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El Tribunal de Cuentas exige ya a Mas que pague 5 millones por el 9-N

El organismo cita al 'expresident' para liquidar los gastos el 25 de septiembre; de lo contrario, embargará sus bienes

El Tribunal de Cuentas ha citado para el próximo 25 de septiembre —a solo seis días del referéndum— al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y a otros cargos de su Gobierno. El organismo les exige que presten fianza por los gastos originados al erario público por la consulta del 9 de noviembre de 2014: 5,1 millones. Si no lo hacen, podría embargar sus bienes. La decisión del tribunal —que ha ampliado el expediente a siete cargos que no habían sido condenados penalmente por el 9-N— ha irritado al Gobierno catalán, que la interpreta como una maniobra para impedir el referéndum del 1 de octubre.

El Tribunal de Cuentas ha convocado, para el 25 de septiembre, a los cuatro políticos condenados a penas de inhabilitación por un delito de desobediencia: Mas; la exvicepresidenta Joana Ortega; la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau; y el exconsejero de Presidencia y exportavoz del Gobierno catalán Francesc Homs. El organismo citó ayer, además, a siete exaltos cargos más de la Generalitat que nunca estuvieron implicados en un proceso penal por la jornada de participación del 9 de noviembre de 2014, en la que votaron 2,3 millones de catalanes. Son Lluís Bertran, exsecretario general de Gobernación; Josefina Valls, directora de servicios de Gobernación; Carolina Pardo, interventora del Consorcio de Educación; Jaume Domingo, director general del Diari Oficial de la Generalitat; Ignasi Genovès, director general de Difusión; Jordi Serra y Jordi Vilajoana, exsecretario de Presidencia. Todos ellos son considerados, también, “responsables contables”. El 25 de septiembre se les notificará la liquidación provisional

El organismo les exige que paguen de su bolsillo los gastos causados al erario público por organizar la consulta, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. La suma asciende a 5,1 millones. En caso de que no puedan aportar esa fianza, les podría embargar bienes hasta cubrir el dinero reclamado por el organismo fiscalizador del Estado.

La ANC y Òmnium recaudarán fondos

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las dos grandes entidades independentistas, mostraron ayer su disposición a recaudar los fondos necesarios para afrontar el pago de las fianzas que se reclaman por el 9-N. Hace meses, crearon una caja de solidaridad para asumir las multas derivadas de la causa penal por la consulta contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Hasta ayer, ambas entidades habían recaudado más de 450.000 euros, explicaron sus presidentes, Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart. Las entidades prevén ahora lanzar una campaña específica para lograr más recursos.

“Fomentar el miedo”

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras, convocaron ayer una rueda de prensa urgente para expresar su rechazo a la decisión del Tribunal de Cuentas. Puigdemont y Junqueras ven premeditación en la notificación, al efectuarse un día antes de que el Parlamento apruebe, previsiblemente, la ley del referéndum para dar amparo al 1-O. El presidente catalán señaló, en ese sentido, que las instituciones del Estado “han dado un salto cualitativo para fomentar el miedo para evitar lo inevitable”. Su número dos agregó que “se ha forzado la interpretación de la ley”.

El Tribunal de Cuentas había acelerado los trámites para que el expresidente y otros miembros del Ejecutivo liquidasen las cantidades antes del referéndum del 1 de octubre. Esa rápida puesta en marcha de la maquinaria contable fue duramente criticada ayer por Puigdemont, que acusó al organismo de saltarse “las garantías fundamentales como el derecho de defensa y las garantías procesales”. El president concretó que el organismo ha decidido acelerar esa tramitación “sin esperar a recibir los expedientes que nos habían pedido” con ánimo de "incautación del patrimonio de las personas afectadas"

La Generalitat ha expresado su disconformidad ante el procedimiento. Planteó que el tribunal no está legitimado para intervenir al estimar que en la jornada de participación del 9-N no se emplearon fondos procedentes del Estado. De los 5,1 millones de euros, la mayor partida (2,8 millones) se utilizó para comprar los ordenadores portátiles que sirvieron para gestionar las votaciones.