La Fiscalía agrava la situación del alcalde de Alicante con una segunda investigación

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSPV), tiene ante sí un horizonte judicial plagado de nubarrones. Tras ser imputado por una juez por un delito de prevaricación derivado de la adjudicación de 25 contratos de la Concejalía de Comercio, la Fiscalía ha decidido hoy tomarle declaración el próximo 25 de octubre por el despido fulminante de una trabajadora interina que es cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala, según han confirmado fuentes próximas a la investigación.

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Los socios del PSPV el gobierno de la ciudad, Guanyar Alacant y Compromís, ya han decidido romper el pacto poselectoral que permitió a la izquierda arrebatar la vara de mando a los populares tras dos décadas de mayorías absolutas. La negativa de Echávarri a dimitir ha dejado este tripartito herido de muerte.

La Concejalía de Recursos Humanos, también en manos de los socialistas, comunicó su cese fulminante a la interina, una técnica adscrita al área de Cultura, el pasado mes de abril. La decisión, que fue asumida en primera persona por el propio primer edil en las redes sociales, se produjo dos días después de que Barcala denunciara al dirigente socialista ante la Fiscalía por el presunto fraccionamiento de contratos en Comercio. Aunque Echávarri vinculó luego ese despido a un proceso de reestructuración laboral más amplio que conllevará la desaparición de otros puestos de interino, acabó admitiendo que la denuncia interpuesta por el PP había “acelerado” su decisión.

Tanto Guanyar como Compromís se desmarcaron de la medida y permitieron con sus votos que el pleno aprobara una moción de los populares que forzó a la corporación a readmitir a la empleada. Echávarri tuvo que dar marcha atrás y la cuñada del portavoz del PP volvió a su antiguo puesto de trabajo. Para entonces, sin embargo, la maquinaria de la Justicia ya se había puesto en marcha. Dos dirigentes vecinales presentaron una denuncia ante la fiscalía, que ha apreciado indicios de un delito de prevaricación en la actuación del alcalde por el que le tomará declaración en calidad de investigado.

El fiscal encargado del caso hizo lo propio hace unas semanas con el concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez. Tanto este edil socialista como diversos técnicos de su departamento han confirmado que fue Echávarri el que decidió el cese de la empleada. El ayuntamiento, además, ha remitido un informe a la acusación pública que constata la existencia de otros muchos interinos en la misma situación laboral que esta técnica y hasta ahora no han visto peligrar sus puestos de trabajo.

La citación del alcalde en la sede de fiscalía llega solo doce días después de que el socialista y dos asesores prestaran declaración ante la juez María Luisa Carrascosa como investigados por un delito de prevaricación por trocear supuestamente 25 contratos por un importe total de 190.000 euros en la Concejalía de Comercio.

Tanto Echávarri como su asesor Pedro de Gea y el jefe de gabinete de Alcaldía, Eduardo Díez, han negado ante la magistrada esas supuestas irregularidades, que fueron señaladas en su día por un técnico y el interventor municipal. Pero la instrucción de esta causa avanza a velocidad de crucero. La juez ha decidido citar entre este mes y el que viene a 22 testigos para esclarecer si hubo un fraccionamiento ilegal de los servicios contratados para promocionar el comercio local en la última campaña navideña.