El PP sube la partida contra la violencia machista para salvar el pacto de Estado

El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2017 para la lucha contra la violencia machista ha aumentado 6,5 millones de euros. El PP ha pactado con el PSOE y Nueva Canarias un incremento de cuatro millones que se suman a los 2,5 millones previstos inicialmente, tal como ha anunciado en el pleno del Congreso la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, durante su defensa de la dotación para su departamento. 

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La dotación final para la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género será de 31,7 millones. La ampliación de fondos para luchar contra la violencia de género era un clamor de la oposición en el Congreso de los Diputados. El PSOE amenazó con descolgarse de la negociación del pacto de Estado contra la violencia machista para el que los parlamentarios trabajan desde hace meses en una subcomisión a puerta cerrada si no se aceptaban sus enmiendas a estos presupuestos.

La diputada socialista Ángeles Álvarez ha valorado que el aumento "no es suficiente ya que se presentaron enmiendas por más de 109 millones de euros" aunque considera que el incremento "ha abierto la puerta para el pacto". El  PP ha aceptado dos de sus enmiendas. Una que incluye una partida de dos millones de euros para un nuevo programa de prevención y reparación del daño a víctimas de agresiones sexuales y otra para conceder beneficios fiscales a quienes hagan donaciones a las becas Soledad Cazorla para huérfanos de violencia de género.

Ese acuerdo requiere "un refuerzo presupuestario, porque si no lo que vamos a conseguir es precarizar los juzgados y la protección, no invertir en políticas de igualdad", ha señalado Álvarez durante su intervención en el pleno. "Deberían haber aceptado todas nuestras enmiendas porque dan una respuesta global y marcan la línea de trabajo para los próximos años", ha dicho la diputada a la ministra de Sanidad.

Los populares no han aceptado, en cambio, ninguna de las 122 enmiendas que presentó Podemos para esta partida. "Hemos presentado un plan completo de cómo se debería abordar este asunto", ha señalado la diputada Sofía Castañón. Su partido sigue abierto a respaldar el pacto pero el Gobierno "tendrá que garantizar que el pacto se blinda y que se puede llevar a término con recursos suficientes", según Castañón, que apostilla: "Tiene que decidir si nos tomamos en serio un asunto que supone que nos pueden asesinar a cualquiera de las mujeres de este país".  La diputada de Ciudadanos Patricia Reyes también pone el acento en que el futuro acuerdo necesita "una memoria económica donde cada medida incluya una cantidad determinada que impida que esto se quede en papel mojado".

Los objetivos del pacto

Está a punto de concluir el trabajo de la subcomisión para el pacto de Estado contra la violencia machista, que debe tener un documento de conclusiones antes del 16 de junio. La última comparecencia –cierra las sesiones la delegada para la Violencia de Género del Gobierno, María José Ordóñez- será el jueves. Han acudido más de 80 expertos a hablar en esta subcomisión, que se ha celebrado a puerta cerrada. Muchos de ellos alertaron de que algunas de las premisas de la ley actual no se cumplen.

Entre los objetivos están identificar los problemas de aplicación de la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 y cómo corregirlos, así como articular dentro de esa ley o en una ampliación de la norma todas las formas de violencia contra la mujer, dentro y fuera de la pareja, recogidas en el convenio de Estambul, que España ha ratificado, como la trata o la ablación, además de centrarse en la reparación y prevención de las agresiones sexuales. Entre los aspectos a revisar están reforzar la educación en igualdad, una mejor formación del personal de los centros de salud, mayor coordinación entre los distintos agentes que trabajan en estos casos o ampliar las campañas de sensibilización.

27 asesinadas en 2017

La última actualización de las cifras se corresponde con las víctimas de Madrid y Collado Villalba (Madrid) de fecha 27 de mayo y la víctima de Molina de Segura (Murcia) de 28 de mayo. Además, se mantiene en investigación el caso de Redondela, en Pontevedra.Cinco de las 27 asesinadas (18%) habían denunciado a su agresor. Cuatro víctimas solicitaron y obtuvieron medidas de protección, y en tres de los casos éstas estaban en vigor cuando se cometió el crimen. En uno de los casos se produjo un quebratamiento de las medidas y fue sin consentimiento de la víctima.