Oltra se suma a la petición de dimisión del alcalde socialista de Alicante tras su imputación

La vicepresidenta de la Generalitat y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, se ha alineado este viernes con la asamblea local de su partido para exigir la dimisión del alcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, tras su imputación por prevaricación. “Su situación es insostenible”, ha contestado a los periodistas al término de la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

El primer edil alicantino declaró a principios de este mes como investigado (antes imputado) ante una juez de la ciudad por trocear, supuestamente, 25 contratos desde la Concejalía de Comercio. Además, la fiscalía le interrogará el próximo 25 de octubre en el marco de una segunda investigación, derivada del despido fulminante de una trabajadora interina que es cuñada del portavoz municipal del PP.

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Los socios del PSPV el gobierno de la ciudad, Guanyar Alacant y Compromís, ya han decidido romper el pacto poselectoral que permitió a la izquierda arrebatar la vara de mando a los populares tras dos décadas de mayorías absolutas si Echávarri se niega a dejar el cargo. El alcalde ha garantizado que seguirá en su puesto porque se siente objeto de una “persecución del PP” y su dimisión solo serviría en bandeja la Alcaldía a los populares.

“En Compromís tenemos un compromiso con las buenas prácticas, la ética y el buen gobierno. La regeneración democrática es además un eje del Pacto del Botánico, es nuestra guía”, ha recordado hoy Oltra. La vicepresidenta ha respaldado así la “hoja de ruta” que ha marcado en esta crisis política la ejecutiva y la asamblea local de su partido a través de su portavoz en la corporación, Natxo Bellido, a quien ha parafraseado: “Entre la ética y la aritmética, nos quedamos con la ética”.

Además, ha asegurado que esa postura, la exigencia del relevo del alcalde, está en consonancia con la que defiende la ejecutiva regional de Compromís. En su opinión, la situación de Echávarri es “insostenible”, pues se enfrenta a una “investigación judicial en marcha y a otra en ciernes” y los ciudadanos de Alicante “se merecen un gobierno que responda a las expectativas del cambio político, que rescate a personas y regenere la democracia”.

Minutos antes de realizar estas declaraciones, en el pabellón de la Generalitat ubicado en el village de la Volvo Ocean Race, en Alicante, Oltra ha dado cuenta de los principales acuerdos adoptados este viernes por el pleno del Consell. Entre esos acuerdos destaca la creación de una “dirección general de alta inspección” para supervisar el control de las concesiones sanitarias a empresas privadas. El objetivo de esta medida es poner orden “en el caos” heredado de los gobiernos del PP, después de que un informe de la Intervención General de la Generalitat sobre el periodo 2003-2012 haya constatado una “dejación de funciones” por parte de las anteriores consejerías de Sanidad respecto al cumplimiento de estos conciertos.

Por otro lado, el Consell ha decidido capitalizar la deuda de casi 150 millones que tiene con la Generalitat Aerocas, la empresa pública que gestiona el aeropuerto de Castellón. El gobierno surgido del Pacto del Botánico ha constatado que nunca va a cobrar el dinero que en su día prestó la administración autonómica para el “aeropuerto del abuelito”, como lo ha definido Oltra en referencia al apelativo que utilizó para la infraestructura su impulsor, el antiguo presidente de la Diputación castellonense Carlos Fabra.

La Generalitat ha autorizado la compensación de esa deuda a través del aumento de capital en Aerocas, lo que permitirá restablecer su “equilibrio patrimonial” y garantizar su solvencia sin necesidad de realizar un desembolso de dinero en efectivo. Para Oltra, se trata de un “ejercicio de realismo” frente a una “ruina en diferido” procedente de la “herencia recibida” del Partido Popular. “Son los pufos que nos han dejado tras sus años de gobierno”, ha dicho la portavoz del Gobierno valenciano, aunque ha advertido que se depurarán las responsabilidades contables, y penales si las hay, de aquellos gestores.

Por último, la vicepresidenta ha anunciado que los presupuestos autonómicos de 2018 volverán a contar con una “partida reivindicativa” que en esta ocasión asciende a 1.325 millones de euros, una cantidad equivalente a la que la Generalitat tendría que percibir del Estado si estuviera financiada, al menos, como la media de las demás comunidades autónomas.