la durísima decisión a nivel político y personal“ de dejar el pacto de gobierno. Por su parte, el vicealcalde y líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha ratificado que su coalición cumplirá el “mandato“ de su asamblea local y abandonará el tripartito en una semana. No obstante, ha instado a los socialistas “mover sus resortes“ para evitarlo proponiendo a otro candidato.
La juez Carrascosa sostiene en su auto que las 14 facturas pagadas por la concejalía de Comercio –que era dirigida por el propio Echávarri a finales de 2016- debieron tramitarse a través de un concurso público y no como contratos menores. Los expedientes fueron anulados en su día ante los reparos expresados por un técnico y el interventor municipal y motivaron la constitución de una comisión de investigación en el ayuntamiento.
El auto, de veinte páginas, recoge que estas adjudicaciones fueron “concertadas directamente” por Eduardo Díez y Pedro de Gea, dos asesores que carecían de “funciones ejecutivas o decisorias”, por lo que ambos podrían haber incurrido en un delito de usurpación de funciones.
El alcalde tuvo en todo momento un “conocimiento previo” y consistió “plenamente” esa irregularidad, añade la magistrada. El supuesto fraccionamiento convirtió la actuación administrativa en “arbitraria” y produjo un “resultado materialmente injusto”. Independientemente de que los trabajos encargados se ejecutaran a un precio de mercado, se benefició “a un profesional elegido por propia voluntad, con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia”.
La titular del Juzgado de Instrucción 9 de Alicante acusa a los inculpados, que pueden recurrir ante la Audiencia Provincial, de “incumplir de manera flagrante” la normativa. Y responde de forma contundente a los argumentos esgrimidos por su abogado. El hecho de que esta forma de contratar haya sido habitual, con éste y anteriores equipos de gobierno, “no la convierte en legal en absoluto”.
Echávarri, que guarda silencio por el momento, se enfrenta a otra posible investigación judicial por despedir a la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala, empleada de la corporación. La fiscalía le ha denunciado por un supuesto delito de prevaricación al entender que esa decisión constituyó una represalia contra su oponente por denunciar, precisamente, las contrataciones de la concejalía de Comercio.
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