La Fiscalía cita al mayor de los Mossos por el referéndum ilegal
El responsable de la policía catalana recibirá instrucciones sobre cómo actuar para frenar la votación
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. El responsable policial ha sido llamado a una reunión este martes por la mañana, el día después de la Diada de Cataluña en las que entidades independentistas llamaron al Govern a practicar la insumisión a los tribunales.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que Trapero ha sido citado junto a mandos de la Policía y de la Guardia Civil. El motivo es darle instrucciones sobre cómo deben actuar los cuerpos que actúan como policía judicial para paralizar el referéndum.
La Fiscalía General del Estado ya dictó el pasado jueves un oficio en el que ordenaba a los máximos responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra en las cuatro provincias catalanas que tomen las “medidas necesarias” para impedir la promoción, organización y celebración del referéndum ilegal.
Para ello, deberán intervenir los efectos o instrumentos destinados a tal fin, como urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas, impresos o elementos informáticos.
Con ese fin, la Fiscalía pide que, si es necesaria, se acuerde la pertinente orden de entrada y registro en domicilios y otros lugares que requieran autorización judicial y también ordena elaborar el correspondiente atestado ante “cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios públicos o de particulares”.
Así lo señala el escrito remitido por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tanto al fiscal superior de Cataluña como a los fiscales jefes provinciales, en cumplimento de la resolución del Tribunal Constitucional que suspendió el pasado jueves la ley de referéndum y la convocatoria de la consulta del próximo 1 de octubre.
El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, forma parte también de los mil cargos autonómicos y locales que el Tribunal Constitucional ha apercibido a petición del Gobierno central para que paralicen cualquier preparativo del referéndum.
La Fiscalía pidió, además, el cierre de la web oficial del referéndum a través de las que se está impulsando y dando “una apariencia de cobertura legal” al referéndum de independencia y que impongan fianzas si es necesario a Puigdemont y los miembros del Gobnierno catalán para asegurar sus responsabilidades pecuniarias como medida cautelar.
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