El jefe de los Mossos comparece ante la justicia por sedición

El jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, declara hoy ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela como investigado por los sucesos del 20 de septiembre. Ese día, miles de personas se agolparon ante el Departamento de Economía de la Generalitat, en Barcelona, para protestar por las detenciones de los organizadores del referéndum ilegal. Las protestas derivaron en altercados que obstaculizaron, sin impedirla, la labor de los guardias civiles y de la secretaria judicial, que debió salir por una azotea. La Fiscalía se querelló contra Trapero —cuya actuación también está en duda por la pasividad de los Mossos en la jornada del referéndum del 1 de octubre— y contra la intendente del distrito del Eixample de Barcelona, Teresa Laplana.

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La comparecencia del jefe de los Mossos —aplaudido por su actuación tras los atentados de Barcelona— ante la justicia es un hecho inédito. Trapero ya ha avanzado que prestará declaración y que aportará todos los informes sobre la actuación policial esa jornada que, en su opinión, demuestran el buen hacer del cuerpo. Trapero y Laplana serán defendidos por un abogado de los servicios jurídicos del Departamento de Interior. Los otros dos querellados —el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart— serán defendidos por abogados privados. A todos ellos les acompañará una representación de diputados del PDeCAT.

Trapero afronta cargos por el delito de sedición, un tipo penal casi virgen en democracia, aunque figure en todos los códigos penales españoles desde 1822. Castiga con hasta 15 años de cárcel a quienes “se alcen pública y tumultuariamente” para “impedir” por la fuerza o fuera de la ley, entre otras cosas, el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Sin embargo, este delito, tanto por su redacción como por su ubicación en el código, ha abierto discrepancias jurídicas sobre su alcance y sobre la competencia de la Audiencia para investigarlo y enjuiciarlo.

Hasta ahora, el delito de sedición casi no se ha aplicado en España. Las acciones para evitar el cumplimiento de resoluciones judiciales, incluso cuando un grupo numeroso de personas ha empleado la fuerza, se han juzgado como delitos de desobediencia, resistencia a la autoridad o atentado.

En el caso catalán, la sedición fue invocada por primera vez por la Fiscalía de la Audiencia a fines de 2015 tras aprobar diversos Ayuntamientos mociones de adhesión a una resolución del Parlament que rompía con la legalidad española y las sentencias del Constitucional. Las denuncias contra varios alcaldes fueron archivadas por los jueces centrales de Instrucción, decisión confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia.

 El presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, se acogerán hoy, previsiblemente, a su derecho a no declarar ante la Audiencia Nacional. Ambos están citados por sedición. La Fiscalía cree que, el 20 de septiembre, lideraron el boicoteo a una operación de la Guardia Civil (ordenada por el juez) contra cargos del Gobierno por el referéndum. Fuentes de la defensa alegan que Sànchez y Cuixart no alentaron la protesta, sino que trataron de minimizarla. Los líderes de las entidades que han organizado las últimas Diadas masivas siguen así la estrategia de los alcaldes secesionistas investigados por la Fiscalía que también se negaron a declarar.

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