El Consejo de Ministros aprobará llevar al Congreso al Constitucional
La Moncloa ha terminado el recurso para intentar mantener su capacidad de veto
El Gobierno quiere que el Tribunal Constitucional dirima el conflicto con el Congreso y, más concretamente, con el resto de partidos con capacidad para tramitar proposiciones de ley al margen del PP. La Moncloa ya ha preparado el recurso contra el Congreso para reivindicar su capacidad de vetar iniciativas de la oposición que afecten al Presupuesto, sin que la Mesa de la Cámara tenga posibilidad de rechazar esos vetos.
El Gobierno tiene previsto aprobar en breve la interposición de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional contra el Congreso de los Diputados. El recurso podría aprobarse en el Consejo de Ministros de este viernes día 13 o, en todo caso, en el siguiente.
En el recurso que Moncloa ha ultimado el Gobierno defenderá su capacidad para interponer vetos a proposiciones de ley de la oposición que supongan, a criterio del Ejecutivo, incremento de gasto o disminución de ingresos. Y quiere que esa capacidad no pueda ser limitada en ningún caso por la Mesa del Congreso.
Por el contrario, los partidos de la oposición entienden que esa capacidad de veto del Gobierno no es absoluta, sino que está limitada a la decisión de la Mesa de la Cámara, que puede determinar si el Ejecutivo se excede de sus atribuciones y si está fundamentada en cada uno de los casos.
El recurso del Gobierno se refiere a dos casos concretos, pero afectaría a la dinámica de toda la legislatura, es decir, la posibilidad de que la oposición pueda aprobar normas en contra del criterio y la posición del PP. Afecta a una proposición de ley para paralizar la Lomce y otra para modificar una parte de la reforma laboral.
Sentencias contradictorias del tribunal
El artículo 134 de la Constitución señala que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”. Los estatutos de autonomñia tienen artículos similares.
A propósito de un conflicto sobre este asunto en Extremadura, el Constitucional sentenció en 2006 que: "El Ejecutivo queda facultado con toda libertad para oponerse a las iniciativa que pretendan modificar los Presupuestos y sin que puedan los órganos parlamentarios emitir un juicio sobre el carácter manifiestamente infundado o no de tal oposición”.
Pero poco después, sobre el País Vasco, falló que “es posible un pronunciamiento de la Mesa sobre el carácter manifiestamente infundado del criterio del Gobierno".
Ambas fueron presentadas por el PSOE y el Gobierno quiso vetarlas, pero la Mesa del Congreso lo rechazó y mantuvo el trámite. De hecho, fueron admitidas por el pleno y están en fase de enmiendas parciales.
En principio, no hay mecanismo para que la interposición del recurso suponga la paralización del trámite de las normas. En todo caso, una sentencia futura a favor del Gobierno sí podría suponer su anulación, pero ya estarán en vigor las normas que podrían salir finalmente de las Cortes.
La importancia de estos vetos se extiende a la futura tramitación de los Presupuestos Generales del Estado porque la ley permite que el Gobierno los utilice también para las enmiendas parciales de la oposición, si suponen desajustar las cuentas. La propia Constitución y el Reglamento del Congreso establecen que el Gobierno puede vetar proposiciones que afecten al Presupuesto, pero no establece si ese límite es absoluto o si puede ser limitado por la Mesa del Congreso. Tan incierto es este asunto como que el Tribunal Constitucional ha dictado sentencias asimilables a este caso sobre conflictos en comunidades autónomas y el sentido de las resoluciones ha sido contrario.
En un caso sobre Extremadura mantuvo el carácter absoluto del poder de veto del Ejecutivo y en otra sentencia sobre el País Vasco aseguró que la Mesa del Parlamento tiene capacidad para controlar esa potestad del Gobierno.
Sin plazo para resolver
Una vez que el Consejo de Ministros autorice a la Abogacía del Estado a interponer el recurso y éste se presente, el Tribunal no tiene plazo alguno para decidir. Hay alguna referencia de plazos para otros asuntos: en julio el Congreso presentó un recurso similar contra el Gobierno en funciones por la negativa de este a someterse a control parlamentario y aún no hay sentencia. Ni siquiera hay previsión de cuando puede resolverse ese asunto, una vez que ya ha quedado atrás la situación de interinidad que creó durante el año pasado la ausencia de acuerdo para la investidura.
En este caso y si el Gobierno presentara el recurso en este mismo mes, no se prevé una sentencia antes de finales de 2017. Para entonces es previsible que se acumulen conflictos por vetos sobre proposiciones.
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