Amnistía al ‘procés’ y nacionalidad exprés

El texto de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, registrado ayer en el Parlament, señala que serán anulados todos los procesos penales contra investigados o condenados en causas relacionadas con el proceso independentista. Este artículo ya estaba presente en los borradores publicados por EL PAÍS. Junts pel Sí y la CUP han optado por mantenerlo vivo. Los soberanistas siguen apostando también por un control político férreo del poder judicial.

La república catalana. El hipotético Estado catalán será “una república de derecho, democrática y social” en la que se respetará el derecho europeo e internacional. El borrador agrega que Cataluña integrará automáticamente las normativas europeas que se dicten tras la aprobación de la “norma suprema” hasta que se alumbre una Constitución.

De entrada, el president será el jefe del Estado. Esto será provisional hasta que la Constitución determine el régimen de gobierno.

La nacionalidad. Serán catalanes todos aquellos que, una vez entre en vigor la ley, posean la nacionalidad española y estén empadronados en Cataluña antes del 31 de diciembre de 2016. También podrán solicitarla los nacidos en Cataluña pero que vivan en otro lugar o cuyos padres tengan la nacionalidad catalana.

“La atribución de la nacionalidad catalana no exige la renuncia de la nacionalidad española ni de cualquier otra”, dice el texto. En el caso de los extranjeros, la nacionalidad catalana se podrá solicitar si se acredita residencia en Cataluña en los últimos cinco años. Una disposición final establece que las solicitudes de nacionalidad catalana sean resueltas antes de la votación de la Constitución, para que todos puedan votar. Los extranjeros que viven en Cataluña, sin embargo, no podrán participar en el referéndum de octubre.

Continuidad legal. El texto opta por garantizar, durante la vigencia de la ley de transitoriedad, la máxima continuidad de las normas locales, autonómicas, estatales y europeas actuales. Cataluña también quiere seguir aplicando los tratados internacionales firmados por España, aunque se reserva derogarlos si los considera incompatibles.

Funcionarios. La Administración de la Generalitat sustituirá a la Administración del Estado. El personal del Estado español podrá optar a integrarse a la Administración catalana “en las mismas condiciones retributivas y de ocupación”. No será el caso de los militares. El diputado Jordi Orobitg (Junts pel Sí) aclaró que no está prevista, de entrada, la creación de un Ejército.

Asunción de bienes. Cataluña subrogaría los contratos del sector público referidos a obras, suministro o prestación de servicios. La Generalitat, además, se hace con la titularidad de cualquier clase de derecho real sobre todo tipo de bien en Cataluña. La Administración catalana sustituye al Estado español en los derechos y obligaciones de carácter económico y financiero.

Lengua. Se establece el “derecho a opción en relación con las lenguas catalana, occitana y castellana”. De entrada, las tres lenguas tienen el mismo estatus.

Poder Judicial. El articulado plantea mantener la actual planta judicial hasta que se elabore una Constitución. Admite dos excepciones: la eliminación de la sala de jurisdicción militar y la creación de una sala Superior de Garantías, encargada de derechos fundamentales. El Superior de Justicia de Cataluña se convierte en el Tribunal Supremo Catalán. Su nombramiento corre a cargo del president . El Fiscal General es escogido por el Parlament. Los jueces que hayan ocupado los últimos tres años una plaza podrán seguir en la misma.

Amnistía y el ‘3%’. Se contempla la posibilidad de archivar o anular los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que “buscaran el pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación del nuevo Estado”. Una fórmula que según dijo Benet Salellas (CUP) será exclusiva para estos casos y no se aplicará en los de corrupción. Los casos de actual competencia de la Audiencia Nacional, como el caso 3% sobre la presunta financiación ilegal de Convergencia, pasarían a los juzgados y tribunales de primera y segunda instancia.

Proceso constituyente. Si gana el sí en el referéndum se activará un plan constituyente en tres fases: un proceso participativo ciudadano para proponer cómo ha de ser la Constitución a través del Foro Social Constituyente (con mandato vinculante) y un consejo asesor del Gobierno; elecciones constituyentes para conformar la Asamblea encargada de la redacción; y ratificación de la Constitución en un referéndum.