El PP asume que se rehabilite a los cargos absueltos por corrupción

El diputado nacional por Granada y portavoz adjunto del PP en el Congreso, Carlos Rojas, ha presentado una enmienda a la ponencia de Estatutos del congreso nacional de ese partido encabezada bajo el título La rehabilitación reputacional para el servicio público. El texto plantea la recuperación a todos los efectos, en la vida interna del partido y para otras funciones, de todos aquellos cargos acusados de corrupción que hayan tenido que abandonar sus labores y que más tarde hayan sido absueltos por una resolución judicial firme. La dirección nacional del PP respaldará esa iniciativa.

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La corrupción ha sido durante estos años uno de los traumas aún no superados del PP. El extesorero Luis Bárcenas acudirá hoy mismo a declarar en el juicio abierto en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel. Comunidades autónomas como Madrid y Valencia han resultado esquilmadas política y en parte electoralmente por la acumulación de escándalos. Pero Mariano Rajoy y la cúpula popular también recuerdan con nombres y apellidos que en esa avalancha de procesos abiertos también se colaron asuntos menos claros que con el tiempo la justicia no avaló. Siempre mencionan lo que le sucedió al exministro José Manuel Soria en Canarias o al actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, exalcalde de Puerto Lumbreras por el caso Auditorio. El dramático final con la muerte de Rita Barberá ha dejado también sus secuelas.

Carlos Rojas plantea en su enmienda que si al final el cargo afectado es declarado inocente el PP debe informar de ello a través del comité ejecutivo correspondiente en cada ámbito territorial y “promover su rehabilitación reputacional para el servicio público”. Esa recuperación de su condición de afiliado con plenos derechos y obligaciones supondría “participar en la vida orgánica del partido así como en los procesos electorales futuros”. Rojas se basa para argumentar su resolución en la proclamación de la presunción de inocencia para todos los españoles prevista en el artículo 24 de la Constitución hasta que no se demuestre lo contrario.

El dirigente popular recuerda en su exposición que en estos años se han producido “centenares de casos de servidores públicos”, (calcula que unos 200 del PP) acusados de conductas ilícitas, que abandonaron su función y que luego fueron declarados inocentes en sentencia firme, con daño a su honor y sin posibilidad de volver a su puesto. Carlos Rojas sostiene que asociaciones de jueces y fiscales y el Ministerio de Justicia han pedido incluso que se limite la acusación popular tras haberse abusado de querellas sin fundamento y por razones políticas.