El PP y Ciudadanos impiden que el Congreso tramite la supresión de las tasas judiciales

Los dos partidos se unen en la Mesa para apoyar el veto del Ejecutivo a la medida

Ana Pastor, presidenta del Congreso, en una imagen de archivo.
Ana Pastor, presidenta del Congreso, en una imagen de archivo. Kiko Huesca (EFE)

El PP y Ciudadanos se han unido este martes en la Mesa del Congreso para apoyar el veto del Gobierno a la tramitación de una ley propuesta por el PSOE para impedir que las ONG y pymes tengan que pagar tasas judiciales. El Ejecutivo ha aplicado ya en casi una veintena de ocasiones el artículo 134 de la Constitución, que le permite frenar todas las propuestas de la oposición que afecten al equilibrio de los Presupuestos. Al tiempo, el organismo de la Cámara baja ha levantado esos vetos hasta en dos oportunidades, por considerarlos injustificados. No ha sido ese el caso este martes. Aunque Ciudadanos también se opone a las tasas judiciales, Ignacio Prendes y Patricia Reyes, sus representantes en la Mesa, consideran que su supresión afecta a las cuentas públicas y que, por lo tanto, no tienen más remedio que aplicar la ley. El Ejecutivo cree que perdería 15 millones de euros si la iniciativa saliera adelante.

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En julio, el Constitucional declaró inconstitucionales las tasas judiciales que el Gobierno implantó en 2012. El tribunal falló que las tasas para las personas jurídicas —empresas, ONG, partidos políticos— impiden por su elevada cuantía —hasta 1.200 euros— el acceso de estas a la justicia. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se comprometió el 5 de diciembre a revisar el sistema para adaptarlo a la sentencia. La propuesta del PSOE introduce precisamente nuevas exenciones subjetivas para ONG, entidades sin fines lucrativos y pymes.

El gravamen ideado por el Ejecutivo logró recaudar 600 millones de euros hasta febrero de 2015, cuando el Gobierno lo revocó para las personas físicas. Tanto en el caso de las tasas judiciales como en el de los vetos anteriores, el Ejecutivo explica sus decisiones argumentando que el coste de las iniciativas que el resto de partidos ha impulsado sin su apoyo es de 15.000 millones, lo que considera inasumible. Sin embargo, el recurso al artículo 134 de la Constitución también refleja los intentos del equipo de Rajoy por compensar que está en minoría, pese a haber ganado las elecciones del 26-J.

El líder del PP encabeza el Gobierno con menos apoyo parlamentario de la democracia. El PP tiene 137 escaños. Ciudadanos, su socio, aporta 32 solo cuando se trata de aprobar una de las 150 medidas que ambos pactaron en su acuerdo de investidura, y ni con ellos alcanza para decidir mayorías. El PSOE, con sus 85 representantes, tiene la llave para inclinar las votaciones, y los socialistas han puesto su diana en revertir el corazón de la obra legislativa aprobada por Rajoy durante su mayoría absoluta: de la ley mordaza a la reforma laboral, pasando por la LOMCE.

Sin plenos en la segunda semana de febrero

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Además, por primera vez, el partido que ganó las elecciones no tiene mayoría en la Mesa del Congreso, el organismo que decide el día a día de la Cámara baja. Eso ya le ha dejado a merced de la oposición en diferentes ocasiones. No ha sido el caso este martes: la Mesa ha aprobado un calendario de plenos que deja libre la segunda semana de febrero para que el PP y Podemos puedan concentrarse en los congresos que celebrarán ambos partidos ese fin de semana. Eso ha provocado las protestas de Ciudadanos, que ha votado en contra y que pedía que no se interrumpiera la labor legislativa ni siquiera en la primera semana de ese mes, cuando coincide con su propio congreso.

Así, habrá plenos el 31 de enero y los dos primeros días de febrero para que se puedan convalidar los decretos ley del Gobierno sobre el bono social y ampliación del sistema de garantía juvenil. No los habrá, sin embargo, los días 7, 8 y 9 de febrero para que el PP y Podemos preparen sus citas internas.

Sobre la firma

Juan José Mateo

Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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