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Una juez imputa al alcalde de Alicante y dos asesores por trocear contratos

La decisión judicial amenaza la supervivencia del tripartito de izquierdas

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri.
El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri. EP

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, tendrá que comparecer el próximo 6 de octubre como investigado (antes imputado) ante una juez por fraccionar presuntamente 25 contratos de la Concejalía de Comercio. La decisión judicial, que se ha conocido este mismo viernes, incluye el interrogatorio, también como sospechosos, de dos asesores del primer edil: su jefe de gabinete, Eduardo Díez, y Pedro de Gea.

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La imputación de Echávarri amenaza seriamente la supervivencia del acuerdo de gobierno que permitió a la izquierda -PSPV, Compromís y Guanyar Alacant (Podemos y EU)- acabar con veinte años de gobierno monocolor del PP. Los portavoces de Compromís y Guanyar ya advirtieron en su momento de que exigirían responsabilidades políticas si las polémicas contrataciones de Comercio, por un importe total cercano a los 190.000 euros, llegaban a los tribunales.

Horas después de conocer su imputación, Echávarri ha asegurado que no contempla de ningún modo dimitir. “Si yo dimitiera hoy, en quince días el alcalde sería Luis Barcala y eso es lo único que buscan“, ha dicho en referencia al portavoz del grupo municipal del PP, que ha denunciado junto a Ciudadanos (C’s) las presuntas irregularidades en los contratos. Además, ha restado importancia a la decisión judicial porque era “lo esperado“ y ha añadido que afronta su comparecenci “con absoluta tranquilidad“. Echávarri mantiene que su actuación no es constitutiva de delito alguno, “como dicen todos los técnicos del ayuntamiento“, y en todo caso “es algo meramente administrativo“.

La investigación de estas supuestas irregularidades está en manos de la titular del juzgado de Instrucción número 9 de Alicante, María Luisa Carrascosa, que ha acumulado en un único procedimiento las denuncias presentadas por separado el PP y C’s. Los portavoces de ambas formaciones, Luis Barcala, y Yaneth Giraldo, respectivamente, han ratificado esta misma mañana ante la magistrada sus acusaciones, aunque solo los populares se personarán en la causa como acusación particular.

Los contratos investigados fueron adjudicados a finales de 2016 por la Concejalía de Comercio, entonces dirigida por el propio alcalde, y tenían por objeto campañas publicitarias y otros servicios para impulsar las ventas navideñas. La oposición sostiene que los expedientes fueron troceados para que ninguno ellos superase los 18.000 euros de importe y poder eludir así el concurso público correspondiente.

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Tanto un técnico del departamento, Diego Agulló, como el interventor municipal, Francisco Guardiola, manifestaron su oposición a que esas facturas se tramitasen bajo la fórmula de contratos menores. Ambos comparecerán como testigos el próximo viernes en el juzgado junto al portavoz del equipo de gobierno, Natxo Bellido (Compromís). Ante el reparo de los técnicos, el pleno del ayumntamiento acordó la nulidad de los expedientes, aunque mantuvo el pago a los proveedores porque los servicios requeridos se habían prestado en su totalidad, y constituyó una comisión de investigación que concluyó hace unas semanas.

Dimisión

El portavoz de los populares, Luis Barcala, ha pedido esta mañana a Echávarri que dimita por “coherencia personal“. Según el líder de la oposición, tanto el alcalde como sus socios de gobierno han hecho gala de una postura inflexible y han reclamado ceses de imputados cuando han afectado a otros partidos. Y deberían ahora aplicarse a sí mismos idéntica vara de medir. “En el momento en que se encuentra, con la posición de investigado, debería dejar el cargo, aunque dejamos a su criterio si quiere o no ser coherente con lo que ha exigido a los demás”, ha precisado el concejal del PP. A su juicio, el pacto de gobierno de la izquierda en la alcaldía, Barcala ya está “roto“, totalmente “muerto“.

Lo cierto es que la imputación de Echávarri llega en un momento de máxima tensión entre los socios del tripartito. El primer edil ha llegado a plantearse, según algunas informaciones, arrebatar las competencias de urbanismo al líder de Guanyar y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón. Además de la investigación por los contratos de Comercio, el alcalde suma otro frente judicial que podría acabar en una segunda imputación. La fiscalía está investigando si incurrió en un delito al despedir fulminantemente a una funcionaria interina que es cuñada de Barcala para vengarse de éste porque le había denunciado, tal y como él mismo admitió en Facebook.

Guanyar Alacant y Compromís per Alacant han exigido este viernes la dimisión "inevitable" e "inmediata" de su socio y alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, tras conocerse que será citado como investigado, junto a dos de sus asesores, por el supuesto fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio. La decisión se ha tomado en el seno de la Ejecutiva de Compromís y de la Mesa de Coordinación de Guanyar, que se han celebrado esta noche de manera extraordinaria.

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