La Fiscalía activa a las policías locales de toda Cataluña contra el referéndum

Una nueva instrucción del Fiscal General del Estado activa a las policías locales de todos los municipios de Cataluña contra la celebración del referéndum ilegal de autodeterminación convocado para el próximo 1 de octubre por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus consejeros. El ministerio público ha dado orden a todos los jefes de las policías locales, desde la Guardia Urbana de Barcelona a los agentes del municipio más pequeño, de “tomar las medidas necesarias” para evitar la consulta “requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas” y cualquier elemento de “difusión, promoción o ejecución” del referéndum ilegal.

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La instrucción se remitirá a los cuerpos locales a través de los jefes de las unidades de Policía Judicial de los Mossos d’Esquadra de cada territorio. La policía autonómica se dirigirá a los jefes de policía municipal por escrito y pedirán acuse de recibo de la orden de la fiscalía. Esta decisión de la Fiscalía supone redoblar la presión sobre los alcaldes después de la orden de la fiscalía de este mismo miércoles por la que abre diligencias de investigación y citará a los regidores que han manifestado su voluntad de colaborar con la convocatoria del 1 de octubre con la advertencia de que serán detenidos en caso de no comparecer.

La acción del ministerio público afecta también a los alcaldes que se han mostrado reticentes o contrarios a ceder los espacios municipales para organizar la consulta. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha manifestado “dispuesta” a ceder locales municipales el 1 de octubre, aunque con una condición imposible de cumplir: ha solicitado a Puigdemont “garantías” de que la organización del referéndum no pondrá en peligro a los funcionarios municipales.

La orden de la Fiscalía pone claramente a la Guardia Urbana, que depende de Colau, a evitar el referéndum: los agentes municipales –en Barcelona y en toda Cataluña- deberán elaborar “de forma urgente” un atestado o informe en cuanto tengan conocimiento de cualquier hecho tendente a promover, organizar o celebrar la consulta. Ese informe será remitido a los Mossos, quienes lo enviarán al fiscal jefe de la provincia donde ocurran los hechos.

Los sindicatos aplauden la decisión

Manel García, secretario general de SAPOL, el sindicato mayoritario de la Guardia Urbana, aplaudía hoy la instrucción: “No por ideología sino porque la semana pasada pedimos a nuestros superiores, incluido Colau, información sobre que directrices iban a darnos el día del referéndum. No nos han contestado. Un informe de los servicios jurídicos de SAPOL nos ha alertado que estamos obligados a cumplir con la Constitución. Además, este documento remarca que debemos incumplir ordenes ilegales a la vez que estamos obligados a acatar ordenes judiciales. La instrucción de fiscalía nos aclara, al fin, cual es nuestro papel sin incumplir con la legalidad. Sin directrices, nos jugábamos poder ser inhabilitados como policías”.

Juan Ávila uno de los portavoces del Sindicato Profesional de Policías Municipales de Cataluña (SPPM—CAT) prefería mantenerse al margen y “confiar en que encuentren una solución las administraciones correspondientes”.

Horas antes de la instrucción, el sindicato CSIF había solicitado a la Fiscalía Superior de Cataluña que ordenara a los 214 cuerpos de policías locales en esta comunidad que actúen para impedir el referéndum, tal y como se lo ha dictado a Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil. 

CSIF presentó ante la fiscalía de Cataluña un escrito en el que solicita que la instrucción dada ayer a los mandos policiales de estos tres cuerpos incluya a las policías municipales, pues argumentaba que esos agentes son también fuerzas y cuerpos de seguridad con funciones de policía judicial.