La ONU frena el intento de dar aval internacional al referéndum catalán

Uno de los objetivos prioritarios de la Generalitat a lo largo de los últimos meses ha sido otorgar un barniz de homologación internacional al proceso soberanista y, en último extremo, al referéndum del 1 de octubre. Si su ilegalidad resulta insalvable, al vulnerar la legislación española y la jurisprudencia del Constitucional, se trata al menos de poder esgrimir la pureza del procedimiento y el respeto a los principios democráticos. Sería una consulta ilegal, pero limpia.

Los únicos que pueden otorgar este certificado de limpieza son las organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, especializadas en la observación de procesos electorales y, hasta ahora, según fuentes diplomáticas, ninguna de las más respetadas ha querido comprometerse con el referéndum catalán.

Para salvar este escollo, la Generalitat ha optado por una salida insólita: tratar de ser juez y parte, observador y observado en una consulta de la que es a la vez impulsor, organizador, árbitro y defensor del sí, como acredita el nombre de la coalición que gobierna Cataluña.

Diplocat, el consorcio público-privado impulsado por la Generalitat para promocionar el proceso soberanista (y cuyo máximo responsable es el propio presidente catalán, Carles Puigdemont), se dirigió hace unas semanas a la División de Asistencia Electoral, dependiente del Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, para solicitar su inclusión en la lista de observadores internacionales. “Como es norma en estos casos”, explica una nota informativa del Ministerio de Asuntos Exteriores a la que ha tenido acceso EL PAÍS, “ni siquiera han acusado recibo [de la petición de Diplocat] para evitar el riesgo de manipulación de cualquier comunicación”.

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Los responsables de la División de Procesos Electorales trasladaron a la Embajada española en Naciones Unidas que su criterio “siempre ha sido rechazar la petición de Diplocat y otras organizaciones similares por entender que su objetivo real es bien distinto de la observación electoral, que además afecta a los intereses y la soberanía de un Estado miembro” de la ONU, en alusión a España.

La División de Procesos Electorales de Naciones Unidas es la depositaria de la denominada Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones y el Código de Conducta para Observadores Internacionales, dos textos que fueron aprobados en octubre de 2005 y que constituyen el marco al que deben ceñirse las misiones internacionales de observación de procesos electorales. Ambos han sido suscritos por organizaciones intergubernamentales como la Comisón Europea, la Unión Africana, la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa) o la OEA; y no gubernamentales, como el IRI (asociado al partido republicano estadounidense) el NDI (asociado al demócrata) o el Centro Carter.

La solicitud de Diplocat de ser incluida en la lista de observadores internacionales llegó a través del Centro Carter, con el que la Generalitat ha mantenido una intensa relación en los últimos años. Sin embargo, dicho centro pareció echarse más tarde atrás pues aseguró, según la nota de Exteriores, que nunca había pensado en aceptar la solicitud de Diplocat “pero que estaba obligado a distribuirla al resto de los signatarios” de la declaración y el código.

El Centro Carter ya se desvinculó en abril pasado del proceso soberanista con un comunicado en el que aseguraba que la reunión que su fundador, Jimmy Carter, mantuvo con Puigdemont en EE UU respondía a una invitación de cortesía y que ni el expresidente estadounidense ni su fundación “podían involucrarse” en el referéndum independentista.

La petición de Diplocat fue abordada en la reunión restringida de los principales signatarios de la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones en la que se rechazó por unanimidad, según la nota de Exteriores.

No solo eso, “para evitar que solicitudes similares sean siquiera distribuidas, en dicha reunión se decidió preparar una lista interna de requisitos que deberá cumplir cualquier organización para que su solicitud” sea distribuida a los demás signatarios. “Entre las condiciones que se impondrían estaría la de ser una organización internacional reconocida y en cuyos estatutos conste como objetivo la observación imparcial de procesos electorales internacionales”, agrega.

En los estatutos de Diplocat no figura la observación de procesos electorales, sino la proyección internacional de la imagen de Cataluña, por lo que este interés sobrevenido por la pureza de las elecciones se vincularía directamente al referéndum.

Es dudoso, sin embargo, que este consorcio pudiera realizar una misión de observación en la consulta del 1 de octubre, ya que incumple de manera flagrante el deber de neutralidad exigido a los observadores electorales. Además, según reza la propia Declaración de Principios, los procesos electorales auténticamente democráticos “no pueden realizarse sin la protección que brinda el imperio de la ley”.

El rechazo de Naciones Unidas a la pretensión de inscribir al consorcio Diplocat como observador electoral internacional se conoce una semana después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, viajase a Nueva York, donde se reunió con el nuevo secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres.  Dastis le agradeció el reciente nombramiento de la diplomática Ana María Menéndez, exembajadora en Ginebra, como asesora de Asuntos Políticos de Guterres, con rango de secretaria general adjunta, por lo que se ha incorporado al Comité Ejecutivo de Naciones Unidas.