El juez rastrea quién tuvo acceso a los contratos desaparecidos del ‘caso Púnica’

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco abrió, unos días antes de abandonar el juzgado del caso Púnica, una investigación para averiguar el paradero de los contratos originales que la empresa pública madrileña del suelo Arpegio celebró en 2006 con la mercantil Desarrollos Urbanísticos S.A. (DUSA), y que han desaparecido de los archivos de la sociedad pública. El juez y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que los contratos con esta mercantil —clave en los presuntos amaños del Plan Prisma de inversiones de la Comunidad de Madrid con los que supuestamente se lucró el exconsejero Francisco Granados— han pasado por las manos de alguien en el Gobierno regional. El juez que lleva actualmente el caso, Manuel García-Castellón, ha mantenido esa línea de investigación.

El 13 de junio pasado, el juez Velasco reclamó a la consejera delegada de Nuevo Arpegio que le entregue “una copia certificada del escrito por el que la Comunidad de Madrid le solicitó los expedientes completos de los contratos adjudicados a DUSA”. El magistrado quiere con ello “identificar la persona o el órgano” del Ejecutivo presidido por Cristina Cifuentes (PP) que requirió esa documentación.

El juez, a petición de la Fiscalía, quiere saber también quién, desde la empresa Arpegio, remitió los expedientes a la Comunidad de Madrid. En el escrito, el magistrado especifica a la consejera delegada de Arpegio que no era preciso incluir los expedientes de los contratos, “sino solo los escritos de remisión”.

El mismo 13 de junio, el secretario general de Nuevo Arpegio, Francisco Esquivias, había enviado un escrito al juez Velasco en el que reconocía que los originales de los contratos con DUSA se habían “traspapelado”. Estos documentos continúan desaparecidos, según han confirmado a EL PAÍS fuentes de Arpegio, aunque el juzgado cuenta con una copia de los mismos.

Una empresa clave

DUSA, empresa dirigida por el promotor Adolfo Fernández Maestre, imputado en el caso Púnica, recibió en marzo de 2006 un contrato “meteórico” por valor de 5,3 millones de euros para gestionar los contratos del Plan Prisma de inversiones del Gobierno regional, un pastel de obras y parcelas de suelo público de cerca de mil millones de euros. Los investigadores sospechan que DUSA, que en la época de Granados recibió adjudicaciones por 9,8 millones de euros, se dedicaba a dar la mejor valoración y preadjudicaba contratos a las empresas que se avenían a los tratos de corrupción con Arpegio.

La Guardia Civil acudió a la sede de Nuevo Arpegio el 16 de mayo para requerir la documentación sobre estos contratos por orden del juez Eloy Velasco, entonces al frente del juzgado. Tras 14 horas en las oficinas, los originales no fueron encontrados. Durante los días siguientes, Nuevo Arpegio remitió a la Audiencia Nacional diversa documentación relacionada con DUSA, pero no esos originales, lo que provocó que la Guardia Civil volviera a presentarse el 25 de mayo en Nuevo Arpegio. Tampoco se hallaron.

En su escrito del 13 de junio, el secretario general de Nuevo Arpegio, imputado en la causa, remitió al juzgado el escrito para “dar explicación” al “traspapelado” de estos documentos pese a la búsqueda exhaustiva que, aseguraba, habían realizado sus empleados tras el último requerimiento judicial. En la misiva, el directivo reconoce que durante ese rastreo “se ha podido advertir que varias carpetas que contenían originales de diversa contratación —además de los de DUSA— se encontraban vacías”. El escrito recoge que se desconoce si la desaparición ha sido motivada por “causa voluntaria o involuntaria”.