El Tribunal de Cuentas aclara que aún no exige la fianza de 5,1 millones a Mas

El Tribunal de Cuentas ha aclarado este miércoles que la citación de Artur Mas y otros cargos independentistas para declarar por los gastos originados por la consulta del 9-N de 2014 no implican fianza alguna. El expresidente de la Generalitat y otros cargos de su gobierno se arriesgan a tener que cubrir con su patrimonio los gastos generados por esa votación, que ascienden a 5,1 millones de euros. El Tribunal de Cuentas explica que solo una vez terminada la instrucción y estudiadas las alegaciones presentadas “se exigirá el depósito y afianzamiento de los daños perjudicados al erario público a los presuntamente responsables, sin perjuicio de lo que, posteriormente, se decida en el correspondiente procedimiento de reintegro por alcance”.

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Precisamente, Mas ha lamentado este miércoles que hacer frente a esa cantidad le deja “simplemente sin ahorros y sin nada”. En declaraciones a Rac1, Mas ha dicho que la citación del tribunal para el 25 de septiembre es "una amenaza" y que el objetivo de esta fianza es "asustar a todo el mundo en este momento", pero ha asegurado que "tendrá una respuesta positiva y contundente por parte de las instituciones y el pueblo catalán".

La también citada exconsellera Joana Ortega ha afirmado estar "cabreada" pero "no sorprendida" por la resolución del tribunal, que "ha tenido una celeridad excepcional" porque "había prisa para tenerla antes del 1 de octubre", y ha añadido que "el 9N se hicieron bien las cosas".

La exconsellera Irene Rigau ha admitido por su parte que la resolución "tiene toda la coherencia política y administrativa" pero que "se están mezclando cosas", y ha explicado que si esta fianza "te coge jubilada, quedas muy malparada", tras lo que ha dicho que "habrá que ver el día 25 cuál es la cantidad final y el reparto solidario que se hace".

Por su parte, el exconseller Francesc Homs se ha mostrado conforme con las declaraciones de sus excompañeros en el Govern y ha criticado los "que visten de legalidad, como hacía Franco" la fianza, que ha calificado de "abuso de poder".

Los cuatro exaltos cargos no son los únicos citados por el Tribunal de Cuentas como responsables de organizar la consulta del 9-N, en la que votaron 2,3 millones de catalanes. El organismo ha citado también a siete personas más: Lluís Bertran, exsecretario general de Gobernación; Josefina Valls, directora de servicios de Gobernación; Carolina Pardo, interventora del Consorcio de Educació; Jaume Domingo, director general del Diari Oficial de la Generalitat; Ignasi Genovès, director general de Difusión; Jordi Serra, jefe de sistemas de información del Consorcio de Educación; y Jordi Vilajoana, exseretario de Presidencia. Todos son considerados “responsables contables”. El 25 de septiembre se les notificará a cuánto asciende la liquidación provisional por su responsabilidad.