Las consejeras de Educación y Trabajo asumen las funciones de los directores de colegios y centros cívicos

Las consejeras de Educación, Clara Ponsatí,  y Trabajo, Dolors Bassa, han anunciado este viernes que asumen las funciones de los directores de colegios y responsables de centros cívicos con el objetivo de eximirles de responsabilidad jurídica de cara al referéndum previsto para el 1 de octubre. Se trata de una medida temporal hasta el 2 de octubre a las siete de la mañana.

Ponsatí ha firmado esta mañana una resolución mediante la cual asume la responsabilidad de los centros educativos como titular del Departamento. Esta actuación, explica en el documento, responde "a la situación excepcional que vive la sociedad catalana que afecta al conjunto de la administración de la Generalitat". Con esto, sigue la nota, se pretende garantizar la "eficacia, eficiencia y coordinación de la actuación administrativa". La medida afecta a todos los centros escolares públicos que gestiona el Departamento de Enseñanza, sean colegios electorales el domingo o no. En el aire quedan, no obstante, algunas escuelas e institutos concertados —propiedad de órdenes religiosas como los Jesuítas, por ejemplo— que están previstos como colegios electorales pero no están incluidos dentro de esta resolución.

Por su parte, Bassa ha firmado otra resolución en la que asume el control de unos 50 centros cívicos y albergues propiedad de la Generalitat, que el Govern prevé utilizar como puntos de votación el domingo. Los responsables de estos centros cívicos son trabajadores del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales.

Fuentes del Govern matizan en que no se trata de destituciones ni ceses. El término jurídico empleado por las dos consejeras en las resoluciones es avocar. Esto es, que los directores de los colegios y los responsables de los centros cívicos se mantienen en sus cargos pero exentos de sus funciones, que quedan en manos de las las titulares de Educación y Trabajo, respectivamente. En su caso, Ponsatí justifica su resolución apelando a la ley 26/2010, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña. En su artículo 9, la norma recoge que los órganos administrativos superiores pueden "avocar" las funciones de esto cargos cuando "circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente".

La federación de educación del sindicato CC OO, que junto a UGT habían puesto en tela de juicio las garantías jurídicas dadas por el Govern a los directores de los colegios, ha valorado positivamente "el cambio de actitud de la consejera Ponsatí". "No es lo que nosotros queríamos porque no es la misma protección que tiene, por ejemplo, la sindicatura electoral pero a estas alturas, es lo máximo que podemos conseguir", ha reconocido Manel Pulido, de CC OO. El sindicalista ha asegurado que la medida "no tranquiliza completamente", pero va "en la línea" de lo que ellos pedía, que era el cese de todos los directores de forma temporal, tal y como hizo hace unos días el consejero de Salud, Toni Comín, con los presidentes de los consorcios y empresas públicas sanitarias para garantizar que los médicos y enfermeros de guardia el domingo pudiesen votar.

Planes para abrir las escuelas

Por otra parte, la plataforma 'Som Escola', que agrupa a sindicatos de enseñanza y asociaciones de padres, ha hecho una llamamiento para acampar y organizar actividades en las escuelas designadas como centro de votación para evitar precintos y que se pueda celebrar el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

Los comités de defensa del referéndum ideados por la CUP para mantener abiertos los colegios también han empezado a reunirse en varios municipios de Cataluña para empezar a organizarse. Este viernes, por ejemplo, vecinos del barrio de Gràcia se reunían en la plaza de la Vila, sede del ayuntamiento del distrito, para estudiar la situación de los colegios electorales del vecindario.