El ‘caso Púnica’ salta a Extremadura y salpica de nuevo al PP

La Guardia Civil interrogó en enero como investigado al alcalde de Almendralejo

Imagen de archivo del juez Manuel García-Castellón.
Imagen de archivo del juez Manuel García-Castellón.Ricardo Gutiérrez

Madrid, Valencia, Murcia, Castilla y León y, ahora, Extremadura. La investigación sobre la trama Púnica ha puesto su foco en el Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz). La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el pasado 21 de junio en la Audiencia Nacional un informe sobre las supuestas irregularidades en el proceso de licitación de un contrato municipal de 20,2 millones de euros tras interrogar de manera discreta en los últimos meses a tres cargos públicos de este consistorio y a varios empresarios como “investigados no detenidos”. Entre ellos se encuentra el alcalde, el popular José García Lobato, según ha confirmado a EL PAÍS el abogado del propio regidor. Junto al informe, la Guardia Civil ha remitido seis tomos de documentación relacionados con aquellos hechos.

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Las sospechas sobre el proceso de licitación del contrato para instalar un sistema de eficiencia energética en el municipio extremeño se remontan a 2014. Entonces, la Guardia Civil interceptó en el transcurso de las pesquisas del caso Púnica una veintena de llamadas telefónicas entre algunos de los principales implicados de la trama —entre ellos, el directivo de Cofely Pedro García, señalado como el presunto muñidor del amaño de contratos en numerosos ayuntamientos— en las que se hablaba de los supuestos tratos con García Lobato y otros integrantes de su equipo de gobierno.

Comprometedoras conversaciones

El viernes 19 de septiembre de 2014, Pedro García, directivo de Cofely, recibe la llamada de su jefe, Didier Maurice. En el minuto tres, ambos mantienen el siguiente diálogo.

Didier Maurice: Muy bien, ¿y con Almendralejo has visto al alcalde?

Pedro García: Sí, ayer, ayer estuve con Pepe [en referencia a José García Lobato].

D.: U ju (sic).

G.: Y nada, todo bien... Ya se ha abierto el sobre técnico.

D.: U ju (sic).

G.: Y bueno, pues se van a poner ahora las pilas eh... De hecho, va a externalizar la valoración técnica de la oferta con el local de allí, el que tiene la empresa Instalaciones Eléctricas y con Makeba.

D.: U ju (sic).

G.: Para que le den los informes para firmar el aparejador municipal.

El 17 de octubre, es el alcalde de Almendralejo quien llama al directivo de Cofely para pedirle el patrocionio para el campeonato de Kárate. Instantes después, hablan del estado del concurso.

Pedro García: Habrá alumbramiento en breve.

José García Lobato: Eh, yo espero que sí, ahí están con los fórceps.

P. G.: Joder.

J. G. L.: (Risas) Vale.

P. G.: (Risas) No comment, venga.

J. G. L.: (Risas) Venga.

P. G.: Un abrazo, Pepe.

J. G. L.: Un abrazo fuerte, Pedro, buen fin de semana.

Un informe de la UCO anterior a las primeras detenciones de octubre de 2014 concluía que del contenido de estas conversaciones se deducía que “Cofely habría intervenido en la redacción de los pliegos del contrato” y que en los mismos se había incluido una fórmula “corregida” que esta compañía había conseguido colar de manera irregular en otros contratos “para desvirtuar la valoración de las ofertas presentadas”. El documento policial destacaba la existencia de “contactos con las autoridades municipales”, entre los que citaba expresamente a García Lobato, “para discutir aspectos del contrato”.

La Guardia Civil añadía que existía “un acuerdo para que la empresa que haga la valoración de las ofertas presentadas sea una empresa local” cuyo dueño, según se desprende de las conversaciones intervenidas a Pedro García, “es una persona de allí que tiene mucha confianza con el alcalde [...] por lo que Pedro García dice que así se ahorran problemas”. Se trataba de Gonzalo Antonio Parra, propietario de Electrificaciones Parra SL, quien también fue interrogado como “investigado no detenido” por la UCO el pasado 30 de enero, según ha confirmado su abogado.

El informe de UCO añadía que de dichas conversaciones se deducía que García Lobato había pedido al directivo de Cofely a cambio “el patrocinio de un vivero de empresas que se va a inaugurar en Almendralejo y de un campeonato de kárate que, según conversación telefónica del propio alcalde, vendría muy bien para las siguientes elecciones de 2015”.

Las detenciones de octubre obligaron al consistorio a suspender finalmente el concurso, cuya documentación fue reclamada días después por la Guardia Civil. El nombre del regidor del PP apareció posteriormente en una lista de alcaldes a los que Cofely invitó con sus parejas a París en 2014. Cinco de los políticos que acudieron al viaje ya están imputados.

Otros dos alcaldes, concejales y un aforado, a la espera

El informe sobre las supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Almendralejo se ha incorporado a la pieza separada número seis del sumario de Púnica, en la que se investiga la adjudicación en una decena de consistorios de contratos de eficiencia energética a Cofely España. En uno de sus últimos escritos antes de abandonar el juzgado, Eloy Velasco ya anunció que a la misma se incorporaría en breve otro sobre hechos similares en el consistorio de Villalba (Madrid). En esta misma pieza, la Fiscalía ha reclamado recientemente interrogar a 31 personas, entre ellos los actuales alcaldes del PP en las localidades madrileñas de Brunete y Torrejón de Velasco, Borja Gutiérrez y Esteban Bravo, y a cuatro concejales de diversos municipios. También ha propuesto iniciar los trámites para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se haga cargo de la investigación referida al hoy diputado de la Asamblea de Madrid Bartolomé González.

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