El Gobierno reactiva el almacén para residuos nucleares de Villar de Cañas

La Junta de Castilla-La Mancha, controlada por el PSOE, amplió en julio de 2015 un espacio natural para bloquear la construcción del silo. Pero hace unas semanas el Supremo anuló cautelarmente esa ampliación al entender que debe prevalecer "la adecuada gestión de los residuos radioactivos" frente a "la aprobación inmediata de la ampliación de un espacio protegido para las aves". Tras este pronunciamiento, Enresa retoma ahora el proyecto, que pretende alojar en un solo silo todos los residuos de las centrales españolas.

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El Ministerio de Medio Ambiente tendría ahora, en principio, tres meses para formular la declaración de impacto, sin la que sería imposible la construcción de un silo que arrastra ya un importante retraso. Ese plazo, sin embargo, se puede prorrogar aún más. El ministerio señala que está "a la espera de más informes". Fuentes del sector indican que aún falta, por ejemplo, el pronunciamiento de la Junta de Castilla-La Mancha, que se opone a este proyecto.

Es de suponer que ese informe que falta de Castilla-La Mancha sea contrario. Además de ampliar ese espacio protegido, la Junta también anuló el plan urbanístico de Villar de Cañas que ampara la construcción del almacén. El cambio de Gobierno en esta comunidad, que tras las elecciones de 2015 pasó del PP al PSOE, ha sido fundamental en el retraso de la construcción del ATC. Cuando María Dolores de Cospedal (PP) era presidenta de Castilla-La Mancha, la Junta trabajó a favor de la construcción del silo en Villar de Cañas. Cuando ha llegado Emiliano García-Page, esta Administración ha empleado todas las armas a su alcance para frenarlo. Los socialistas argumentan que no existe consenso sobre el proyecto.

Más de año y medio de parón

Durante más de un año y medio, la tramitación ambiental ha estado en un limbo. El proceso para emitir la DIA se paralizó el 29 de septiembre de 2015. Dos meses antes, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha inició los trámites para ampliar un espacio protegido próximo a los terrenos del futuro ATC. Incluyó dentro la parcela de Villar de Cañas reservada para el almacén, con lo que se impedía la construcción de la instalación.

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, recurrió. Finalmente, el Tribunal Supremo, en una sentencia difundida el 18 de enero, anuló cautelarmente el decreto por el que se había iniciado la ampliación del espacio protegido. Trece días después, llegó al ministerio el expediente de Enresa necesario para que este departamento pueda formular la DIA.

El ATC es una pieza clave para el sector nuclear, que aporta el 20% de la electricidad que se consume en España. Según la desfasada planificación vigente, debía estar operativo desde 2010, pero ha ido sufriendo retrasos. Enresa ha gastado ya más de 77 millones en un proyecto polémico por los problemas de los suelos elegidos.

Ante el parón del almacén conjunto, las centrales nucleares —hay cinco en activo— han tenido que recurrir a silos individuales dentro de sus instalaciones. El que proyecta la central de Almaraz ha causado un choque diplomático entre España y Portugal, que se ha resuelto con la intermediación de la Comisión Europea.

El ATC ya pasó un primer filtro del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que dio el visto bueno a los suelos elegidos, a pesar de las dudas que mostraron desde dentro algunos técnicos del supervisor. Estos no rechazaban que se pueda construir el almacén en la parcela seleccionada.  Sin embargo, debido a las características de esos suelos, argumentaban que los costes se pueden multiplicar para logar que la instalación sea suficientemente estable.