Resistir a contracorriente

La vida no resulta nada fácil estos días en Lleida si no estás a favor del referéndum ilegal de independencia. Y menos si eres uno de 16 alcaldes, todos del PSC, o un cargo público del partido que sea contrario al procés. El resto de regidores de los 231 municipios que se reparten por la provincia más extensa de Cataluña quiere un país propio, en el que a Lleida le correspondería la mayor parte de la frontera terrestre con España de ese hipotético Estado independiente. “Había una convivencia exquisita pero han roto la sociedad... Lo peor es que están utilizado la educación: lo de esta noche con padres y niños durmiendo en escuelas es horroroso”, lamenta Àngel Ros, alcalde de la capital de 140.000 habitantes y presidente de los socialistas catalanes. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se reunió el viernes en la ciudad con 200 miembros de su partido en una muestra de apoyo.

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Ir a la contra se penaliza en Lleida, tierra agrícola de orografía complicada y la segunda circunscripción donde Junts pel Sí obtuvo el mejor resultado en las elecciones autonómicas de 2015, con un 55,16% —56,05% en Girona—, al igual que la CUP con un 8,15% (8,58%). La presión se aplica de múltiples maneras. Desde los insultos genéricos con pintadas en Ayuntamientos y sedes de partidos, a los ataques personalizados en redes sociales o por métodos analógicos. Como serrar 25 árboles frutales a quien se había declarado en contra de facilitar locales para el referéndum. Algunas amenazas han adquirido tales dimensiones que hay quienes estos días llevan escolta. Ninguno de los afectados se atreve a dejar el anonimato. Prueba de ello es que todos los consultados por EL PAÍS mantedrán hoy un perfil bajo. Por regla general, no se dejarán ver fueran de sus casas. , “Así están las cosas”, resume un dirigente socialista que desde hace un par de semanas no lleva a sus hijos al colegio. “Por ellos, no por mí”, asiente. Los secesionistas han alterado las fiestas de la Tardor pidiendo la dimisión de Ros por su negativa a ceder locales para la votación de hoy. Los festejos y la feria agraria de Sant Miquel, dos de los eventos más importantes del año de Lleida, coinciden con el reto soberanista. Ros repasa cómo se ha empapelado con octavillas a favor de la independencia el Ayuntamiento, una joya del románico del siglo XIII —lo mismo le ocurrió a un coche patrulla de los Mossos d’Esquadra, al que pegaron pasquines con mensajes como Votem per ser lliures—, y se ha lanzado pintura contra la sede del PSC, a pocos pasos del Consistorio. PSOE = GAL y Farem el referéndum eran algunas de las consignas. Arran, el movimiento juvenil vinculado a la CUP, instó en una campaña en redes a mediados de septiembre a “señalar” a los concejales de Lleida contrarios a la consulta identificando a los ocho ediles del PSC, cuatro de Ciudadanos y dos del PP. “El tripartito de Lleida no nos quiere dejar votar. ¡Señalémoslos!”, recogía el cartel, en el que se animaba a “desobedecer”. Parte de los concejales denunciaron los hechos a los Mossos.“Siempre hemos estado en el foco, pero mucho más desde el acuerdo que dio la alcaldía de Lleida al PSC en julio de 2015”, expone Ángeles Ribes, la líder de la formación en la capital. El acuerdo entre Ciudadans y PSC incluye que Lleida no forme parte de la Asamblea de Municipios por la Independencia, que trámites burocráticos del Consistorio se puedan realizar en catalán y en castellano y que del Ayuntamiento no cuelgue la estelada (ayer lo hacía desde un despacho de un partido independentista, por encima de las oficiales). En el resto de la provincia, Ciudadanos tiene concejales en Vielha, Balaguer y Alpicat. “La familia es quien peor lo pasa”, resume Ribes, que ha denunciado en la fiscalía un anónimo.“Cuanto más pequeña es la localidad, la presión deja menos indiferente”, expone Enric Colom, alcalde los últimos 30 años —tiene 58— de Torreserona, una población de 385 habitantes en la comarca del Segriá, muy cerca de Lleida. “He cumplido escrupulosamente con la ley, pero el trato con los vecinos ha empeorado muchísimo porque no entienden mi posicionamiento como alcalde... Me reprochan que no les dejo votar... Y sí, es muy duro y además no es una competencia nuestra. La falta de entendimiento entre los Gobiernos central y autonómico hace que pringuemos los que estamos en la base”, lamenta. Su caso no es ni mucho menos excepcional. “El fin de semana pasado pintaron en la entrada principal del Ayuntamiento, con spray rojo, Independència a mort, malparits y el anterior fin de semana lo empapelaron con carteles de Votarem sí o sí”, cuenta Kléber Esteve, alcalde desde 2007 de Alfarràs (casi 3.000 habitantes). Esteve, de 41 años, reconoce que “hace días” que no se asoma por las redes sociales ni por Facebook: “Está la gente muy alterada”.

Apoyo en privado

“A mí me votaron independentistas que ahora no me hablan”, explica Dante Pérez, regidor de 31 años de Gimenells i el Pla de la Font (1.110 habitantes), a 25 kilómetros de Lleida y lindante con Aragón. “Tengo a medio pueblo que me apoya en privado, ya sea por teléfono o parándome por la calle cuando no hay nadie. Me dicen que siga así, pero hay otra parte, casi la mitad, que cuando me ven giran la cara”, añade. “Los alcaldes no independentistas vamos un poco a contracorriente”, resume Pérez, elegido en 2015 y que responsabiliza al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de “incitar a la presión” sobre quienes no son independentistas. Él mismo ha recibido correos electrónicos anóminos y mensajes en Twitter. Hoy no tiene previsto hacer nada especial. “Lo que está claro es que no pasaré por delante del centro donde tienen previsto votar”.

“Lo más suave que te llaman es ‘fascista’ o ‘iros a vuestro país’. ¡Fascistas ellos que se dedican a arrancar las banderas españolas!”, clama Dolors López, presidenta del grupo municipal del PP en Lleida y diputada autonómica de 58 años. Como los otros 20 concejales del PP en la provincia, hoy costará verla. “Hay que ser prudente en estas ocasiones”, dice.

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