Puigdemont planea un referéndum sin urnas transparentes ni cabinas

“Ya tenemos más de 6.000 urnas. No veo cómo el Estado puede frenar el 1-O”, presumió el president Carles Puigdemont al Financial Times el pasado 25 de agosto. Puigdemont no aclaró cómo las ha conseguido. Ni dónde las guarda. La pugna por las urnas ha sido una de las escaramuzas previas al choque de trenes del 1 de octubre, con el Estado y la Generalitat jugando al ratón y al gato. Sin urnas no hay referéndum, como tampoco sin papeletas o colegios electorales.

No se sabe cómo son las urnas que asegura tener escondidas Puigdemont, pero sí puede suponerse cómo no son. El decreto de normas complementarias para la celebración del referéndum, aprobado por la Generalitat el pasado día 7, señala que “cada mesa electoral dispondrá de una urna de material resistente con una tapa que incluirá una ranura en el centro por donde se introducirán los votos”. Lo que no dice, al contrario que el real decreto 605/1999, en el que se han basado hasta ahora todos los procesos electorales en Cataluña, es que las urnas deberán ser de “material transparente”, lo que supone una garantía contra el fraude.

En la “consulta participativa” del 9 de noviembre de 2014 se emplearon urnas de cartón, confeccionadas por presos, pero Puigdemont prometió a la CUP que esta vez serían urnas de verdad (metacrilato) para dar mayor solemnidad al proceso. No resulta tan fácil: la Generalitat tuvo que declarar desierto en junio pasado un concurso para adquirir 8.000 urnas, a razón de unos 20 euros por unidad (10 veces más que las del 9-N), mientras Hacienda fiscalizaba semanalmente sus gastos para impedir el desvío de un solo euro para el referéndum.

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El objetivo de la norma que obliga a que las urnas sean transparentes es garantizar que no se cuelan papeletas fraudulentas por lo que, además, estas son precintadas por los secretarios de las juntas electorales antes de entregárselas a los presidentes de las mesas. Sin embargo, según las normas del referéndum del 1-O, serán los propios miembros de las mesas e interventores los encargados de precintarlas.

En realidad, el decreto de normas complementarias del referéndum no hace más que copiar, casi textualmente, el de 4 de agosto de 2015 que regulaba la celebración de las elecciones al Parlamento catalán del 27 de septiembre de aquel año. Pero incluye algunos cambios, que no son casuales.

Por ejemplo, y no es un tema menor en un referéndum en el que existe una fuerte presión social, no prevé la existencia de cabinas en los colegios para garantizar el secreto del voto, cuyas características técnicas y dimensiones se fijan al detalle en todas las convocatorias electorales. En cambio, el decreto del 1-O se limita a señalar que “se habilitará […] un espacio a fin de que los electores que lo deseen puedan marcar la opción preferida en la papeleta manteniendo el secreto del voto”. Eso sí, los votantes no se podrán traer la papeleta impresa de casa, como sugirió el conseller de Presidencia, Jordi Turrull: según el decreto, las papeletas “serán confeccionadas y distribuidas” por la Generalitat.

Si no fuera porque la propia ley del referéndum ha sido suspendida por el Constitucional, las normas dictadas por la Generalitat para su celebración incluyen suficientes motivos de impugnación. Por ejemplo, usa el censo electoral de 30 de marzo pasado, en lugar del de dos meses antes de la convocatoria; no fija un plazo para la consulta del censo ni para presentar reclamaciones; deja en manos de la Generalitat, y no de los ayuntamientos, la formación de las mesas electorales; no incluye el pago de indemnizaciones ni la protección de la Seguridad Social para los miembros de las mesas; y, sobre todo, no prevé la posibilidad de recurrir su resultado ante los tribunales.