El ‘caso Pokémon’ destapa pagos desde Murcia a la fundación de CDC

La Operación Pokémon contra la corrupción política que dirige desde Lugo la juez Pilar de Lara ha desembarcado en Murcia e investiga pagos desde esta región a la Fundació CatDem, de CDC. Lo ha hecho siguiendo los pasos de la empresa Aquagest, filial del grupo catalán Agbar y espina dorsal de la causa gallega que ha descabezado desde 2011 varias administraciones y que acumula más de 100 imputados. En el verano de 2016, la magistrada recibió una denuncia del portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Meca, en la que se describía un supuesto entramado de "empresas pantalla", sin actividad ni personal propio, vinculadas a Aquagest, que estarían encargando servicios a firmas externas y engordando luego, presuntamente, las facturas cobradas a la compañía semipública de aguas por esos servicios. Meca hablaba de "sobrecostes de hasta un 900%" y aportaba una relación de 1.079 pagos a través del BBVA por casi 2,4 millones de euros. En la investigación de esta supuesta trama fraudulenta, según recoge el sumario del caso Pokémon, los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) han hallado recientemente tres abonos realizados por Aquambiente Servicios del Sector del Agua, vinculada a Aquagest, a favor de la CatDem por un valor total de 200.000 euros entre 2008 y 2010.

La juez de Lugo ordenó a los investigadores que trabajan en la causa que indagasen si existían pagos o donaciones a Convergència o a la fundación afín después de que en febrero de este año estallase en Cataluña una nueva oleada de registros y detenciones en el marco del conocido como caso del 3% u Operación Petrum. En esta, la Guardia Civil y la fiscalía anticorrupción rastrean el presunto pago de comisiones ilícitas a cambio de adjudicaciones públicas en Cataluña, y sospechan que CDC financió su proyecto político de independencia con donaciones que salieron del dinero de los contribuyentes de Murcia y Alicante, a través de los recibos del agua.

La orden de la juez de la Pokémon halló rápida respuesta desde Aduanas, que aún sigue cuadrando datos a través de los archivos de la Agencia Tributaria, relativos a las mercantiles Sorea y Aquambiente, vinculadas a Agbar. De momento, según la información a la que ha tenido acceso EL PAÍS, los investigadores saben que en 2008 Aquambiente pagó 40.000 euros a la CatDem, la misma cantidad que en 2009. Mientras que en 2010 la cifra registrada alcanzaba los 120.000 euros. "El objetivo último es confirmar si estas empresas" de la constelación Agbar en el Levante español "estaban utilizando el dinero conseguido con la facturación pantalla para obtener liquidez y pagar tal financiación", reconocen fuentes del caso en Galicia.

Ninguna sospecha acerca del episodio catalán figuraba en la denuncia presentada por el edil de Ciudadanos en Lorca, a pesar de que Antonio Meca llevaba mucho tiempo indagando, y en pie de guerra con el gobierno local del PP y Aquagest (hoy rebautizada en la zona, tras el escándalo Pokémon, como Hidrogea) por los presuntos sobrecostes de las facturas. Hidrogea forma con el Ayuntamiento la empresa mixta Aguas de Lorca (la filial de Agbar posee el 49% y el consistorio, el 51%). Según el concejal ha denunciado primero en la fiscalía y después en el juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, del que es titular De Lara, Ciudadanos calcula "el fraude" en unos "cinco millones de euros al año, un 30% aproximado de la facturación del agua potable, que alcanza los 17 millones anuales". Hidrogea es la concesionaria del servicio en más de una treintena de municipios murcianos.

"Las consecuencias de la presunta administración desleal de esta empresa pública [Aguas de Lorca], tiene como consecuencia que los lorquinos estemos pagando un servicio de agua potable en torno a un 40% por encima de su valor", afirma en su pormenorizado escrito al juzgado el representante de Ciudadanos, que aporta tablas comparativas para demostrar los presuntos sobrecostes impuestos por las "empresas pantalla". "Representantes de las empresas privadas vinculadas [a Agbar] ejercen presiones a las empresas que hacen los trabajos para que accedan a estas prácticas presuntamente mafiosas de la facturación a través de pantallas", asegura más adelante Meca, que a renglón seguido habla de "coacciones" a un empresario local concreto para que emitiese facturas a menor precio que luego supuestamente eran infladas.

Aduanas se ha puesto manos a la obra para tratar de comprobar, punto por punto, la gran cantidad de presuntas irregularidades denunciadas por el político de la oposición. Por ahora, en el sumario el SVA ha logrado hacer acopio de todos los pagos efectuados por Aguas de Lorca, SA, a empresas del grupo Agbar, y las revisa con tiento. La cantidad entre los años 2011 y 2012 (los repasados por Meca) es para empezar muy superior (5,5 millones) a la facilitada por el denunciante (2,4), porque este únicamente había obtenido información de "una sola cuenta corriente del BBVA". "Y si sumamos todas las cantidades abonadas por Aguas de Lorca, SA, a empresas del grupo Agbar, Suez España, en los años 2010 a 2015", añade el informe de los investigadores de la Agencia Tributaria, "resultan ser 18.821.557,45 euros". Los agentes a las órdenes de De Lara criban ahora todo ese material en busca de los presuntos "sobrecostes".

Un reportaje de investigación publicado en 2015 por este diario situaba a las empresas del grupo Agbar a la cabeza de las 100 mayores donantes de la fundación de CDC. Estas donaciones no implican ninguna irregularidad salvo si se demuestra que encubren el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública. Según esa información, entre 2008 y 2012, filiales de Agbar como Aquagest, Sorea o Aqualogy habían donado a CatDem un total de 895.000 euros.