El ‘caso Púnica’ salta a Extremadura y salpica de nuevo al PP

Madrid, Valencia, Murcia, Castilla y León y, ahora, Extremadura. La investigación sobre la trama Púnica ha puesto su foco en el Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz). La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el pasado 21 de junio en la Audiencia Nacional un informe sobre las supuestas irregularidades en el proceso de licitación de un contrato municipal de 20,2 millones de euros tras interrogar de manera discreta en los últimos meses a tres cargos públicos de este consistorio y a varios empresarios como “investigados no detenidos”. Entre ellos se encuentra el alcalde, el popular José García Lobato, según ha confirmado a EL PAÍS el abogado del propio regidor. Junto al informe, la Guardia Civil ha remitido seis tomos de documentación relacionados con aquellos hechos.

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Las sospechas sobre el proceso de licitación del contrato para instalar un sistema de eficiencia energética en el municipio extremeño se remontan a 2014. Entonces, la Guardia Civil interceptó en el transcurso de las pesquisas del caso Púnica una veintena de llamadas telefónicas entre algunos de los principales implicados de la trama —entre ellos, el directivo de Cofely Pedro García, señalado como el presunto muñidor del amaño de contratos en numerosos ayuntamientos— en las que se hablaba de los supuestos tratos con García Lobato y otros integrantes de su equipo de gobierno.

Un informe de la UCO anterior a las primeras detenciones de octubre de 2014 concluía que del contenido de estas conversaciones se deducía que “Cofely habría intervenido en la redacción de los pliegos del contrato” y que en los mismos se había incluido una fórmula “corregida” que esta compañía había conseguido colar de manera irregular en otros contratos “para desvirtuar la valoración de las ofertas presentadas”. El documento policial destacaba la existencia de “contactos con las autoridades municipales”, entre los que citaba expresamente a García Lobato, “para discutir aspectos del contrato”.

La Guardia Civil añadía que existía “un acuerdo para que la empresa que haga la valoración de las ofertas presentadas sea una empresa local” cuyo dueño, según se desprende de las conversaciones intervenidas a Pedro García, “es una persona de allí que tiene mucha confianza con el alcalde [...] por lo que Pedro García dice que así se ahorran problemas”. Se trataba de Gonzalo Antonio Parra, propietario de Electrificaciones Parra SL, quien también fue interrogado como “investigado no detenido” por la UCO el pasado 30 de enero, según ha confirmado su abogado.

El informe de UCO añadía que de dichas conversaciones se deducía que García Lobato había pedido al directivo de Cofely a cambio “el patrocinio de un vivero de empresas que se va a inaugurar en Almendralejo y de un campeonato de kárate que, según conversación telefónica del propio alcalde, vendría muy bien para las siguientes elecciones de 2015”.

Las detenciones de octubre obligaron al consistorio a suspender finalmente el concurso, cuya documentación fue reclamada días después por la Guardia Civil. El nombre del regidor del PP apareció posteriormente en una lista de alcaldes a los que Cofely invitó con sus parejas a París en 2014. Cinco de los políticos que acudieron al viaje ya están imputados.