El desafío secesionista de Cataluña

Rajoy mide su respuesta al Govern para atar el apoyo de Sánchez y Rivera

El Parlament se prepara para aprobar este miércoles la ley del referéndum

Mariano Rajoy junto con María Dolores de Cospedal, en la reunión de la Junta Directiva del PP.CARLOS ROSILLO / ATLAS (atlas)

Frente a un adversario para el que no hay marcha atrás en su objetivo ni obstáculo legal que le frene, Mariano Rajoy es consciente de que cualquier respuesta mal medida alimentará el discurso independentista. Tiene una estrategia política y otra jurídica. La primera pasa por amarrar el apoyo del “bloque constitucionalista” (PSOE y Ciudadanos) y eso implica no activar, por ahora, respuestas extremas como el artículo 155 de la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional. La segunda supone seguir aislando, con la amenaza de la inhabilitación o la responsabilidad patrimonial, a los protagonistas más radicales del procés.

La semana que hoy se inicia se presenta como decisiva en el viaje emprendido por la Generalitat y el bloque independentista que le acompaña. “Esta vez va la vencida”, dijo ayer en una entrevista a La Vanguardia el president, Carles Puigdemont. El miércoles está previsto que el Parlament apruebe finalmente las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, y ese mismo día el Govern en pleno podría firmar el decreto de convocatoria de la consulta ilegal. Hasta el último minuto, mantendrán la táctica empleada todos estos meses: no desvelar sus cartas y, cuando lo hagan, que sea del modo más rápido posible para dejar al Gobierno sin margen de reacción.

Fuentes del Ejecutivo restan importancia, sin embargo, a estas argucias jurídicas. Ya sea la mera admisión a trámite de la ley por la Mesa del Parlament, la aprobación misma de los textos legales de modo sobrevenido en el pleno convocado para ese día o la firma inmediata del decreto de convocatoria, todas las posibles respuestas del Estado ya están listas. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dio instrucciones la semana pasada a la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado, el órgano que prepara y da luz verde a los contenidos que se elevan al Consejo de Ministros, para que esté lista para actuar en cualquier momento. Los ministros ya han sido avisados para que congelen sus agendas y estén dispuestos a ser convocados sin previo aviso.

La Abogacía del Estado tiene ya preparadas todas las respuestas jurídicas imaginables, desde plantear un incidente de ejecución al Tribunal Constitucional para que ordene el cumplimiento de sus sentencias previas si la Mesa del Parlament admite a trámite la ley del referéndum a la presentación de un nuevo recurso si se aprueban los textos legales o el Govern llama a la consulta por decreto. Todo ello con el propósito de obtener de inmediato del alto tribunal la suspensión inmediata de cualquiera de esos actos jurídicos. El Constitucional ya estará en esas fechas listo para responder. Está convocado un pleno ordinario para el miércoles y el jueves, y en cualquier caso, puede convocarse otro extraordinario en cualquier momento.

El PSC llamará a los catalanes a no participar en la consulta

El líder del PSC, Miquel Iceta, afirmó ayer que, si finalmente el Gobierno de la Generalitat acaba convocando un referéndum ilegal sobre la independencia para el próximo 1 de octubre, los socialistas catalanes harán un llamamiento a sus votantes y a la ciudadanía en general para que no acudan a votar en la consulta.

En declaraciones a la agencia Efe, Iceta alertó de que la ley de ruptura que Junts pel Sí y la CUP pretenden aprobar tiene dos objetivos: demostrar al mundo independentista que "se va en serio" y "atemorizar" a quienes son contrarios a la secesión para que acudan a votar no y aumentar así la eventual cifra de participación.

Consciente de que esta semana es básica en su pulso con la Generalitat, el Gobierno no tiene intención de variar las pautas con las que ha respondido hasta ahora, más allá de pronunciar más alto o con mayor rotundidad lo que hasta el momento ha dicho: actuará con firmeza para que la ley se cumpla y el referéndum no se celebrará.

Rajoy se ha aferrado a dos premisas en su estrategia de respuesta. El Gobierno no puede hacer frente solo a estos embates y necesita el respaldo del “bloque constitucionalista”, es decir, del PSOE y Ciudadanos. Los líderes de ambas formaciones, Pedro Sánchez y Albert Rivera, ya le han trasladado la necesidad de ser prudente y no avivar el fuego. El secretario general socialista le transmitió a Rajoy a principios de julio su rechazo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. “Nunca sería una solución procedente y nunca la apoyaríamos”, dijo la portavoz parlamentaria Margarita Robles tras finalizar esa reunión. La dirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís, insistió ayer mismo en que el 155 “no es la alternativa” para evitar el referéndum. Por eso, de momento, el Gobierno huye de las especulaciones sobre la aplicación de medidas extremas.

En segundo lugar, Rajoy considera fundamental seguir profundizando en la estrategia de aislar a los protagonistas más radicales del independentismo sin espantar al resto de los ciudadanos de Cataluña. Para ello resulta fundamental no dar ningún paso en falso ni exagerar las respuestas. Así se explica, por ejemplo, que el Gobierno haya rehusado cualquier polémica con la Generalitat respecto al uso político que los sectores más duros del procés han hecho de los atentados de Barcelona.

El núcleo duro de Rajoy está convencido de que el soberanismo se encuentra en una huida hacia adelante a la desesperada, aunque no le reste gravedad a la amenaza. Por eso, explican fuentes del Gobierno, han retrasado al máximo la aprobación de las leyes de ruptura o llevaron a cabo una purga en el Govern para deshacerse de los que dudaban. El objetivo perseguido desde un principio ha sido ir estrechando el margen de actuación de la Generalitat. Y por eso, añaden, están convencidos de que, cuanto más rotundas son las afirmaciones de Puigdemont o sus consejeros, más se desvela el farol.

El Gobierno no se cree que estén ya preparadas 6.000 urnas para la consulta, por mucho que lo repita el presidente de la Generalitat —ayer mismo volvió a hacerlo, en una entrevista a La Vanguardia en la que no quiso desvelar dónde las escondían—. Recuerda además que siguen sin tener un censo válido, que continúa el goteo de alcaldes —incluidos algunos del PDeCat—que se niegan a facilitar sus instalaciones. Y sobre todo, apunta que el Govern se ha saltado sus propios plazos legales para dar un mínimo viso de formalidad al referéndum.

Clave para entender toda esta confianza es la estrategia desplegada en los últimos meses, por la que se ha puesto el foco no solo en las decisiones emanadas de la Generalitat o del Parlament sino también en las personas detrás de ellas. La inhabilitación de Artur Mas o de Francesc Homs, y la responsabilidad patrimonial que se les ha exigido a título individual, ha puesto sobre alerta a otros muchos políticos independentistas, cree el Gobierno, que han comenzado a tentarse la ropa. Así explican las reticencias de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a dar vía libre a la tramitación de las leyes de ruptura, o los recelos hacia el vicepresidente de la Generalitat y presidente de ERC, Oriol Junqueras, que expresan sus socios del PDECat.

Reivindican fuentes de su entorno el derecho de Rajoy a medir los tiempos. Solo él sabe todo lo que se ha hecho y lo que se puede hacer, dicen, y no puede permitirse el lujo de soliviantar a la parte no independentista de Cataluña por hacer caso a los que le reclaman más mano dura. “Salvando las distancias”, recuerdan, “la situación se parece a cuando todos le exigían que pidiera a la UE el rescate financiero de España”. Creen que Rajoy no se equivocó entonces y no se equivocará ahora.

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