El Gobierno aguarda al siguiente paso de Puigdemont para tomar medidas

El Gobierno esperará a tomar las medidas extraordinarias que tiene en cartera hasta conocer los pasos que dé el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Una vez que el líder independentista haga públicos sus planes, que podrían incluir la proclamación de la independencia de Cataluña en el pleno del Parlament del lunes, Rajoy tomará las decisiones oportunas ante la "deslealtad inadmisible" del Govern que subrayó Felipe VI en su discurso televisado del 3 de octubre. Aunque el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reconocido este miércoles que no se puede impedir que “el señor Puigdemont declare la independencia”, también ha recalcado que esta no tendría “ninguna validez o efecto”.

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Ante la llamada del Monarca a restaurar el orden constitucional en Cataluña, el Ejecutivo se muestra dispuesto a actuar, aunque mantiene su estrategia reactiva, lo que este miércoles ha provocado las críticas de Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que se ha dicho "preocupado" por "la falta de liderazgo del Gobierno en estos momentos". Sin embargo, Rajoy apuesta por cargarse de razones y hechos antes de tomar medidas excepcionales contra los independentistas, que solo han incluido un único punto en el orden del día del pleno del lunes del Parlament: que Puigdemont analice el referéndum del 1 de octubre.

El Gobierno no adelanta qué medidas va a adoptar para hacer frente a los siguientes pasos de las autoridades catalanas en su proceso secesionista, pero asegura que tiene todo previsto. Aunque el presidente avisó a Puigdemont de que no le obligara a tomar medidas que no quería adoptar, ahora en Moncloa ya no dudan en que será imposible evitarlas. Pero actuarán cuando lo haga el Govern, previsiblemente después de que se haga una declaración de independencia.

No cree el Gobierno que hasta ahora hayan fallado desde la perspectiva de las normas. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recordado este miércoles los pasos que ha dado el Gobierno y precisó que continuará actuando en la misma línea.

“El señor Puigdemont no puede declarar la independencia, entre otras cosas porque la Generalitat no tiene las competencias. Es algo que no es posible. Y como no es posible, no será”, ha señalado el ministro, que se desplazó a Asturias y Galicia para participar en actos relacionados con su departamento. A la pregunta de si el Gobierno puede decir que no habrá declaración de independencia, ha respondido: “Nosotros no podemos evitar que el señor Puigdemont declare la independencia, pero es que esa declaración no tiene ninguna validez, no tiene ningún efecto ni ninguna consecuencia. Se tomarán todas las medidas para garantizar que se cumplen las leyes”, ha asegurado.

El titular de Justicia ha recordado que las leyes aprobadas por el Parlament para dar sustento al proceso independentista han sido suspendidas por el Constitucional. “Todo esto es una falacia”, ha argumentado Catalá. “Todo esto no existe”, ha seguido. “Se pretende hacer con un soporte de ilegalidad”, ha añadido en referencia a las leyes suspendidas. “Todo lo que de ahí derive son planteamientos al margen de la ley. Estamos llegando al absurdo. Se están llevando a cabo actuaciones sin ningún fundamento legal”, ha reiterado el ministro ante la pregunta de qué hará el Gobierno si el Parlament declara la independencia de Cataluña el próximo lunes. “No es posible que una parte del territorio sea declarado independiente por el Parlament porque no tiene competencias. No se va a declarar la independencia”, ha sentenciado Catalá.

No considera el Gobierno que debería haber tomado medidas después del 1 de octubre, sino que debe aguardar para aplicar iniciativas que pueden afectar a las autoridades catalanas y al funcionamiento del Parlamento catalán. A cada acción una reacción. Esta es la dinámica en la que se mueve el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el desafío secesionista incluso en el momento de mayor crisis como es el actual, en vísperas de una posible declaración unilateral de independencia. Ante la llamada del Monarca a restaurar el orden constitucional en Cataluña, como proclamó Felipe VI en un discurso televisado en la noche del 3 de octubre, el Ejecutivo asegura que el discurso del Rey, tanto en el diagnóstico, como en sus apreciaciones, son plenamente coincidentes con sus planes de acción para “restaurar el orden constitucional”. 

Entre otras opciones, Mariano Rajoy tiene la posibilidad de activar el artículo 155 de la Constitución (que le permitiría obligar a la Generalitat a cumplir la ley); usar la Ley de seguridad nacional (mediante un real decreto); o declarar el estado de emergencia (lo que es improbable, puesto que esta previsión constitucional está diseñada para combatir plagas y catástrofes naturales). El distanciamiento del Ejecutivo con el PSOE tras la gestión policial del referéndum del 1 de octubre dificulta que La Moncloa pueda optar por decretar el estado de excepción o el de sitio en Cataluña, para lo que necesitaría mayoría absoluta en el Congreso.  

Reunión de Rajoy con representantes de la Iglesia

Mientras tanto, Rajoy, se reunió el martes por la tarde en el Palacio de la Moncloa con los cardenales y arzobispos de Barcelona y Madrid, Juan José Omella y Carlos Osoro. A la cita no ha asistido el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Bláquez, con quien el presidente del Gobierno no oculta su enojo, ya que este organismo emitió la semana pasada un comunicado en el que conminaba a las partes al "diálogo". Una equidistancia que ha molestado en La Moncloa.

Precisamente este miércoles, el Gobierno de la Generalitat ha iniciado contactos con el Arzobispado de Barcelona y con el abad de Montserrat a fin de sondear la posibilidad de que ejerzan un rol de mediación en la cuestión catalana, según informa EFE. De hecho, la sede del Arzobispado de Barcelona, situada muy cerca del Palau de la Generalitat, ha recibido esta mañana la visita del vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras.

Además, el presidente del Gobierno se ha intercambiado mensajes este miércoles con Pablo Iglesias, el líder de Unidos Podemos, sobre la crisis territorial en Cataluña.