El PP recurre el archivo de la causa política sobre el fraude en la formación

El Partido Popular, que ejerce la acusación en el caso del fraude de la formación en Andalucía -el supuesto uso irregular de ayudas públicas para cursos a desempleados-, ha recurrido el archivo de la pieza política, denominada así por la presunta implicación de 24 responsables de la Junta. La magistrada que sustituyó a Mercedes Alaya, María Núñez Bolaños, cerró la instrucción al entender, en contra de la opinión del PP, que "no  hubo malversación ni prevaricación ni menoscabo de fondos públicos ni una trama urdida desde la Administración para favorecer a una red clientelar".  El Partido Popular, según confirmaron fuentes jurídicas del partido, ha pedido en su recurso que sea apartada del caso.

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Núñez Bolaños defendió en su auto de archivo que ni el supuesto menoscabo de fondos públicos ni el fraude son sinónimos de prevaricación, principal acusación en esta pieza política. De esta forma, el caso ha quedado relegado, con la aprobación de la Fiscalía, a decenas de casos particulares abiertos en 18 juzgados andaluces. Sin embargo, el PP no comparte esta decisión y exige que la instrucción siga abierta.

La juez admite que se ha registrado falta de documentación, ausencia de originales o copias compulsadas de facturas y justificantes de pago, resoluciones de exceptuación (eximir a las entidades de la necesidad de justificar los cursos), certificaciones sin comprobación, concesión y pago de nuevas subvenciones sin la inspección de otras acciones formativas realizadas y la falta de expedientes de reintegro (devolución) por subvenciones no justificadas. Sin embargo, niega que  estas irregularidades sean "conducta delictiva alguna" o que respondan a una red clientelar, como sostiene el PP.  Esta tesis del partido de la oposición en Andalucía mereció una crítica de la juez a su actuación en el caso por "carecer del más mínimo rigor".

El PP responde ahora en su recurso acusando a la juez de "parcialidad" por un archivo que considera "incongruente" y fundamentado en "interpretaciones falsas o, al menos incorrectas". Además, insiste en demandar más investigaciones. Por esta razón, esta formación política reclama al juez que "sustituya" a la magistrada y anule el auto de archivo. Además, cuestiona que el cierre del caso y otras medidas se hayan adoptado cuando está pendiente de resolución la recusación contra la juez.