El Gobierno descarta a Puigdemont y Junqueras como interlocutores tras el referéndum
El Ejecutivo advierte al Govern de que las competencias de los Mossos son delegadas
![El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, comparece ante los medios tras el Consejo de Ministros.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/6QZTX45KWNXJJL76FW3N3GFCLE.jpg?auth=9614b3b699bf559eef12df7ab4f0efe55123b84538ad8e9e32b0bf5d0ff336bb&width=414)
El Gobierno ha descartado este viernes que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras puedan actuar como interlocutores de Mariano Rajoy en cualquier posible negociación tras el 1 de octubre, fecha elegida por los independentistas para celebrar un referéndum ilegal.
"El señor Puigdemont ha incurrido en una gran deslealtad con el Estado y la sociedad catalana: él sabrá si considera que puede ser interlocutor", ha dicho Íñigo Méndez de Vigo, el portavoz del Ejecutivo, tras la reunión del Consejo de Ministros. “Por supuesto que diálogo con el señor Puigdemont, no. El único diálogo que tendrá el señor Puigdemont será con la justicia. Solo le queda dimitir”, ha abundado Dolors Monserrat, ministra de Sanidad, en RNE. Fuentes gubernamentales, finalmente, han sido aún más explícitas al recalcar que ningún miembro del Govern catalán "ni sus socios [en referencia a la CUP]" están legitimados para empezar algún tipo de diálogo con La Moncloa después de la consulta. Además, Méndez de Vigo ha advertido a los promotores del referéndum de que tendrán que afrontar en los tribunales las consecuencias de haber impulsado una consulta “ilegal” que, en todo caso, ha dicho, no se celebrará.
“[Los promotores de la consulta] Tendrán que responder en un Estado de derecho”, ha recordado Méndez de Vigo. “Los responsables incurren en una muy grave deslealtad institucional, de la que sin duda responderán ante los tribunales de justicia”, ha seguido. Y ha subrayado: “Cumplirán con las responsabilidades personales y patrimoniales que les adjudiquen los tribunales”.
A 48 horas de que los independentistas catalanes se movilicen para votar en la consulta del 1 de octubre, el portavoz del Gobierno ha repasado las carencias materiales y legales con las que se quiere celebrar la consulta. No hay papeletas, ni locales autorizados, ni mesas electorales constituidas, ni censo oficial, ni administración electoral, ha enumerado Méndez de Vigo. Eso, ha dicho el portavoz del Gobierno, que ha reconocido que sí puede que se coloquen algunas urnas, lleva “al caos y la improvisación”. Y ha subrayado: “El presidente Puigdemont dijo que la votación iba a ser como siempre y estamos viendo que quieren que haya votación como sea".
Competencias de seguridad cedidas
La consulta no tendrá ninguna validez ni reconocimiento, ha sostenido el portavoz, quien también ha recordado que las competencias de seguridad de los Mossos son una delegación del Gobierno central, en aplicación del artículo 150.2 de la Constitución. Toda una insinuación de que ese proceso puede revertirse si la Administración central considera que la policía autonómica catalana no está colaborando en impedir el referéndum.
La disposición transitoria quinta de la Ley que rige los trabajos de este cuerpo policial establece que "mientras dure el proceso de despliegue del Cuerpo de «Mossos d'Esquadra», las funciones que se establecen en el artículo 12 también pueden ser ejercidas por unidades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en los términos de los acuerdos de coordinación que se establezcan". Además, el Gobierno también podría asumir las competencias de seguridad aplicando el artículo 155 de la Constitución, cuya tramitación requiere de unos cinco días, según cálculos del Ejecutivo.
No ha sido el único debate del Consejo de Ministros relacionado con Cataluña. El Gobierno ha acordado presentar tres recursos ante el Tribunal Constitucional contra leyes de la Generalitat: la de protección social, que trataba de constituir una Seguridad Social catalana, según la opinión del Gobierno; la de medidas de protección de derechos de vivienda de personas en riesgo de exclusión social; y la ley de voluntades digitales.
“El Gobierno va a hacer cumplir las leyes”, ha dicho Méndez de Vigo sobre el pulso legal en el que están midiéndose La Moncloa y el Govern. “Todos somos responsables de nuestros actos”, ha recalcado. “El Gobierno defenderá el principio constitucional de soberanía nacional, que reside en todo el pueblo español y no solo en parte del mismo”.
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