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El borrador de ruptura deja dudas sobre el pago de las pensiones y el cobro de impuestos

Informes de la Generalitat admiten que dependen de la recaudación de las empresas y de la emisión de más deuda

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont (2d), el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras (d), el conseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, durante el encuentro mantenido esta tarde en el consistorio madrileño.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont (2d), el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras (d), el conseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, durante el encuentro mantenido esta tarde en el consistorio madrileño. EFE

Al día siguiente de una declaración unilateral de independencia, la pregunta de rigor en Cataluña es cómo se financiarían las pensiones, los sueldos de los funcionarios o las prestaciones de paro. El borrador de ley de ruptura al que ha tenido acceso EL PAÍS tan solo dice que se garantizará el pago de las prestaciones sociales. Sin embargo, no aclara cómo. En un informe del Consejo para la Transición Nacional elaborado en 2014, la Generalitat admite que tendría que crear a toda prisa un banco central que “podría emitir deuda pública destinada a cubrir temporalmente el diferencial de recaudación que se obtendría en condiciones normales”. El coste durante los primeros meses alcanzaría los 5.000 millones al mes. Pero Cataluña tiene calificación de bono basura y solo se financia gracias al Estado español.

Aislada de los mercados financieros, los ingresos dependerían de las retenciones a las empresas. “En un ejercicio de ciencia ficción, estas quedarían entre dos agencias tributarias que pugnan por la misma recaudación. Tendrían que decidir ante qué Administración tributan y cotizan. Lo más probable es que pagasen a aquella que perciban con mayor poder ejecutivo. Con tal de evitar la inseguridad jurídica, muchas podrían trasladar fuera su domicilio fiscal”, explica un alto cargo de Hacienda.

Y eso mismo reconoce la Generalitat en el informe del Consejo sobre la creación de una agencia propia: “Un factor determinante de la viabilidad del proceso de construcción unilateral de la Administración Tributaria será la posición que adopten los empresarios catalanes, pues las empresas son los auténticos recaudadores de los impuestos que pagan los catalanes y, por tanto, quien de verdad puede decidir el destino del flujo financiero que permita mantener en funcionamiento el aparato institucional de la Generalitat”. Por no hablar de las dificultades que existen para construir un censo tributario sin la información de la que dispone la Agencia Tributaria.

Respecto al desembolso de las pensiones, fuentes de la Seguridad Social indican que el sistema se basa en que las generaciones jóvenes soportan las prestaciones de los mayores en todo el territorio. Al romper esta caja única, el pago de los derechos adquiridos quedaría en el aire, tal y como ya subrayó en el Congreso el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos.

El nuevo Estado tendría que sufragar un déficit por pensiones que en 2016 ascendió a los 4.749 millones, el 2,24% del PIB catalán. Y ello sin tener certidumbre sobre la recaudación, sin contar con los datos necesarios para poder pagarlas y sin haber creado los instrumentos de gestión, cuyos costes en España rondan los 5.000 millones de euros.

Aunque se trate de un caso peculiar, un exdirectivo de la Seguridad Social señala el precedente de un territorio que se independizó: 40 años después, las pensiones del Sahara todavía no se pagan pese a que los saharauis contribuyeron a la Seguridad Social. Al no existir un convenio, España ha evitado el pago. Cataluña tendría que suscribir uno en medio de unas negociaciones largas y complejas.