El alcalde socialista de Alicante niega haber prevaricado en la adjudicación de contratos

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha negado este viernes ante una juez que haya prevaricado al adjudicar una serie de contratos para la difusión del comercio de la ciudad en la pasada campaña navideña por un importe total cercano a los 190.000 euros. Durante su declaración como imputado ha rechazado que tanto él como dos asesores municipales, también encausados, trocearan las contrataciones para eludir el correspondiente concurso público, según han informado fuentes jurídicas. Sus explicaciones, sin embargo,no convencen a sus socios, Compromís y Guanyar Alacant (confluencia de Podemos e Izquierda Unida), dispuestos a romper el pacto poselectoral que permitió a la izquierda alcanzar el gobierno de la ciudad tras dos décadas de mayoría absoluta del Partido Popular.

Más información

Una juez imputa al alcalde de Alicante y dos asesores por trocear contratos

Echávarri, alcalde de Alicante con los votos de la izquierda y Ciudadanos

Fue precisamente el PP y C’s, en la oposición, los que llevaron el caso a los tribunales. Lo hicieron después de que un técnico y el interventor municipal expresaran sus reparos a que la Concejalía de Comercio, entonces dirigida por el propio alcalde, tramitara esas facturas como contratos menores, previsto para pagos inferiores a los 18.000 euros, límite a partir del cual las administraciones deben recurrir a un concurso público.

El gobierno municipal anuló los 25 expedientes supuestamente irregulares y recabó el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. Las facturas sí se pagaron, en cambio, a los proveedores mediante un reconocimiento extrajudicial de deuda porque sí los habían prestado a precios de mercado y no estaban por tanto bajo sospecha. Además, el pleno acordó la constitución de una comisión de investigación para determinar las posibles responsabilidades políticas. Este viernes debían debatirse en la corporación las conclusiones de cada grupo en el seno de dicha comisión, pero la sesión ha sido aplazada porque coincidía con la ronda de interrogatorios ordenada por el juzgado de Instrucción número 9 de la ciudad.

La polémica ha ido creciendo y alcanzó su punto álgido el viernes de la pasada semana, cuando la juez María Luisa Carrascosa citó como investigados a Echávarri, al jefe de gabinete de alcaldía, Eduardo Díez, y al asesor de la Concejalía de Comercio, Pedro de Gea. El PP se ha personado como acusación particular y la Fiscalía Anticorrupción ha asumido la acción pública.

Los tres implicados han negado en sus comparecencias ante la magistrada que trocearan de forma ilegal los contratos, lo que les acarrearía una pena de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. Echávarri sostiene que confiaba “plenamente“ en sus técnicos y que no conoció el contenido exacto de los trabajos adjudicados por su departamento hasta que un funcionario le alertó de las posibles irregularidades.

El alcalde, que se ha negado a contestar al abogado del PP, ha explicado a la prensa a la salida de los juzgados que estaba “tranquilo“, aunque no ha querido desvelar el contenido de su declaración. Sin embargo, fuentes consultadas por este diario han señalado que ni Echávarri ni sus asesores se han apartado un ápice de las explicaciones que ha dado en la comisión de investigación. Los tres mantienen que los contratos podían adjudicarse de forma individual, aunque se refirieran a un mismo evento, como la gala de comercio de la ciudad, porque no formaban parte de la misma “unidad funcional”.

Echávarri ha reiterado en los últimos días que no va a dimitir y ha expresado su disposición a gobernar en solitario con los seis concejales con que cuenta el PSOE, en una corporación de 29 regidores.“Dimitir sería que Luis Barcala (líder del PP) fuera alcalde en 15 días“, ha dicho. Sus socios en el tripartito de izquierda ya han advertido, en cambio, de que romperán el pacto de gobierno si no deja el cargo.