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Trapero y los líderes soberanistas vuelven a la Audiencia Nacional imputados por sedición

El comisario mayor de los Mossos deberá responder por la supuesta pasividad del cuerpo ante el referéndum ilegal del 1 de octubre

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero a su llegada para declarar en la Audiencia Nacional el pasado día 6. En vídeo, Trapero llega hoy a la Audiencia.

La escena se repite diez días después, pero el contexto ha variado sensiblemente. El comisario mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendente del cuerpo Teresa Laplana y los líderes de las dos grandes organizaciones movilizadoras del independentismo, Jordi Sànchez, de la ANC, y Jordi Cuixart, de Òmnium, vuelven a estar citados este lunes en la Audiencia Nacional como imputados por sedición. La juez Carmen Lamela pretende interrogarlos sobre su papel en las concentraciones masivas organizadas para forzar que se celebrara el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional y que la Justicia había ordenado impedir.

Los cuatro fueron interrogados ya el pasado 6 de octubre —Trapero, Sànchez y Cuixart en persona, y Laplana por videoconferencia— y la juez Lamela optó por dejarlos en libertad sin medidas cautelares hasta examinar un atestado de la Guardia Civil que había recibido esa misma mañana. Este informe del instituto armado sostiene que el máximo responsable de los Mossos está "totalmente involucrado en el proceso separatista" hasta el punto de haber ordenado a la policía catalana que hiciera "funciones de protección y seguridad" a los organizadores de la consulta ilegal.

También le acusan de dar "instrucciones o pautas de actuación" a sus subordinados para que no actuaran para cerrar colegios el día del referéndum. La aparente inacción de los Mossos en aquella jornada, e incluso la labor obstaculizadora de alguno de sus agentes, como ha quedado reflejado en el informe de la Guardia Civil, ha provocado la desconfianza de jueces y fiscales sobre la lealtad de la policía autonómica. El pasado 9 de octubre, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, ordenó que la Policía Nacional acompañara a los Mossos en la vigilancia de esa sede judicial.

La declaración del día 6 se limitó a los altercados ocurridos el 20 de septiembre durante la Operación Anubis, un operativo de la Guardia Civil, bajo orden judicial, en el que fueron detenidos 11 altos cargos de la Consejería de Economía y Hacienda que supuestamente organizaban la logística del referéndum y tres empresarios. El magistrado de Barcelona que llevaba esa investigación, Juan Antonio Ramírez Sunyer, tuvo que llamar personalmente al mayor Trapero para ordenarle que facilitara la salida de la comitiva judicial que registraba la consejería ante la concentración de gente ante las puertas del edificio. En esa ocasión tres vehículos de la Guardia Civil sufrieron graves destrozos. La secretaria judicial tuvo que abandonar el edificio por la azotea.

A los presidentes de ANC y Òmnium, la Guardia Civil y la Fiscalía les acusan de haber sido los organizadores y movilizadores de las protestas contra las actuaciones contra el referéndum. En una resolución por la que insistía en que era competente para investigar delitos de sedición, cuando estos tienen por objeto modificar la forma de gobierno, la juez Lamela consideró destacó el papel "esencial" de Sànchez y Cuixart en la movilización de las masas a favor de la secesión y en contra del cumplimiento de las resoluciones judiciales que prohibían el referéndum. Los atestados del instituto armado detallan los mensajes que las entidades soberanistas movieron por las redes sociales y destacan la actuación de Sànchez y Cuixart el 20 de septiembre, cuando, subidos en el techo de un coche de la Guardia Civil llamaron a la gente a la “movilización permanente”, aunque cuando se produjeron los primeros incidentes trataron, sin conseguirlo, que los manifestantes se disolvieran.

La principal incógnita de la jornada será si la Fiscalía de la Audiencia Nacional que solicita algún tipo de medida cautelar contra los imputados, y si, en caso de ser así, la juez Lamela la acepta. Estas medidas pueden ir, en el caso más extremo, al ingreso en prisión incondicional, o, en casos más leves, la libertad bajo fianza, la entrega del pasaporte, la prohibición de salir de España o las comparecencias periódicas en el juzgado más próximo a su domicilio. Tras la primera declaración de Trapero, la fiscalía consideró "poco convincentes" sus alegaciones exculpatorias.

En estos diez días, la tensión sobre Cataluña se ha incrementado notablemente con la declaración de independencia lanzada por el president Carles Puigdemont e inmediatamente puesta en suspenso, la activación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno central y las presiones de las entidades soberanistas y la formación antisistema CUP a Puigdemont para que se proclame la república definitivamente. El comienzo de la declaración de Trapero y los líderes soberanistas coincide casi exactamente con el plazo fijado por el Gobierno en su requerimiento a Puigdemont para que aclare si lo que hizo el pasado martes era una declaración de independencia o no. Esa respuesta flotará inevitablemente en el ambiente este lunes en la Audiencia Nacional.

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