El PP advierte a los alcaldes catalanes que faciliten el referéndum de que serán inhabilitados

El partido de Rajoy se moviliza para apoyar a los regidores opuestos a la consulta

Fernando Martínez-Maillo, en una imagen de archivo.
Fernando Martínez-Maillo, en una imagen de archivo. Tarek Mohamed (EFE)

Los alcaldes que faciliten la celebración del referéndum independentista convocado para el 1 de octubre serán inhabilitados. Así lo ha advertido este viernes Fernando Martínez-Maillo, coordinador nacional del PP, que también ha empleado el arranque de la 23ª reunión intermunicipal del partido para mostrar su apoyo a los regidores catalanes que se opongan a que se usen las instalaciones municipales para la consulta. El Gobierno ha optado por una doble vía para impedir que los Ayuntamientos catalanes posibiliten la votación. Primero, pedirle al Tribunal Constitucional que comunique a los 947 alcaldes de esta Comunidad Autónoma que todas las decisiones del Parlament en favor del proceso soberanista han sido recurridas e impugnadas. Y segundo, escribir directamente a los secretarios de todos los Ayuntamientos para que conozcan todas esas medidas.

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"Algunos alcaldes ya han firmado su colaboración con esta barbaridad", ha recordado Fernando Martínez Maillo, coordinador nacional del PP. "En Cataluña hay ahora una cierta borrachera independentista, y algún alcalde probablemente esté pensando, 'Somos 300 o 400, ¿qué me va a pasar?' Pues sí pasa", ha advertido. Y ha subrayado: "Pregúntenselo a Mas y a Homs [políticos catalanes inhabilitados por organizar la consulta del 9-N]. Se equivocan si piensan que no va a pasar nada. Si no tienen respeto por la Ley y el cargo que ocupan, reflexionen sobre su futuro político y personal. La justicia al final llega. Después de la borrachera independentista, a más de uno le va a dar dolor de cabeza".

"Hace muy poco se ha mandado requerimiento a los alcaldes que no contribuyan en esta tropelía que se quiere perpetrar por parte de los representantes de la Generalitat", ha subrayado María dolores del Cospedal, secretaria general del PP. "Vivimos circunstancias excepcionales en una democracia que se precie de serlo", ha proseguido la ministra de Defensa. "A los ojos del mundo entero, representantes de la Generalitat y del Parlamento de todos los catalanes, los primeros obligados a cumplir y hacer cumplir la ley, cruzaron esa sagrada línea roja que hay entre la democracia y un golpe antidemocrático", ha añadido. "Son unos auténticos carceleros de la democracia, unos auténticos carceleros del Estado de derecho y de las libertades que garantiza", ha lamentado.

A primera hora del jueves, la Generalitat informó con una carta a todos los alcaldes catalanes de la aprobación de la ley de convocatoria del referéndum. El texto, firmado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, presidente y vicepresidente de la Generalitat, respectivamente, también advertía a los regidores de que el Govern dispondría de los espacios públicos del consistorio para la consulta del 1 de octubre. Y abría un plazo de 48 horas para que los alcaldes plantearan sus dudas y pidieran aclaraciones. Desde entonces, se han sucedido tanto las muestras de rechazo a la consulta como las de apoyo.

"Los Ayuntamientos no pueden estar bajo ningún concepto en este momento al servicio de los que quieren romper España", ha coincidido Javier Arenas, histórico senador del PP. "Es inadmisible", ha recalcado. "Les pedimos, es un ruego, que no se presten a ser cómplices de ese proyecto de ruptura", ha seguido. "En todos los Ayuntamientos de España tiene que imperar el Estado de derecho. Están usando a los alcaldes como escudo para protegerse de sus ilegalidades. Nuestro apoyo a los cientos de alcaldes de Cataluña que están al lado de la ley y de la democracia. Saben que antes que del PP, del PSOE o de Podemos hay que ser demócratas".

Además de garantizarse un censo fiable y las urnas para la consulta, asegurar que cada municipio tenga suficientes locales de votación es la máxima preocupación del Gobierno catalán con vistas al referéndum. Durante los últimos meses, la Generalitat ha radiografiado todos los municipios en busca de locales públicos alternativos por si los alcaldes acaban por no facilitar ninguno. En este caso la Generalitat se ha fijado en institutos de secundaria, centros cívicos e incluso ambulatorios.

"Hago un llamamiento para que no cedan ante la insurrección y el chantaje que quieren imponer a la democracia", se ha sumado Diego Gago, presidente de las Nuevas Generaciones del PP. "Que no se asusten ni se amedrenten, porque nuestra democracia estará siempre por encima de aquellos que se quieren saltar la ley".

Sobre la firma

Juan José Mateo

Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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