El polémico despido del alcalde de Alicante

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha despedido por sorpresa y de forma fulminante a una funcionaria interina que es cuñada del portavoz del grupo municipal del PP, Luis Barcala. El cese se formalizó dos días después de que el propio Barcala denunciara al primer edil en Fiscalía por prevaricación en la tramitación de 25 contratos menores de la concejalía de Comercio. Los populares ven en esta decisión un "ajuste de cuentas", una "venganza" contra su líder por su labor de oposición. Mientras tanto, los socios de gobierno del PSPV —Guanyar Alacant y Compromís— se han desmarcado del alcalde y han anunciado que le pedirán explicaciones.

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La secuencia de hechos arranca el pasado martes, cuando los portavoces del grupo popular presentan una denuncia contra Echávarri en la Fiscalía de Alicante al entender que había incurrido en un delito de prevaricación al trocear, presuntamente, algunos contratos de la concejalía de Comercio, cuyas competencias ejerce él mismo. Esos contratos por suministros de material y servicios forman parte de un grupo de 25 expedientes por un importe global de 189.000 euros que se tramitaron como contratos menores de forma ilegal, según determinaron un jefe de servicio y el interventor municipal.

El propio alcalde, que lidera un tripartito de izquierdas integrado por PSPV, Compromís y Guanyar Alacant (Podemos y EU), dio marcha atrás al conocer los reparos de los técnicos. A principios de este mes llevó de urgencia al pleno una declaración para anular el procedimiento y elevar una consulta al Consell Jurídic Consultiu. Pero ni la oposición (PP y C's) ni sus socios en el gobierno municipal se dieron por satisfechos. Los populares acudieron a la fiscalía el pasado martes para denunciar a Echávarri por un delito de prevaricación administrativa y Guanyar ha garantizado su apoyo a la constitución de una comisión de investigación.

Dos días después, este mismo jueves, la concejalía de Recursos Humanos, también en manos de los socialistas, comunicó a la cuñada de Barcala, una técnica interina adscrita a el área de Cultura, su cese inmediato tras seis años de trabajo en la corporación. El portavoz de los populares ha acusado al alcalde de "cobardía y bajeza moral, entre otros calificativos. "Tratar de vengarse de terceros por el mero hecho de impedir que la oposición haga legítima y legalmente su trabajo hace que Echávarri esté descalificado y desautorizado a todos los niveles", ha señalado el líder de los populares.

Por su parte, Guanyar y Compromís se han desmarcado de la decisión y se han declarado completamente ajenos al despido de la trabajadora. Daniel Simón, concejal de Cultura por Guanyar, ha defendido el trabajo de su subordinada y ha señalado que nadie le consultó sobre su cese. El portavoz de este mismo partido, Miguel Ángel Pavón, entiende que la medida no está justificada. "No sabemos si está vinculado o no a la denuncia del PP, pero nos parecería muy grave si fuera así", ha precisado el también vicealcalde alicantino. Su homólogo en Compromís y concejal de Presidencia, Natxo Bellido, tampoco comparte el despido y ha indicado que su partido va a pedir explicaciones al alcalde porque el tripartito llegó al poder para "hacer las cosas de forma diferente a como se hacían en anteriores legislaturas".

Echávarri se ha defendido de las críticas este mismo viernes, tras visitar un parque en la ciudad en compañía de algunos vecinos. El socialista ha negado que el despido responda a la denuncia que ha interpuesto contra él Barcala. Por el contrario, lo ha vinculado a un proceso de reestructuración laboral más amplio que conllevará la desaparición de otros puestos de interinos y permitirá "liberar masa salarial" para convocar oposiciones. La afectada, según su versión, fue contratada para realizar una tarea determinada en un museo de la ciudad y "tuvo que haber cesado en su momento" porque estaba "funcionalizada".

A la polémica se ha acabado por sumar Podemos, que apoyó en las últimas elecciones municipales su confluencia con EU en Guanyar y que ha pedido en un comunicado la dimisión del primer edil por sus "salidas de tono, sus continuas zancadillas a las propuestas o decisiones de sus socios y su incapacidad para llegar a acuerdos y cumplirlos". Además, las posibles irregularidades en los contratos de la concejalía de Comercio suponen una práctica "inadmisible desde la ética del cambio político", según la formación morada.