Anticorrupción pide tres años de cárcel para Granados por el chivatazo de la Púnica

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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado tres años de prisión por delitos de violación de secretos para el exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y para dos guardias civiles que en septiembre de 2014 le alertaron de que estaba siendo investigado en la Operación Púnica junto con su socio, el empresario David Marjaliza.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del caso de corrupción, ha decretado la apertura de juicio contra el expolítico y los dos miembros del instituto armado en lo que previsiblemente será la primera vista oral del macrosumario.

En el auto, el juez Velasco relata que a principios de septiembre de 2014, el guardia José Manuel Rodríguez Talamino, que trabajaba en la sección de apoyo técnico de la Unidad contra el Crimen Organizado (UCO), encargada de la colocación de cámaras de vigilancia y balizas de seguimiento a delincuentes, recibió el encargo de instalar una cámara en un vehículo camuflado que iba a ser instalado frente a las oficinas de Marjaliza, situadas en el edificio Éboli, de Pinto.

El agente averiguó que la operación para la que estaba colaborando investigaba al constructor amigo de Granados. Según el juez Velasco, Talamino alertó a su amigo José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excedencia que desempeñó cargos de confianza en la Comunidad de Madrid de la mano del expolítico. El 5 de septiembre por la noche, Talamino, durante las fiestas patronales de Valdemoro, avisó a Caro Vinagre de los seguimientos. Al día siguiente, el miembro de la UCO buscó en las fiestas a Granados y le advirtió de que sus compañeros habían puesto un dispositivo de seguimiento a su amigo Marjaliza.

El 7 de septiembre, Talamino aportó nueva información al político: le desveló que el grupo que investigaba al constructor era el de delitos contra la Administración, lo que daba a entender que se trataba de un delito de corrupción. Y el 13 de septiembre de madrugada, ambos guardias se reunieron con Granados en el domicilio de este, momento en el que Talamino informó al político de los avances en la investigación.

La divulgación de la información reservada por parte de Rodríguez Talamino “obstaculizó y entorpeció gravemente el curso de la investigación” de la UCO en el caso Púnica. Este chivatazo, según el juez, “menoscabó la prestación del servicio público” de la Guardia Civil y causó “un importante daño a la causa pública”.